Por: Rodolfo Perales / Raúl Vásquez
Economía Ascendente
Bolivia 07/03/2019.- Desde el anuncio del Sistema Único de Salud (SUS), se escucharon
diferentes argumentos y/o críticas a favor y en contra, como por ejemplo
que el mismo carece de planificación, que es una modificación de la Ley
475 (de Prestaciones de Servicios de Salud Integral), que es una
campaña política, o que no cuenta con suficiente financiamiento, por lo
que es imprescindible señalar ciertos aspectos desde una óptica
normativa y técnica.
La implementación del SUS, no es un tema reciente, fue pensada desde
la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE) en 2009 y
durante estos años se desarrollaron diferentes políticas para su
desarrollo. En efecto, el artículo 36 establece que el Estado
garantizará el acceso al Seguro Universal de Salud.
Una de las primeras acciones para esto fue el perfeccionamiento del
Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), destinado a otorgar
prestaciones con carácter universal, integral y gratuito, a las mujeres
embarazadas hasta los 6 meses después del parto y a los niños y niñas
menores de 5 años; así como el Seguro de Salud Para el Adulto Mayor
(SSPAM) que se creó en la gestión 2006, destinado a personas mayores de
60 años de edad.
En 2013, con la Ley 475 se fusiona ambos seguros, y se amplía el
universo de beneficiarios a personas con discapacidad y mujeres en edad
fértil respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva, mejorando
también su forma de administración y asignación de financiamiento.
De igual manera, se desarrollaron políticas que coadyuvaron a mejorar
la atención a la población beneficiaria, con la implementación de
transferencias condicionadas como el Bono Juana Azurduy o el Subsidio
Universal Prenatal por la Vida, así como programas como el Telesalud,
trasplantes renales, salud dental, servicios de hemodiálisis, prevención
de enfermedades y la introducción de nuevas vacunas al esquema nacional
de vacunación en respuesta al perfil epidemiológico del país, entre
otros.
Estas políticas, programas y proyectos sirvieron de base para la
actual implementación del SUS, cuyo objetivo principal es ampliar la
cobertura de la atención en salud a toda la población. Es importante señalar que la aplicación del SUS no es solo una tarea
del Gobierno Central, ya que como indica la CPE en su Artículo 299, la
salud es una competencia concurrente, donde Gobernaciones y Municipios
tienen también obligaciones que cumplir.
Por tanto, estas tareas y desafíos, se deberán afrontar de manera
conjunta entre el Gobierno Central, las Entidades Territoriales
Autónomas, los Entes Colegiados y cualquier otro actor que aporte
positivamente a su mejora, porque al final, la salud va más allá de un
tema político, la salud es vida y es algo que trasciende en beneficio de
todos los bolivianos y las bolivianas.
La implementación del SUS como cualquier medida, seguramente será perfectible en el tiempo, su puesta en marcha es algo gradual y estará en función al desarrollo de normativa que regule al sector, como una Ley General de Salud, una política adecuada en recursos humanos, una reforma al Código de Seguridad Social, un seguimiento al plan de implementación de hospitales a nivel nacional y desde luego como se ha señalado desde las autoridades de la parte económica, que se garantice su sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo.
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