Por: Marcelo Montenegro
Contraer deuda no es malo per se; si fuese un pecado, la avenida Camacho, donde están situados la mayoría de los bancos comerciales, sería el infierno.
El acto de endeudarse no tiene que ser el motivo para rasgarnos las vestiduras y buscar el hilo negro de la insensatez; de hecho, si no existiesen prestamistas y mercado de capitales, muchas buenas ideas no podrían emprenderse, por falta de recursos para su despegue.
Cuando el sector público se endeuda logra obtener un mayor volumen de gasto público sin alterar significativamente las tasas impositivas y, de esa forma, "suavizar” posibles distorsiones en la política impositiva del país. En otras palabras, la deuda pública se convierte en un "colchón” que le permite al Gobierno enfrentar choques transitorios en el gasto público o en la actividad económica sin cambiar los impuestos.
Lo anterior tiene efectos importantes en el bienestar del sector privado porque no se financia ese mayor nivel de gasto con una violenta reforma tributaria para obtener los ingresos requeridos, sino, más bien, de manera extendida y suave en el tiempo.
Surgen dos preguntas importantes: primero ¿cuál es el destino de la deuda? Y, segundo, el referido a la capacidad o solvencia para devolver la misma.
La regla de oro del endeudamiento público consiste en usar los recursos de la deuda en aquellos programas y proyectos de mayor tasa de rentabilidad social que superen la tasa de interés del préstamo. Si se respeta esa condición, es fácil cumplir con la restricción presupuestaria intertemporal, sin importar el efecto del proyecto sobre el déficit fiscal corriente.
Existen estudios que confirman que el gasto público en proyectos de infraestructura productiva en países como Bolivia tienen un alto retorno (19%-20%), que estaría por encima de las tasas de interés de la deuda pública externa (5%-7%).
Recortar el gasto en este tipo de proyectos por cuidar una determinada posición fiscal es equivalente a que el país pida prestado ese mismo monto de inversión a tasas del 19%-20%, liberando recursos hoy, pero dejando de obtenerlos a futuro.
En términos simples, si la deuda es canalizada a proyectos de inversión en infraestructura productiva, es altamente probable que su retorno compense a futuro con creces el costo financiero de la deuda, el no hacerlo, podría comprometer negativamente la situación fiscal a futuro.
Sobre la sostenibilidad de la deuda pública o la capacidad de honrar la deuda, existen varios análisis para Bolivia. Algunos de esos estudios señalan que para Bolivia el umbral máximo de endeudamiento es del 50% respecto al PIB.
En particular, he tenido la tarea de usar datos de la economía boliviana para el análisis del máximo ratio de endeudamiento público sobre el PIB y obtuve un límite del 40%; lo que significa que si actualmente el ratio de endeudamiento público externo es del 18%, existe todavía un margen importante para seguir captando recursos externos e invertirlos en una canasta de proyectos de infraestructura productiva de alto retorno económico y social.
En conclusión: sostengo que la deuda externa, si se mantiene a un nivel razonable y es utilizada en inversiones productivas de alto retorno social, fomenta el crecimiento económico y no es sinónimo de pecado capital ni nada parecido, como lo han querido hacer ver algunos otros analistas con un sesgo más político que profesional.
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