Brechas en la capacidad recaudatoria de los municipios

Por: Alejandro Oporto

Han transcurrido más de 20 años desde que el nivel municipal tiene la potestad de recaudación tributaria, pero hasta el día de hoy este no ha logrado superar los problemas de capacidad recaudatoria, mostrando una notable disparidad en este ejercicio.

La Ley N 1551 de 20 de abril de 1994, de Participación Popular otorgó al nivel municipal la potestad tributaria sobre importantes impuestos; sin embargo, la dependencia de las finanzas de este nivel de gobierno sobre las transferencias del Tesoro General de la Nación alcanza a un 77% del total de sus ingresos, según datos observados en el periodo 2005-2016. 

Precio del petróleo y su efecto en el IDH municipal

Por: Sergio Cardozo

Debido a la caída del precio del petróleo, con el cual se determina el precio de venta de nuestro gas natural, es muy probable que los recursos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) disminuyan; sin embargo, es necesario analizar cuán importantes son estos recursos para la inversión pública de los gobiernos municipales y cómo podrían atenuar estos posibles efectos.

Analizando las fuentes de recursos de los datos del Presupuesto General del Estado 2015 (disponibles en la página www.sigma.gob.bo) se observa que más del 70% de los ingresos de los gobiernos autónomos municipales corresponden a las transferencias por Coparticipación Tributaria (CT), IDH y Diálogo 2000 (HIPC II).

Censo 2012 y Pacto Fiscal

Por: Karina Moreno Sainz (*)

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) el Censo es el proceso total de recolectar, compilar, evaluar, analizar y publicar o diseminar en cualquier otra forma los datos demográficos, económicos y sociales que pertenecen en un momento determinado a todas las personas de un país o de una parte bien delimitada del mismo. La mayoría de los países realiza su censo cada diez años, y la información que genera reviste máxima importancia para la orientación de políticas públicas

En Bolivia, tal como dispone la Ley Nº 2105 de 29 de junio de 2000, los censos deben realizarse todos los años terminados en cero; en este sentido el 8 de mayo de 2008, mediante el DS Nº 29552 se autoriza el inicio de las actividades del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV), así como las previsiones presupuestarias y de coordinación en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística

Pereza Fiscal

Por: Karina Moreno Sainz

La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria”, así reza nuestra Carta Magna. La Ley Marco de Autonomías señala que son recursos de las entidades territoriales autónomas los ingresos tributarios y no tributarios, las transferencias del nivel central del Estado, donaciones, créditos u otros, que permitan a la entidad ampliar su capacidad para brindar bienes y servicios a la población de su territorio. En este contexto surge una pregunta: ¿Cuál es el desempeño fiscal de los gobiernos autónomos municipales (GAM)?

Política Fiscal para las Autonomías

Por: Claudia Ruíz Morales (*)

Con la instauración de la nueva estructura y organización territorial en el país, se establecen lineamientos de política fiscal para garantizar la implementación de las autonomías de manera equilibrada y sostenible, permitiendo el desarrollo local y el crecimiento de la economía en su conjunto. Estos abarcan aspectos relacionados a la administración de sus recursos, empezando desde su registro presupuestario hasta la ejecución a través de la tesorería y su financiamiento.

La administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas (incluidas las autonomías) se rige por su presupuesto, disponiendo su ejecución conforme al plan general de desarrollo económico y social del país, que garantiza la sostenibilidad fiscal y financiera, preceptos basados en el principio de equilibrio fiscal y sujetos a los límites fiscales macroeconómicos.

Las Autonomías en el Nuevo Modelo Económico

Por: Claudia Ruiz Morales (*)

A través de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en febrero de 2009 se establece un nuevo modelo económico del Estado Plurinacional de Bolivia que comprende una economía plural orientada a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos.

Este nuevo modelo económico plantea al Estado como el principal protagonista y ejecutor de la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación, actuando en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos, buscando garantizar de esta forma su abastecimiento, distribución y redistribución de la riqueza y los excedentes económicos.

Problemas no resueltos de la autonomía municipal

Por: Zenón Pedro Mamani Ticona (*)

El proceso de descentralización y participación popular, vigente desde 1994, tenía entre sus principales objetivos promover el desarrollo local desde los municipios, buscando mejorar las condiciones de vida de la población, así como el desarrollo productivo, económico y social de los bolivianos; sin embargo, estos problemas no han sido resueltos en más de 15 años de implementación de estas políticas.

Este proceso también buscaba consolidar la participación ciudadana, articulando las comunidades campesinas, pueblos indígenas, juntas vecinales, en un Estado donde los municipios adquieren su carácter autónomo con competencias, potestad normativa, política y administrativa, organizada territorialmente a nivel local; éste aún es un problema por resolver, ya que no basta sólo la aplicación de la Ley N° 31 Marco de Autonomías y Descentralización desde los escritorios.

Nuevo Estado, Viejas Leyes

Por: Karina Moreno Sainz (*)

La denominada Cumbre Social para Profundizar el Cambio, desarrollada en Cochabamba, entre el 9 y 11 de enero del año en curso, tuvo entre sus conclusiones, o demandas,  más de 70 leyes que, según las diferentes organizaciones sociales, son necesarias  para profundizar el proceso iniciado con la Asamblea Constituyente y el nacimiento del Estado Plurinacional.

La Nueva Constitución Política del Estado, norma jurídica suprema que rige la organización del Estado, define los derechos y deberes fundamentales de los y las bolivianos, estableciendo una forma de autoridad  y los límites de los órganos públicos; sin embargo su aplicación está sujeta a leyes, mismas que están desarrollándose lentamente, en tanto debemos seguir aplicando las leyes que acompañaron al desgastado modelo neoliberal.