ENDEUDAMIENTO DESMEDIDO, UN ANALISIS NECESARIO

 

    RAFAEL VILLARROEL | ECONOMÍA ASCENDENTE

La idea de que el Estado estaría endeudándose por encima de niveles razonables y estaría comprometiendo el futuro de los bolivianos adquiriendo créditos sin respaldo que repercutiría negativamente  en el futuro del país abre un espacio de reflexión con respecto a los elementos de razonamiento que son necesarios para analizar este tema.

De manera inicial la noticia es alarmante, pero antes de perder la calma es necesario precisar cuál es el parámetro para medir ese incremento histórico en la deuda pública y este razonamiento hace un análisis comparativo para decir que, con relación a los anteriores años, Bolivia cuantitativamente, ha adquirido más créditos por más dinero en comparación con la deuda anterior, pero la validez de este razonamiento entra en cuestionamiento cuando no se toman en cuenta datos tales como el tamaño de la economía de aquel entonces o la calidad del gasto al que está destinado el crédito.

En la década de los 80 el PIB boliviano bordeaba los dos mil millones de dólares y el crecimiento de éste prácticamente inexistente, algo parecido ha ocurrido en la década de los noventa y llegó a algo más de los tres mil millones. Este es un dato a tomar en cuenta cuando se analiza el endeudamiento puesto que desde ese punto de vista se puede entender que la capacidad de endeudamiento del país era muy baja porque presenta riesgos serios. En la actualidad PIB boliviano bordea los 38 mil millones de dólares y la deuda se calcula en algo más de los 9 mil millones de dólares.

De lo anterior se tiene que en los periodos anteriores la deuda externa se encontraba muy cerca del PIB lo que también justificó el difícil periodo vivido en la época de los 80 y 90 donde la clase media lo resintió de manera especial. En la actualidad se tiene que el país ha mejorado ostensiblemente su capacidad de endeudamiento debido a que incrementó más de diez veces su tamaño en términos de PIB; Pero pese a haber mejorado, esa capacidad se encuentra muy lejos de comprometerse en los niveles que se dieron  en la décadas pasadas, lo cual importa que, como una familia que mejora sus ingresos puede acceder a mejores créditos para mejorar su calidad de vida.

Otro punto no menor está en la calidad del destino de los créditos que se han adquirido, aquí tenemos que, por lo general, en las décadas anteriores el Estado se endeudaba para pagar los gastos de su funcionamiento o pagar sueldos y aguinaldos, ósea un gasto sin retorno. Pero en la actualidad el país ha demostrado niveles históricos de inversión pública que también han incidido definitivamente en el crecimiento de nuestro país. Es decir que se ha invertido con miras al futuro lo cual nos permite ver que por primera se ha hecho un esfuerzo por mejorar la capacidad productiva de Bolivia.

Vistos estos puntos, tenemos elementos suficientes para pensar que una alarma de endeudamiento no se encuentra justificada pero más importante aún, es pensar que gran parte de esa deuda se encuentra invertida para garantizar una estabilidad sostenible.

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El Software de la Gestora Pública

 

  JACQUELINE FLORES TERRAZAS | ECONOMÍA ASCENDENTE

La tecnología es hoy en día un recurso fundamental que permite a las empresas estar a la vanguardia con los nuevos tiempos, y en un mundo globalizado y activo, nuestro país no puede estar exento de los avances tecnológicos, es por esto que las Instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia también deben adaptarse con el propósito de optimizar y mejorar los procesos. La idea es no estancarse, ni quedarse atrás en el tiempo o en relación a otros países, por lo que deben ser eficientes con todos sus recursos, para lograr mejores resultados, disminuir los errores y aumentar la productividad, la Gestora Pública no está al margen de estas exigencias tecnológicas, por lo cual debe implementar un sistema informático que sea en beneficio de los trabajadores asegurados del Sistema Integral de Pensiones.

Hoy se habla del software informático de la Gestora, que permitirá principalmente gestionar la administración de los recursos y la otorgación de las prestaciones a los bolivianos y bolivianas, un software bastante complejo en su construcción y desarrollo por parte de la Empresa panameña SYSDE INTERNACIONAL INC., que debe cumplir con las exigencias que establece la normativa boliviana, concretamente la Ley N° 065 de Pensiones, su reglamentación y sus modificaciones, y con las especificaciones establecidas por la Gestora, referidas a 890 adecuaciones normativas y operativas, y al desarrollo de 83 productos.

Es importante resaltar que un software por más flexible y escalable que sea, no es tarea fácil su elaboración, depende del número de módulos a ser ajustados, y el número de adaptaciones a ejecutar, incluso más allá de la normativa, los problemas que se pueden presentar en la implementación, conllevan el realizar nuevas iteraciones respecto al análisis, diseño, implementación y pruebas, en donde cada iteración produce un producto de mayor calidad, por esta razón, el tiempo es el peor enemigo para la construcción de un sistema informático.

Las Plataformas Informáticas (hardware y software) de AFP Futuro y Previsión, de las que tanto hablan los opinadores como el Senador Ortiz y el experto en Finanzas Dunn, son diferentes pero no se constituyen en limitantes, pues de lo que se trata es de extraer progresivamente la información de ambas AFP’s e insertarla en la nueva plataforma de la Gestora, a esto se denomina migración de datos, que consiste en la extracción que es el proceso mediante el cual se toman los datos del sistema origen, transformación a los datos que le son aplicadas las reglas del negocio para convertirlo, adecuarlo y prepararlo para el siguiente paso, la carga de datos de un sistema a otro y una vez que los datos se han transformado, se cargan al nuevo sistema, de forma directa o por etapas, aspecto relevante, pues sin datos no hay sistema que funcione, bajo esta lógica, la Gestora ejecutó 3 iteraciones y garantizó el traspaso de 925 millones de registros y de 2.2 millones de Asegurados de las AFP.

La población boliviana, debe estar segura de que el traspaso de la información de las AFP’s a la Gestora, se realiza estableciendo las medidas de seguridad informática, que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta, inclusive insertar barreras de seguridad física, para evitar pérdida de datos y garantizar la confidencialidad e integridad la información de los Asegurados activos y pasivos.

También lo puedes leer en:
El País
https://elpais.bo/el-software-de-la-gestora-publica/

SISTEMA FINANCIERO SALUDABLE

   Abraham Churata | Economía Ascendente

Uno de los sectores más importantes de nuestra economía es el sector financiero, velar por el funcionamiento eficiente no solo corresponde a las entidades financieras, sino depende de todos los actores que están inmersos en el área financiera, en ese sentido amerita una reflexión a la luz de los últimos datos publicados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. 

La información publicada al mes de julio refleja que los depósitos alcanzaron a 179.609 millones de bolivianos, la misma registra una tasa de crecimiento del 3,5% en comparación con similar periodo de la gestión pasada lo que muestra el buen desempeño que está teniendo nuestra economía; cabe resaltar que la composición de los depósitos es la siguiente: depósitos a plazo fijo representa el 46,8%, seguido de los depósitos en caja de ahorro con el 32% y depósitos a la vista con 18,4%.

Otro aspecto a considerar es la cartera de créditos la misma alcanzó al mes de julio 179.301 millones de bolivianos y registró una tasa de crecimiento 10,5% en comparación con julio de la gestión pasada. Los créditos de vivienda de interés social y el crédito productivo tienen una importante participación desde la implementación de la Ley de Servicios Financieros. La democratización del acceso al crédito fue una de las políticas acertadas del actual gobierno otorgando facilidades (bajas tasas de interés) para los créditos de vivienda y créditos productivos, cuyos objetivos buscan que la población pueda acceder a una vivienda digna y fortalecer el aparato productivo de nuestra economía. 

Asimismo, la mora se encuentra en torno al 2%, dato inferior a los registrados en años precedentes: por ejemplo el 2005 la mora alcanzaba a 10,1% lo que significaba la imposibilidad que tenían las personas de pagar sus créditos. En la actualidad la situación ha cambiado puesto que las personas tienen los recursos necesarios para cancelar sus créditos, además la modificación de la norma del sistema financiero posibilitó la incorporación de una lista azul donde están todas aquellas personas que cumplen de manera puntual el pago de sus créditos, pudiendo beneficiarse de mejores condiciones de financiamiento (en tasas de interés, montos y plazos) en la solicitud de nuevos préstamos.

En este sentido las políticas en materia económica fueron aplicadas de manera responsable, por lo que la población tiene plena confianza en el sistema financiero y en su moneda, prueba de ello es la tasa de bolivianización que al mes de julio llegó a 98,6% en cartera y 87,2% en los depósitos. 

En resumen el sistema financiero goza estabilidad y se desenvuelve en un ambiente saludable, con depósitos que van creciendo producto del dinamismo de la actividad económica lo que se transforma en condiciones macroeconómicas favorables para el conjunto de la sociedad. Por otro lado la cartera de créditos continúa en la senda de crecimiento sostenido con un índice de mora baja, comparado con los países de la región, los indicadores de desempeño son sobresalientes y se reflejan en la confianza del público apoyado por el actuar oportuno de las autoridades en procura de mantener la estabilidad financiera.

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Como un buen padre de familia

   Charls Arnold Ticona Rojas | Economía Ascendente

Una de las tareas más arduas para un padre de familia es la administración del hogar, lo mismo que para un gobierno es la administración de las Finanzas Públicas: hay que considerar los ingresos que se percibe (en el caso del hogar el salario del papá y la mamá o de uno de ellos), luego se debe distribuir los recursos de tal manera que se pueda satisfacer las necesidades de cada integrante de la familia.

Ahora bien, si un padre de familia recibiera un incremento significativo de sus ingresos, no solo tendría la posibilidad de destinar recursos para atender sus gastos más recurrentes (pago de luz, agua, telefonía, etc.) sino también tendría un excedente para invertir en un negocio “propio” que genere mayores ingresos.

Hace más de una década, producto de la Nacionalización, Bolivia logró aumentar sus ingresos fiscales, permitiendo al Gobierno no solo satisfacer las necesidades de la población, sino también generar un nivel de ahorro financiero considerable, con el consecutivo aumento de las Reservas Internacionales, permitiendo dar un giro al enfoque fiscal, y cambiar  la orientación del uso de los ingresos monetarios. Es así que el Gobierno tomó la decisión de invertir los recursos en “áreas estratégicas”,  generando réditos para la economía y devolviendo la esperanza a los bolivianos: podríamos salir de la pobreza por nuestros propios medios.

Actualmente la economía boliviana avanza en inversiones en sectores importantes y realiza proyectos significativos como los Centros de Medicina Nuclear, la construcción de hospitales de tercer y cuarto nivel, la vertebración carretero del país, la construcción de teleféricos o el tren Metropolitano, entre otros; así como la creación de empresas estratégicas entre las que destacan Empresa Nacional de Electricidad, la Empresa de Boliviana de Alimentos, Empresa de Cemento de Bolivia, etc.

Esto ha ocasionado desajustes en el resultado fiscal de las finanzas públicas; pero no hay de qué preocuparse (fueron pensadas y calibradas con anterioridad en el Plan de Desarrollo Económico Social 2016 – 2020). Se trata de un déficit fiscal explicado por los agresivos niveles de inversión de los últimos años, los que a su vez generaran, a su debido tiempo, retornos para el país. Por tanto, este tipo de déficit es totalmente diferente a los registros de la década de los 90s cuando los recursos eran destinados para gasto corriente, gastos que no beneficiaban al conjunto de la población, ya que no había retornos posteriores.

Esta es la decisión que, como padre de familia, llevo al gobierno a actuar sobre los niveles de inversión (motor del crecimiento sostenido de la economía Boliviana desde 2006) a tono con una política fiscal contra-cíclica, contrarrestando el difícil ciclo económico internacional, y por el cual nos diferenciamos de países como Argentina y Brasil que siguen bajo el influjo del neoliberalismo y se ven obligados a realizar recortes drásticos en sus gasto, buscando únicamente el equilibrio entre sus cuentas de ingresos y gastos, donde los más perjudicados son su población más vulnerable.

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COYUNTURA Y COMERCIO EXTERIOR

           Juan Carlos Suntura Ramos | Economía Ascendente

La región atraviesa un deterioro económico cada vez más preocupante, que se fue agravando en 2018 y parte del 2019 principalmente por la Guerra Comercial entre EEUU y China; la crisis Venezolana y Argentina; la contracción económica del Brasil, Paraguay y Uruguay. Es importante resaltar que casi todas las economías de la región bajaron sus perspectivas de crecimiento para este año.

Bolivia no es una isla en el mapa económico, por el contrario está inmerso en el comercio global, y empezó a verse afectado por el lado de las exportaciones de gas con destino a la Argentina y Brasil que fue disminuyendo desde fines de 2018. Sin embargo, esta caída fue compensada por un crecimiento importante del volumen de las exportaciones no tradicionales, que a julio de 2019 incrementó en 13% respecto al mismo periodo anterior.

Al mes de julio el déficit acumulado alcanzó a 671 millones de dólares con una corrección gradual durante el año. En el mes de julio se registró un superávit comercial de 85 millones de dólares y se espera que continúe esta mejora en los próximos meses.

Por lo señalado, el balance comercial es resultado de la economía real, pero algunos economistas no logran comprender y siguen confiando en los poderes del tipo de cambio nominal, como un instrumento mágico que permitirá alcanzar el superávit comercial, o al menos, retornar al equilibrio externo. Por supuesto hay una lógica detrás pues al depreciar la moneda nacional los exportadores reciben más bolivianos por sus mismos dólares y los importadores necesitan más bolivianos para comprar los dólares necesarios para su actividad.

Sin embargo la economía no es tan sencilla como parece, debido a que el balance comercial no solo depende del tipo de cambio nominal sino de muchos otros factores como los precios de la economía interna, nivel de precios de los socios comerciales, el Ingreso del resto del mundo, el PIB (Producto Interno Bruto) de la economía nacional y otros. Es así que el déficit comercial registrado desde el 2015 si bien esta explicada por una caída de los precios de importantes comodities (como el petróleo, minerales, etc), también fue  impulsada por el crecimiento del PIB nacional que dinamiza el nivel de las importaciones.

Si se analiza el tipo de cambio real (que captura el efecto del nivel de precios) entre el 2016 al primer trimestre de 2019 este presenta una variación casi nula ¿Qué  significa eso?, que en este periodo las fluctuaciones de los tipos de cambio nominal de los socios comerciales y sus niveles de precios convergieron al mismo nivel del 2016. Lo que en términos sencillos significa que nuestro país evitó los rodeos innecesarios que lo único que traen es inestabilidad e incertidumbre económica.

En tal sentido, gran parte de lo que ocurre en el comercio internacional es resultado de lo que sucede en la economía real y que las recetas  tradicionales de ajuste del tipo de cambio nominal son altamente cuestionables. Finalmente es importante destacar que el déficit comercial impulsado por elevados niveles de inversión del sector público es de carácter transitorio debido a que estas van culminando la etapa de inversión y conclusión de los proyectos.

 

Más allá de la visión de un abogado

Silvia Eugenia Huanca | Economía Ascendente 

Tras el Artículo difundido en el periódico “Los Tiempos” con el título “Empresa e inversión”, elaborado por el abogado  Mauricio Ochoa Urioste, en la que manifiesta malintencionadamente el cierre de empresas por el pago del segundo aguinaldo y la carencia de ley de inversiones que verdaderamente atraiga el capital privado al país, especialmente en el sector de la minería y los hidrocarburos, es pertinente aclarar las siguientes consideraciones económicas que no analiza el autor:

En tema de inversión pública, de acuerdo a datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE, la ejecución acumulada entre 2006 a 2018 llegó a un importe de 38.750 millones de dólares, superior en más de 5 veces al acumulado de las gestiones 1993 a 2005, donde tan solo se reflejó 7.225 millones de dólares. Así también, comparando con países de la región, considerando la información de inversión del Fondo Monetario Internacional, se puede apreciar que Bolivia tiene la mayor asignación de recursos destinada a inversión pública en 2018, con 10,9% del PIB, seguido por Ecuador con 8%, Colombia 6%, Perú 4,8%, Uruguay 4,4%, Paraguay 3,2%, Chile 2,3%  y Brasil 1,7%.

En lo referente al sector hidrocarburos, es importante recordar que el Gobierno Nacional ha destinado recursos para las inversiones en la industrialización de los hidrocarburos a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, para la implementación de la Planta de Urea y Amoniaco, Planta de Licuefacción de Gas, Planta de Separación de Líquidos Gran Chaco y la Planta de Río Grande, entre las principales, de los cuales según el Presupuesto General del Estado 2019, se espera la generación de nuevos ingresos por un importe aproximado de Bs2.263,9 millones.

En cuanto al sector minero, en 2018 surgieron nuevas empresas como por ejemplo: “Comercializadora y Exportadora de Minerales TOMSILVER S.R.L.”, “Cooperativa Industrial de Yeso 23 de Junio R.L.”, “Cooperativa Minera Nueva Uncía R.L.”, “Empresa Agroseller S.R.L.”, “Empresa Exportadora Manufacturera - MEPREBOL S.R.L.”, “Empresa Minera Metalúrgica Uzquiano S.R.L”, “Empresa Minera Puca Tambo S.R.L”, “Empresa Minera Solitario S.A”, “Industria Minera Sierra Alta S.A.”, “Metalúrgica Ribeiro S.R.L.”,“Minera Vetillas S.R.L., “Runfeng Import & Export S.R.L.”, entre otras. Los cuales permiten desmentir a lo citado por Ochoa de que no existen inversiones de empresas a este sector.

Por otra parte, de acuerdo a la información de Fundempresa, en febrero de 2018 la Base Empresarial Vigente del Registro de Comercio de Bolivia ha reflejado 315.868 empresas y en febrero de 2019 llega a 318.660 empresas, superior en 2.792 empresas. Asimismo, la inscripción de empresas en el mes de febrero de 2018 fue de 3.095 empresas y para febrero del año en curso aumenta a 3.341 empresas, es decir un crecimiento de 8% respecto a 2018.

Además, según la información difundida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el valor de ventas y/o servicios facturados en restaurantes, supermercados y pasajes aéreos reflejó un crecimiento de 7%, de 1.761 millones de dólares en 2017 incrementa a 1.877 millones de dólares para 2018.

Asimismo, las exportaciones en 2018 han reflejado un crecimiento de 9%, de 8.194 millones de dólares en 2017 incrementó a 8.965 millones de dólares para 2018, de los cuales el sector manufactura refleja 3.100 millones de dólares, hidrocarburos con 3.042 millones de dólares y Minería con 2.389 millones de dólares, entre las principales.

Por todo lo citado, refutando al análisis parcial y malintencionado de Ochoa, concluyo que las empresas no han cerrado como manifiesta y que no se encuentran en su peor momento. El segundo aguinaldo dinamiza la economía porque tiene un efecto multiplicador, la mayor demanda de las personas se ha visto reflejada en el incremento de 7% del valor de ventas y/o servicios facturados, hecho que ha beneficiado a empresas. Por otra parte, el incremento en la inscripción de empresas de 8% en febrero respecto a la pasada gestión así como el crecimiento de 9% en 2018 de las exportaciones, permiten deducir que existe inversión bajo normativas legales vigentes.

También lo puedes leer en: 

Los Tiempos

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20190327/columna/mas-alla-vision-abogado

Deuda externa y opinadores: Una mala combinación

Miguel Clares | Economía Ascendente

Bolivia 16/09/2019.- Hace una semana varios analistas hablaron sobre la deuda externa del país en varios medios de comunicación, mencionando que Bolivia contrae una deuda cada vez mayor y que esto es una señal de crisis.

Por salud mental es recomendable hacer caso omiso a dichas opiniones. Es importante tocar el tema con fundamentos claros y consistentes debido a que dichas opiniones solo intentan cegar y confundir a la población con respecto al concepto de deuda.

Se hace alusión a la deuda externa como si contraerla fuese un pecado o un sacrilegio cuando, por el contrario, sin endeudamiento varios proyectos no podrían realizarse por falta de financiamiento, tanto a nivel empresarial como nacional.

El endeudamiento no es motivo de alarma siempre y cuando exista una capacidad de pago, y es algo lógico: no puedes gastar más de lo que tienes. Así, si existe solvencia y capacidad de pago para cumplir con tus obligaciones crediticias el acto de endeudarse no es motivo para rasgarse las vestiduras.

En el caso boliviano, es cierto que la deuda externa ha ido creciendo durante los últimos años y, a julio de 2019, el endeudamiento externo alcanzó los $us 10.605 millones, sin embargo, algo que no saben o no quieren saber los opinadores es que este nivel de deuda externa representa sólo el 24,6% del Producto Interno Bruto (PIB) para el período mencionado.

Y ¿por qué es importante conocer esto?, la razón es simple, el Producto Interno Bruto macroeconómicamente refleja nuestros ingresos como país, es decir, nuestra capacidad de pago ante dicha deuda. Por otro lado, los umbrales de endeudamiento de organismos internacionales como la CAN y el FMI alcanzan a 40% y 50%, respectivamente (ratio de la deuda externa con respecto al PIB).

¿Esto qué quiere decir?, que Bolivia se encuentra por debajo del límite máximo de endeudamiento, lo cual le da aún un margen amplio para contraer créditos. La economía nacional además de tener la capacidad de pago de la actual deuda externa, también tiene el margen para poder endeudarse más porque posee los ingresos suficientes.

En este marco, es importante recalcar además, que según datos oficiales Bolivia ocupa el segundo lugar entre los países de la región con menor deuda externa total en porcentaje del PIB (24,6%). Porcentaje que en relación a tiempos neoliberales superó el 50% e incluso llegó al 99% en 1987.

Otro punto importante del acto de endeudase es que este pasivo no debe contraerse para pagar otras deudas o cubrir déficits, como está ocurriendo en países vecinos. Esta debe destinarse a proyectos que en el largo plazo generarán mayores recursos para el país, traducido en tasas de rentabilidad que serán mayores a las tasas de interés de dicho préstamo, algo que sin duda está ocurriendo en Bolivia, un ejemplo de muchos son las inversiones que se realizan en proyectos de infraestructura productiva, que tienen tasas de rentabilidad atractivas para el país (alrededor del 20%), frente a las bajas tasas de interés a las cuales se contrató la deuda (5%).

En conclusión, Bolivia posee un buen margen de endeudamiento y destina de forma óptima los recursos de esta, por lo que la sostenibilidad de la deuda es estable y seguirá siendo así bajo los lineamientos y medidas que se siguen implementando con la actual política económica.

Devaluación del tipo de cambio nominal y sus complicaciones

Miguel Clares | Economía Ascendente

Bolivia 16/09/2019.- Durante la presente gestión se ha entrado en discusión con respecto al tipo de cambio en Bolivia, si éste debería mantenerse o devaluarse. 

En primer lugar, se debe aclarar que el tipo de cambio nominal es una tasa que expresa cuántas unidades de una moneda se necesitan para obtener una unidad de otra. Y, en segundo lugar, la devaluación se entiende como un incremento del tipo de cambio; es decir, una disminución del valor de la moneda nacional con respecto al dólar.

Algunos analistas afirman que el tipo de cambio debería devaluarse. Según ellos debido a que esta política mejoraría la balanza comercial vía exportaciones, las cuales, en teoría, se incrementarían y su valor superaría el de las importaciones. 

Sin embargo, dicho mecanismo de transmisión es bastante simplista para tomar decisiones con respecto a la fijación o determinación de un tipo de cambio, por lo que pensar simplemente en las exportaciones y cómo éstas mejorarían tras una devaluación es caer en un error o en una opinión inconclusa.

Bajo la teoría económica y empírica existen varios argumentos que explican el comportamiento y efectos que tiene un incremento del tipo de cambio. Entre ellos se encuentra la condición Marshall-Lerner, la cual, básicamente, quiere decir que una devaluación del tipo de cambio sólo mejorará la balanza comercial si la suma de las elasticidades (grados de reacción) de las exportaciones e importaciones con respecto al tipo de cambio son mayores a la unidad. Caso contrario, una devaluación sólo tendrá un efecto negativo, ya que dominará el efecto de encarecimiento de los bienes extranjeros.

Dicha condición ya fue comprobada con instrumentos econométricos en la economía boliviana, donde se determinó que la condición no se cumple debido a que las elasticidades son de 0,60 para las exportaciones y de 0,29 para las importaciones, ambos en valor absoluto, lo cual quiere decir que el grado de reacción o variabilidad será mínimo (inelástico) en las exportaciones, generando un efecto contractivo o nulo en la balanza comercial.

La explicación al resultado de lo anteriormente mencionado se debe a que en términos de valor, el 79% de las exportaciones en el país son de productos tradicionales y el 21% de no tradicionales. Por otra parte, en términos de volumen, las exportaciones tradicionales representan el 89% del total exportado y las no tradicionales el 11%. Esta estructura de las exportaciones no es algo nuevo, puesto que desde periodos anteriores al actual gobierno se tenía dicha estructura.

En este sentido, una devaluación del tipo de cambio no tendría un efecto positivo y significativo sobre las exportaciones, debido a que éste recae más sobre las exportaciones no tradicionales y, para el caso boliviano, éstas son mínimas; por lo tanto, su efecto sería casi nulo.

Por otra parte, una devaluación generaría un incremento en el nivel de precios, debido a que ésta tendría un efecto directo e indirecto sobre los productos importados y, de tal manera, se generaría un aumento en la demanda agregada, ocasionando una presión sobre el nivel de precios, dando así como resultado, en última instancia, lo que se conoce en economía como el efecto pass through (efecto traspaso); que en otras palabras refleja aquel incremento del nivel de precios provocado por una devaluación del tipo de cambio. Lo cual simplemente induciría a que el público modifique su comportamiento de consumo para adaptase a las presiones inflacionarias, provocando cada vez mayores compras y con ello la creación de un espiral inflacionario, el cual ocasionará una situación adversa para la economía boliviana.

Y por si no fuera poco, adentrándonos al sector financiero, una devaluación provocaría complicaciones de pago, tanto en deudas como ingresos de quienes los tienen en moneda nacional, produciendo de esta forma lo que se conoce como riesgo cambiario. Por otra parte, una devaluación iría en contra del principio de la bolivianización (mayor valoración y confianza hacia la moneda boliviana), la cual muestra que del total de depósitos en el sistema financiero, la moneda nacional representa aproximadamente el 86% y de créditos el 98%. Una devaluación sólo generaría desconfianza y especulaciones en el público y de tal forma una inestabilidad en el sistema financiero.

Por último, pero no menos importante, otro efecto desfavorable de la devaluación del tipo de cambio llegaría a ser el deterioro de los términos de intercambio (precio relativo de las exportaciones e importaciones), el cual provocaría una reducción de los niveles de ahorro en la economía nacional y, de esta forma, un deterioro en la cuenta corriente, formando una situación contraproducente en el sector externo, lo cual se conoce como el efecto Harberger-Laursen-Metzler.

Con todo lo mencionado, una devaluación del tipo de cambio nominal en el actual contexto económico no dará aquellos buenos resultados que tanto esperan los analistas, quienes dan sus opiniones con un sesgo más político que académico. He aquí los argumentos razonables y justificables que comprueban ello.

TERRORISMO TRIBUTARIO A TRAVÉS DE LA DESINFORMACIÓN

 

  Ximena Ilaya | Economía Ascendente

El pasado 20 de marzo de 2019, el Sr. Luis Chistian Rivas Salazar publicó un artículo titulado “Arremetida del terrorismo tributario” exponiendo una serie de imprecisiones en cuanto a la aplicación de la normativa tributaria, artículo que por su contenido desinforma y alarma infundadamente al lector, por tal razón en mi condición de profesional entendida en el área tributaria, veo por pertinente realizar las siguientes aclaraciones:

En su artículo de prensa el Sr. Rivas, llama a los ciudadanos a denunciar el exceso de poder, específicamente en el cumplimiento de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 101800000036 emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que reglamenta la preparación y envío de información por contribuyentes que realizan la actividad de construcción de bienes inmuebles, bajo el argumento que esta disposición normativa estaría vulnerando el principio de legalidad. Además asevera que la Administración Tributaria vulnera la Ley N° 2492 – Código Tributario Boliviano (CTB), porque establece sanciones por ilícitos tributarios, siendo que éstas deben ser establecidas por Ley.

Al respecto, es preciso aclarar que de conformidad al Artículo 64 de la Ley N° 2492, el SIN, al igual que las Administraciones Tributarias de los diferentes niveles de gobierno, está facultado para dictar normas administrativas de carácter general  a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos. De igual forma, el Artículo 71 del CTB dispone que toda persona natural o jurídica está obligada a proporcionar información a la Administración Tributaria, cuando ésta lo requiera. En ese marco legal es que el SIN emite la RND señalada con la finalidad de obtener información del sector de la construcción, para verificar que los contribuyentes estén declarando correctamente sus impuestos, por lo tanto no se vulnera el principio de legalidad previsto en el Artículo 6 del citado Código. Asimismo, tampoco es evidente que la Administración Tributaria estuviese estableciendo sanciones por fuera del CTB, siendo que la citada RND en su Artículo 7 simplemente se limita a aclarar que los contribuyentes que incumplan la referida Resolución, incurren en contravención tributaria sancionada conforme lo previsto en el Artículo 162 de la Ley N° 2492.

En ese marco legal, debe llamarnos a la preocupación afirmaciones  como las del Sr. Rivas: “[…]El infierno tributario condenará a quienes no puedan asumir los costos por las perversas disposiciones tributarias en un país de economía informal[…]”, cuando más bien es perversa la intencionalidad de instigar al incumplimiento de las obligaciones tributarias, utilizando el engaño y el desconocimiento del ciudadano de a pie en temas de índole tributario, o peor aún, motivar a la informalidad.

Por otra parte, respecto a la crítica que el Sr. Rivas realiza a la RND N°101800000026, que establece el Sistema de Facturación Electrónica (SFE), es importante considerar que una de las características de un Estado moderno es la aplicación de las tecnologías de información en constante innovación cuya finalidad es generar valor público no sólo eficaz sino también eficiente; en ese marco, la gestión pública debe caracterizarse por una mejora continua y transparencia en la información y el SFE que entrará en vigencia a fines de la presente gestión, nos permitirá ponernos tecnológicamente a la par con los países de la región, así como  optimizar la información que requiere el SIN para ejercer sus funciones con mayor eficiencia para beneficio de la ciudadanía en su conjunto.

Sin embargo, de acuerdo al punto de vista del Sr. Rivas, con la aplicación de la facturación electrónica “[…] los datos en recaudaciones e ingresos serán más precisos y las empresas tendrán que declarar la realidad […]”, lo que inexplicablemente es visto como algo negativo desde su óptica, pasando de defender la libertad al libertinaje en el accionar de aquellas empresas que actualmente cometen evasión tributaria. Por tanto, sincerar la información en el marco de la modernización y transparencia administrativa, debería ser motivo de satisfacción y no de desconfianza de la población.

También lo puedes leer en:

Los Tiempos

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20190323/columna/terrorismo-tributario-traves-desinformacion

LA AFP Y SU BAJA RENTABILIDAD

 Gustavo Durán Valenzuela | Economía Ascendente

La Constitución Política del Estado de 2009, establece que: “La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social”. La Ley 065 determina que la administración del Sistema Integral de Pensiones (SIP) estará a cargo de una empresa pública nacional estratégica.

Por acuerdo con la COB, se establece que el salario máximo de la Gestora es de Bs. 35 mil, monto que está muy por debajo de los salarios promedio de los ejecutivos del mercado financiero.

El rendimiento más alto del Fondo de Capitalización Individual (FCI) fue en octubre 2002, debido, a que las rentabilidades de los valores del TGN estaban indexados al dólar, cuya variación alcanzó un incremento del 10% respecto al boliviano, más su rentabilidad nominal que era del 8%.

A partir del año 2012, los bonos obligatorios del TGN adquiridos por el FCI al inicio del Seguro Social Obligatorio (SSO) comenzaron a vencer generando liquidez, que fue invertida por las AFP a tasas menores que disminuyeron la rentabilidad del FCI.

La diversificación actual del portafolio, es del 72% en el sector privado y 28% en el sector público, las AFP continúan invirtiendo en el mercado de Valores los recursos del FCI desde 1997 a la fecha, los resultados de estas operaciones no son los esperados, lo que afecta negativamente la rentabilidad del FCI.

La supuesta incertidumbre no es un factor que incida en la baja rentabilidad, según contrato de administración las AFP tienen la obligación de gestionar las mejores condiciones de inversiones de los fondos hasta el último día de su administración.

La expectativa de esperanza de vida no asciende a 110 años si no, más bien, a la expectativa de vida que tiene el asegurado al momento de solicitar su jubilación (mujeres 55 años y varones 58 años), la esperanza de vida está en función a la probabilidad de fallecer a determinada edad, considerando condiciones de acceso a salud, educación y otros aspectos sociales de la población, lo que no implica que el cálculo de jubilación para los asegurados tome en cuenta este límite.

La Gestora creada mediante D.S. 2248 establece la administración y representación de los fondos del SIP, Prestaciones, Beneficios y otros pagos de acuerdo a la Ley 065. Esta Entidad no forma parte de la demanda interpuesta por BBVA Previsión AFP SA. ante el CIADI, por lo que no tiene ningún efecto sobre los ahorros de los asegurados ni de los recursos de los Fondos de Pensiones y mucho menos sobre su rentabilidad.

La Ley 065, ha incorporado un pilar solidario que permite el acceso a la jubilación a través de la Pensión Solidaria, con los únicos requisitos de cumplimiento de edad y una cantidad mínima de 120 aportes. En el caso específico de un maestro con un referente salarial de Bs. 6.500, con una continuidad laboral de 35 años alcanza una pensión solidaria con el límite superior de 4.200 Bs., lo que equivale a un 65%.

La Ley 065, no establece un tratamiento diferenciado en el caso de los asegurados militares y para el sector de la policía, éstos se jubilan de acuerdo a la normativa establecida como para cualquier asegurado en el SIP.

Como ciudadano de este país, no puedo entender como hay personas que no saben de normativa y la historia de la Seguridad Social y solo logran confundir a la población boliviana.

También lo puedes leer en: 

El País

https://elpais.bo/las-afp-y-su-baja-rentabilidad/

Para aquellos expertos opinadores en desarrollo de Software

 Antonella López | Economía Ascendente

Estos días el tema en boga es la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y el Software que está ocasionando el retraso del funcionamiento del Sistema de Administración de Pensiones, el cual se encargará de automatizar todos los procesos que actualmente las Administradoras de Fondos de Pensiones tienen bajo su cargo.

Antes de emitir cualquier crítica respecto del Desarrollo e Implementación de un Sistema (Software), se debe explicar a los lectores que el desarrollo del mismo debe cumplir las siguientes fases para obtener un producto de calidad: determinación de requerimientos, análisis, diseño, codificación y corrección, pruebas de software e implementación.

El Senador Oscar Ortíz, candidato Presidencial por la Sigla “Bolivia Dice No”, realizó críticas a la ligera al referirse al Software de administración de los fondos de pensiones que hoy en día están en manos de empresas privadas BBVA Previsión AFP S.A. y FUTURO DE BOLIVIA S.A. – AFP.

Cada AFP tiene su propio sistema informático y una base de datos propia y específica para sus sistemas, en plataformas diferentes. Esto quiere decir que sus sistemas son diferentes en concepción, almacenamiento y funcionamiento.

Por ejemplo si nos referimos al almacenamiento de información, este concepto está relacionado a la base de datos de un sistema, una base de datos puede tener diferentes campos, diferentes tablas y almacena millones de registros (datos), por otra parte estos datos se almacenan en motores de base de datos como ser ORACLE, MySQL, MongoDB, entre otros. Para entender lo anterior, en la conferencia de prensa del Ministro de Economía Luis Arce, se mencionaron algunos detalles de las bases de datos y de los sistemas de las AFP Previsión y Futuro.

Una de las bases de datos de las AFP está diseñada en una versión que ya no cuenta con soporte del proveedor del motor de base de datos, es como la plataforma Windows XP, existe, pero ya no tiene actualizaciones disponibles para esa versión y en caso de que se presente un problema, no cuenta con el soporte técnico para resolver los problemas que puedan generarse en esa versión anterior.

La otra base de datos de la segunda AFP, fue desarrollada en AS/400 que es un sistema integrado muy complejo que incluye hardware (parte física, el fierro que soporta el sistema), el software (el sistema predeterminado desarrollado para esa plataforma), la seguridad, una base de datos y otros componentes, esto es como tener un celular con un sistema operativo IOS, bloqueado para cualquier modificación o mejora, como los que tienen los IPHONE.

Al tener los registros de los asegurados en las AFP en dos bases de datos con características físicas diferentes y sistemas concebidos de diferente manera, significa que los dos sistemas no son compatibles. La migración de los datos de los 2.2 millones de asegurados y 925 millones de registros, que tiene el Sistema Integrado de Pensiones, no es algo simple como Copiar y Pegar un texto o una tabla.

Por otra parte cada software que usan actualmente las AFP Previsión y Futuro, tiene sus propias especificidades y en algunos casos podrían tener llaves o puertas traseras, inmersas en el código fuente de dichos sistemas, este aspecto técnico podría detectarse haciendo una ingeniería a la inversa de cada sistema. Hacer una ingeniería a la inversa implica tiempo y requiere de un equipo de ingenieros en sistemas, informáticos forenses, entre otros; que permitan conocer en detalle cómo fue concebido el diseño de las bases de datos, sus campos y el desarrollo del software como tal.

Para quienes conocen algo sobre desarrollo de sistemas, el tiempo de implementación depende de la concepción de cero con los requerimientos del cliente y la complejidad del mismo y la cantidad de trabajo (horas-hombre), según la dimensión del sistema. En el caso del Sistema de Administración de Pensiones que usará la Gestora Pública se debe comprobar  que el nuevo sistema que está siendo desarrollado por la Empresa SYSDE INTERNACIONAL INC., debe cumplir a cabalidad los requerimientos de la Gestora. Asimismo se debe garantizar que se puedan migrar los millones de registros de los asegurados de ambas AFP y éstos sean consolidados de manera íntegra y estén disponibles en su totalidad con todos sus datos y transacciones históricas.

Asimismo deben contar con tablas de auditoría que permitan almacenar información de cualquier consulta, creación, adición, modificación, u otras operaciones que realicen los usuarios, a las bases de datos; esto permitirá realizar la trazabilidad (seguimiento) de la información.

Es por esta razón que algunos opinadores cuestionan el retraso de la entrega del Sistema, sin tener en cuenta que son 83 productos aproximadamente y 890 adecuaciones a la normativa vigente en nuestro país, los cuales deben funcionar correctamente para que los procesos del Sistema de Gestión de Administración de Pensiones sean confiables, seguros y tengan un alto grado de automatización. Previo a su funcionamiento, con la responsabilidad que amerita dar continuidad al Sistema de Pensiones, estos sistemas deberán ser sometidos a diferentes tipos de pruebas de calidad de software para su posterior puesta en marcha.

Finalmente, los beneficiarios quienes usarán este sistema que integrará los 2.2 millones de asegurados en una sola base de datos, serán la Gestora Pública y nosotros como asegurados del Sistema Integral de Pensiones nos beneficiaremos con información transparente y disponible de forma inmediata los 365 días del año.

También lo puedes leer en:

Eju.Tv

http://eju.tv/2019/03/para-aquellos-expertos-opinadores-en-desarrollo-de-software/

El común denominador de las crisis argentinas

 Omar Yujra Santos | Economía Ascendente

Bolivia 12/09/2019.- Luego de las elecciones la espiral hiperinflacionaria se disparó a 3.079% y una devaluación del 4.771%, hubo reclamos de comida, saqueos y desde luego movilizaciones sindicales, son algunas de las características de la crisis económica de Argentina en 1989.
En el gobierno de Menem que se caracterizó por la implementación de las recetas del Consenso de Washington, época de apogeo neoliberal, el desempleo creció del 6% en esa gestión a 22% en 2002 y la inflación promedio estaba en el orden del 69,7%, en un marco de protestas de desocupados que bloqueaban rutas y puentes llamados “piqueteros”, a esto se sumaron circuitos informales de trueque ante la carencia de dinero en cerca de 2 millones de personas, además de comedores y asambleas populares.
Tras una década de paridad cambiaria (un peso argentino era igual a un dólar) por el temor a la inflación, establecida a través de la Ley de Convertibilidad de 1991, el Gobierno decidió devaluar la moneda al tiempo que los ahorros bancarios se mantenían congelados. Esto es lo que se conoció como el "corralito", que impedía la devolución de ahorros y la fuga de capitales.
Entre las políticas de ajuste, se aplicó una disminución del 13% en el salario de los empleados públicos y las pensiones para contrarrestar el déficit fiscal, lo que más tarde desembocó en un estallido social con los llamados “cacerolazos”.
No se puede olvidar que en la década de los 90 también se produjeron una serie de problemas financieros, en varios países del mundo que coloquialmente se denominaron efectos Tequila (México), Vodka (Rusia), Samba (Brasil) y Tango (Argentina), principalmente ocasionados por la devaluación de sus monedas.
Luego del 2002 estas reacciones sociales se fueron disipando durante los gobiernos de los Kirchner, hasta el ingreso al gobierno de Mauricio Macri.
Entre 2016 y 2019, Argentina presentó una disminución considerable de su crecimiento, entrando en recesión económica (tasas negativas de crecimiento consecutivas), de un 2,7% en 2015 a -2,5% en 2018 y al primer trimestre de este año de -5,8%, esto acompañado de una alta inflación prevista mayor al 40%, devaluaciones (cerca de 60 pesos por cada dólar) y mayor deuda que pasó del 50% al 85% del PIB en los últimos cuatro años, además que el desempleo llegó al 10,1% y la pobreza se incrementó a 27%.
Estos resultados negativos se dieron por la implementación de medidas poco acertadas, que provienen, precisamente de la receta ortodoxa del neoliberalismo.
Ante una lectura mal hecha de la economía argentina disminuyeron el gasto, principalmente el social, incrementaron las tarifas de los servicios básicos, esto generó un estrangulamiento a la demanda agregada y una disminución de la producción, que a su vez gestó una espiral inflacionaria acompañada de una gran devaluación. Un retroceso en indicadores sociales y un incremento de la deuda, lo que permitido que ese país entre en default técnico (que el país no puede pagar su deuda).
En concreto, la crisis económica y social que hoy vive Argentina no es nueva, porque en su historia reciente se repitió varias veces, aunque fueron en distintos momentos y con diferentes presidentes, tuvieron y tienen un común denominador: políticas de corte neoliberal.

EA

Rentabilidad y Jubilación en el Sistema Integral de Pensiones

  Richard Silva | Economía Ascendente

En un artículo publicado en El Diario en días pasados, la señora Angélica Siles Parrado hace un análisis de la situación de varios aspectos relacionados al Sistema Integral de Pensiones aludiendo entre algunos, a los sueldos de la Gestora y la baja rentabilidad de los Fondos de Pensiones, atribuyendo erróneamente a la creación de la Gestora Pública.

Estos aspectos llaman profundamente la atención, debido a que la opinión de Siles no tiene asidero, por lo que amerita un análisis profundo que condice con la realidad y no con especulaciones.
Una primera precisión que es importante realizar, es que en la Gestora ningún trabajador gana o ganará como mínimo un sueldo de Bs 60.000, que nocivamente asevera la señora Siles, porque ninguna norma legal lo permite, además de existir un acuerdo de consenso con la Central Obrera Boliviana en el que se acordó con el Gobierno que el tope salarial alcanza a Bs 35.000, sin embargo señalar que hoy en día los gerentes de las AFP ganan más de Bs 120 mil.

Por otro lado, corrigiendo los datos incorrectos con los que se manejan ciertos analistas hasta diciembre de 2018 según la APS los Fondos de Pensiones sobrepasaron los $us17 mil millones y no como señala Siles de $us14 mil millones, producto del crecimiento del universo de aportantes y beneficiarios que superan al presente los 2.2 millones y de los rendimientos obtenidos por la inversión de los aportes de los trabajadores diversificados en distintos tipos de valores.

Con ligereza se asevera, que con la vigencia de la actual Ley N°065 de Pensiones se ha provocado incertidumbre en las inversiones y consecuentemente la baja en la rentabilidad de los fondos de pensiones, situación nada más perniciosa y contradictoria toda vez que el comportamiento de las inversiones es cambiante donde no siempre son ganancias también son pérdidas atribuibles a diversos factores como el alto riesgo de una inversión y el carácter fluctuante del mercado de valores, entre otros, por lo que no llega a ser suficiente la buena intención del administrador.

Respecto a la inversión en títulos emitidos por el Estado en pasados años fue una forma habitual de endeudamiento interno adoptada por anteriores gobiernos, toda vez que antes los gobiernos de turno requerían de recursos para gastos corrientes, por lo que se emitían títulos a tasas de interés altas con el consiguiente desangramiento del TGN, mostrando de esta manera una falsa eficiencia en las inversiones por parte de los administradores. Entre los años 2000 y 2010 el promedio de inversiones realizadas en títulos del TGN era del 70%, en tanto que a septiembre 2018 representa el 28% de los Fondos del SIP, según información disponible de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS.

Asimismo, la comentarista en su columna hace referencia a una cifra relacionada a la recaudación obtenida de los aportes de los trabajadores, pero omite el dato de que con la anterior Ley N° 1732 de Pensiones la recaudación apenas alcanzó a menos de Bs4 mil millones y con la actual a diciembre de 2018 a más de Bs11 mil millones, es decir que la recaudación se ha incrementado significativamente con la vigencia de la Ley N°065.

Por otro lado, cabe aclarar que el arbitraje instaurado por BBVA Previsión AFP S.A. contra el Estado Boliviano se desarrollará en el marco del Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y Bolivia – APPRI, del cual el Estado Boliviano ya no forma parte desde el 4 de enero de 2012, y no ante el Tribunal del CIADI.

En este ámbito la controversia instaurada se desenvolverá bajo el reglamento de la APPRI que por disposición de su procedimiento se considerará bajo un mecanismo complementario aplicado por el CIADI.

Asimismo se debe señalar que ante un negativo fallo que pueda resultar de la controversia arbitral, para tranquilidad de los trabajadores, se haría cargo el Estado Boliviano y no como señala la señora Siles con los aportes de los trabajadores, conforme señaló tiempo atrás la Procuraduría.

Por tanto, es evidente que bajo un análisis minucioso el grado de rentabilidad no se debe a la creación de una entidad sino a otros factores, a su vez que se demuestra que los aportes de los trabajadores están resguardados en la misma Ley de Pensiones, evitando de esta manera el uso arbitrario de los mismos.

También lo puedes leer en:
El País
https://elpais.bo/rentabilidad-y-jubilacion-en-el-sistema-integral-de-pensiones/