Servicios financieros en toda Bolivia

Por: Hugo Bozo

La inclusión financiera es un concepto referido a la otorgación de acceso y posibilidades de uso de servicios financieros a quienes por diversas razones se encuentran marginados de ellos. Una de las causas que origina este hecho es la existencia de áreas geográficas donde las entidades financieras no están presentes y sus habitantes se encuentran desvinculados de sus servicios.

El no tener acceso a servicios financieros, es un factor que limita el desarrollo económico de la población y consecuentemente, en muchas situaciones, un obstáculo para salir de la pobreza.

Por el contrario, cuando las personas acceden a servicios financieros y abren cuentas de ahorro, este hecho suele constituir un primer paso para que las personas empleen posteriormente otros servicios que estimulan su actividad económica, entre ellos, créditos, tarjetas, banca electrónica, boletas de garantía, operaciones de comercio exterior, cuentas para recibir y efectuar pagos, etc., mismos que facilitan las actividades financieras de las personas.

Revisando algunas cifras de cobertura de servicios financieros en Bolivia, se advierte que en el año 2007 el 75% de los municipios no contaban con acceso a estos servicios; existían únicamente 1.673 Puntos de Atención Financiera (PAF) -espacio físico para realizar operaciones financieras- (261 en áreas rurales y 1.412 en zonas urbanas) y seis departamentos registraban un total de 352 (PAF).

Escenarios tras el fallo de la CIJ

 Por: Omar Velasco 

Haciendo un paréntesis a los temas económicos cotidianos, me tomo la licencia de comentar sobre los recientes anuncios entorno a la demanda marítima interpuesta por Bolivia contra Chile como un ciudadano más, expectante del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que será difundido el 1 de octubre. Ese día pasará a la historia nacional como una fecha inolvidable, después de una larga espera de cinco años, tres meses y 19 días.

A partir de ahora comienzan a barajarse distintos escenarios. En el supuesto de que la CIJ le dé la razón a Chile, el Gobierno trasandino dará por cerrado el asunto. En el otro extremo, Chile se prepara para lo que podría ser el mayor fracaso de su política exterior de los últimos tiempos, puesto que un fallo favorable para el país implicaría el reconocimiento internacional, total o parcial, de un asunto pendiente con Bolivia.

La teoría del “Perdonazo”

Por: Carolina Salas

“El perdonazo” o el nuevo proyecto de Ley de Regularización de adeudos tributarios del Gobierno Central del Estado, remitido la semana pasada para consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, ha generado una serie de críticas y comentarios entre los sectores gremiales, transportistas, empresarios privados, expertos tributarios, periodistas, y hasta hijos de vecinos, mucho antes de que la norma sea promulgada.

Los empresarios privados por ejemplo dicen que es una medida recaudatoria del Gobierno Central que intenta solucionar el problema del déficit fiscal y la caída de las reservas internacionales, argumentos que pueden ser definidos como simples presunciones, calificando la propuesta de norma como una simple reducción de multas e intereses.

Y es que considerar una normativa a partir de opiniones, en base a algunos datos rescatados de algún opinólogo del internet, sin verificar su veracidad, sin hacer ningún tipo de análisis previo, sin tener certeza completa si la norma será aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, es hablar de una ley que no existe todavía y peor aún atribuirle acciones y objetivos para presumir.

De acuerdo con la información estadística proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia creció en 4,44% al primer trimestre de 2018, dato macroeconómico que fue avalado por tres organismos internacionales: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), lo que confirma el crecimiento de la economía boliviana y ratifica que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo ha mantenido y mantendrá a Bolivia a la cabeza del desarrollo económico en América Latina por lo que resta de la gestión 2018, descalificando el argumento de que la economía está mal y que el Gobierno intenta recaudar recursos para solucionar una crisis económica inexistente.

El rol de las empresas públicas en Bolivia

Por: Miguel Marañon 

Días atrás me sorprendió ver un “análisis económico” realizado por una socióloga, sobre las empresas públicas en Bolivia, teniendo como base de su análisis la publicación del CEDLA, al respecto no cabe otra alternativa que suponer que el mencionado análisis está incompleto, ya que de otra manera podría establecerse que dicha opinión tendría un direccionamiento político preestablecido.

Muy fácilmente analiza el Presupuesto General del Estado (PGE) indicando que del total del GASTO, el 32% está destinado a las empresas públicas y solo el 9% a los municipios, 5% a las Gobernaciones y 2% universidades, pero “olvida” que el presupuesto consta también de INGRESOS, porque si incluiría en su análisis (los ingresos) se percataría que el 36% lo generan la empresas públicas y solo el 4,14% los Municipios, 1,24% las Gobernaciones y 1,10% las Universidades, a todas luces se podría decir que los Municipios Gobernaciones y Universidades son deficitarias pero cometeríamos un grave error ya que la finalidad de estas entidades no es precisamente generar utilidades.

Lucrando con las jubilaciones

Por: Abraham Churata 

En agosto, la administración de los fondos de pensiones BBVA Previsión presentó una demanda contra el Estado boliviano por su salida del país. Para entender el porqué de esta decisión, convendría aclarar algunos hechos relacionados con el sistema de pensiones que rige en el país.

En 1997 entró en vigencia el Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo en Bolivia. Entre otras características, este sistema establece que la jubilación se dé a partir de los 65 años y que los 60 últimos meses de aportes sean el referente salarial para el cálculo del monto de la pensión, el cual además debía ser determinado en función del capital acumulado. Bajo este modelo, las entidades privadas Futuro Bolivia y BBVA Previsión, que forman parte de grupos financieros internacionales, fueron las elegidas para administrar los aportes de los trabajadores bolivianos y gestionar el pago de las jubilaciones y los beneficios establecidos por ley. Durante la gestión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el exsuperintendente de Pensiones Guillermo Reyes Ortiz firmó los contratos “indefinidos” con ambas AFP. Al respecto cabe preguntarse si era necesario suscribir un contrato por tiempo indefinido para la administración de las pensiones de los trabajadores bolivianos.

Ahora bien, con el cambio del escenario político y económico del país a partir de 2006 con la llegada del MAS al gobierno, se impulsó la creación de una nueva Constitución Política, aprobada en 2009, la cual establece que la seguridad social debe estar a cargo del Estado boliviano. Siguiendo este mandato, mediante la Ley 065 de Pensiones de diciembre de 2010, se creó el Sistema Integral de Pensiones (SIP), compuesto por tres regímenes: contributivo, semicontributivo, y no contributivo (Renta Dignidad). La norma establece, además, que la administración y representación de los fondos, beneficios y otros pagos establecidos por ley del SIP deben estar a cargo de una gestora pública.

El arcoíris y el ruido de las empresas públicas

Por: Daniel Villarroel

Hablar de Empresas Públicas en la actualidad, es entrar en un debate de si estas son o no rentables; que si generaron los suficientes ingresos; o si están acumulando pérdidas. El hecho es que la mayoría de los opinadores económicos tomaron una posición parcializada con la oposición política del país, buscando agresivamente demostrar que las empresas públicas son simplemente una ilusión y lo único que se logró en estos 12 años de gestión fue una alucinación de desarrollo y bienestar económico.

El informe publicado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) sobre el desempeño de las Empresas Públicas, muestra una mezcla de datos, los cuales no obedecen a una metodología de análisis financiero.

Asimismo trata de relacionar todas las fuentes de recursos de las empresas (créditos, aportes de capital, etcétera) a los resultados del ejercicio, demostrando de manera tendenciosa que las empresas son incapaces de generar ingresos suficientes para poder cubrir sus costos operativos, debiendo recurrir al TGN para solventar su funcionamiento.

Pero en realidad, este estudio lo que hace es confundir a los lectores, toda vez que, desde un punto de vista técnico, no diferencia la parte económica y la parte financiera de la empresa.

Amnesia económica

Por: Juan Carlos Suntura Ramos

Ya lo decía Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, “Un pueblo sin memoria está condenado a ser dominado”. Sin embargo, muchos economistas de corte neoliberal prefieren obviar este recordatorio histórico, basando sus argumentos en cuestiones superfluas del contexto, encubriendo el fondo y destacando la forma coyuntural de las cosas.

América Latina tuvo mucho que aprender luego de más de dos décadas de gestión gubernamental bajo el modelo neoliberal, cuyas consecuencias para nuestros países fueron desastrosas: mayor pobreza, mayor concentración de la riqueza, estancamiento de las economías, dependencia respecto del capital financiero transnacional, privatizaciones, abandono del Estado a las políticas sociales, deuda externa irresponsable, bajos salarios y un elevado desempleo.