Más allá de la visión de un abogado

Silvia Eugenia Huanca | Economía Ascendente 

Tras el Artículo difundido en el periódico “Los Tiempos” con el título “Empresa e inversión”, elaborado por el abogado  Mauricio Ochoa Urioste, en la que manifiesta malintencionadamente el cierre de empresas por el pago del segundo aguinaldo y la carencia de ley de inversiones que verdaderamente atraiga el capital privado al país, especialmente en el sector de la minería y los hidrocarburos, es pertinente aclarar las siguientes consideraciones económicas que no analiza el autor:

En tema de inversión pública, de acuerdo a datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE, la ejecución acumulada entre 2006 a 2018 llegó a un importe de 38.750 millones de dólares, superior en más de 5 veces al acumulado de las gestiones 1993 a 2005, donde tan solo se reflejó 7.225 millones de dólares. Así también, comparando con países de la región, considerando la información de inversión del Fondo Monetario Internacional, se puede apreciar que Bolivia tiene la mayor asignación de recursos destinada a inversión pública en 2018, con 10,9% del PIB, seguido por Ecuador con 8%, Colombia 6%, Perú 4,8%, Uruguay 4,4%, Paraguay 3,2%, Chile 2,3%  y Brasil 1,7%.

En lo referente al sector hidrocarburos, es importante recordar que el Gobierno Nacional ha destinado recursos para las inversiones en la industrialización de los hidrocarburos a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, para la implementación de la Planta de Urea y Amoniaco, Planta de Licuefacción de Gas, Planta de Separación de Líquidos Gran Chaco y la Planta de Río Grande, entre las principales, de los cuales según el Presupuesto General del Estado 2019, se espera la generación de nuevos ingresos por un importe aproximado de Bs2.263,9 millones.

En cuanto al sector minero, en 2018 surgieron nuevas empresas como por ejemplo: “Comercializadora y Exportadora de Minerales TOMSILVER S.R.L.”, “Cooperativa Industrial de Yeso 23 de Junio R.L.”, “Cooperativa Minera Nueva Uncía R.L.”, “Empresa Agroseller S.R.L.”, “Empresa Exportadora Manufacturera - MEPREBOL S.R.L.”, “Empresa Minera Metalúrgica Uzquiano S.R.L”, “Empresa Minera Puca Tambo S.R.L”, “Empresa Minera Solitario S.A”, “Industria Minera Sierra Alta S.A.”, “Metalúrgica Ribeiro S.R.L.”,“Minera Vetillas S.R.L., “Runfeng Import & Export S.R.L.”, entre otras. Los cuales permiten desmentir a lo citado por Ochoa de que no existen inversiones de empresas a este sector.

Por otra parte, de acuerdo a la información de Fundempresa, en febrero de 2018 la Base Empresarial Vigente del Registro de Comercio de Bolivia ha reflejado 315.868 empresas y en febrero de 2019 llega a 318.660 empresas, superior en 2.792 empresas. Asimismo, la inscripción de empresas en el mes de febrero de 2018 fue de 3.095 empresas y para febrero del año en curso aumenta a 3.341 empresas, es decir un crecimiento de 8% respecto a 2018.

Además, según la información difundida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el valor de ventas y/o servicios facturados en restaurantes, supermercados y pasajes aéreos reflejó un crecimiento de 7%, de 1.761 millones de dólares en 2017 incrementa a 1.877 millones de dólares para 2018.

Asimismo, las exportaciones en 2018 han reflejado un crecimiento de 9%, de 8.194 millones de dólares en 2017 incrementó a 8.965 millones de dólares para 2018, de los cuales el sector manufactura refleja 3.100 millones de dólares, hidrocarburos con 3.042 millones de dólares y Minería con 2.389 millones de dólares, entre las principales.

Por todo lo citado, refutando al análisis parcial y malintencionado de Ochoa, concluyo que las empresas no han cerrado como manifiesta y que no se encuentran en su peor momento. El segundo aguinaldo dinamiza la economía porque tiene un efecto multiplicador, la mayor demanda de las personas se ha visto reflejada en el incremento de 7% del valor de ventas y/o servicios facturados, hecho que ha beneficiado a empresas. Por otra parte, el incremento en la inscripción de empresas de 8% en febrero respecto a la pasada gestión así como el crecimiento de 9% en 2018 de las exportaciones, permiten deducir que existe inversión bajo normativas legales vigentes.

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Los Tiempos

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20190327/columna/mas-alla-vision-abogado

Deuda externa y opinadores: Una mala combinación

Miguel Clares | Economía Ascendente

Bolivia 16/09/2019.- Hace una semana varios analistas hablaron sobre la deuda externa del país en varios medios de comunicación, mencionando que Bolivia contrae una deuda cada vez mayor y que esto es una señal de crisis.

Por salud mental es recomendable hacer caso omiso a dichas opiniones. Es importante tocar el tema con fundamentos claros y consistentes debido a que dichas opiniones solo intentan cegar y confundir a la población con respecto al concepto de deuda.

Se hace alusión a la deuda externa como si contraerla fuese un pecado o un sacrilegio cuando, por el contrario, sin endeudamiento varios proyectos no podrían realizarse por falta de financiamiento, tanto a nivel empresarial como nacional.

El endeudamiento no es motivo de alarma siempre y cuando exista una capacidad de pago, y es algo lógico: no puedes gastar más de lo que tienes. Así, si existe solvencia y capacidad de pago para cumplir con tus obligaciones crediticias el acto de endeudarse no es motivo para rasgarse las vestiduras.

En el caso boliviano, es cierto que la deuda externa ha ido creciendo durante los últimos años y, a julio de 2019, el endeudamiento externo alcanzó los $us 10.605 millones, sin embargo, algo que no saben o no quieren saber los opinadores es que este nivel de deuda externa representa sólo el 24,6% del Producto Interno Bruto (PIB) para el período mencionado.

Y ¿por qué es importante conocer esto?, la razón es simple, el Producto Interno Bruto macroeconómicamente refleja nuestros ingresos como país, es decir, nuestra capacidad de pago ante dicha deuda. Por otro lado, los umbrales de endeudamiento de organismos internacionales como la CAN y el FMI alcanzan a 40% y 50%, respectivamente (ratio de la deuda externa con respecto al PIB).

¿Esto qué quiere decir?, que Bolivia se encuentra por debajo del límite máximo de endeudamiento, lo cual le da aún un margen amplio para contraer créditos. La economía nacional además de tener la capacidad de pago de la actual deuda externa, también tiene el margen para poder endeudarse más porque posee los ingresos suficientes.

En este marco, es importante recalcar además, que según datos oficiales Bolivia ocupa el segundo lugar entre los países de la región con menor deuda externa total en porcentaje del PIB (24,6%). Porcentaje que en relación a tiempos neoliberales superó el 50% e incluso llegó al 99% en 1987.

Otro punto importante del acto de endeudase es que este pasivo no debe contraerse para pagar otras deudas o cubrir déficits, como está ocurriendo en países vecinos. Esta debe destinarse a proyectos que en el largo plazo generarán mayores recursos para el país, traducido en tasas de rentabilidad que serán mayores a las tasas de interés de dicho préstamo, algo que sin duda está ocurriendo en Bolivia, un ejemplo de muchos son las inversiones que se realizan en proyectos de infraestructura productiva, que tienen tasas de rentabilidad atractivas para el país (alrededor del 20%), frente a las bajas tasas de interés a las cuales se contrató la deuda (5%).

En conclusión, Bolivia posee un buen margen de endeudamiento y destina de forma óptima los recursos de esta, por lo que la sostenibilidad de la deuda es estable y seguirá siendo así bajo los lineamientos y medidas que se siguen implementando con la actual política económica.

Devaluación del tipo de cambio nominal y sus complicaciones

Miguel Clares | Economía Ascendente

Bolivia 16/09/2019.- Durante la presente gestión se ha entrado en discusión con respecto al tipo de cambio en Bolivia, si éste debería mantenerse o devaluarse. 

En primer lugar, se debe aclarar que el tipo de cambio nominal es una tasa que expresa cuántas unidades de una moneda se necesitan para obtener una unidad de otra. Y, en segundo lugar, la devaluación se entiende como un incremento del tipo de cambio; es decir, una disminución del valor de la moneda nacional con respecto al dólar.

Algunos analistas afirman que el tipo de cambio debería devaluarse. Según ellos debido a que esta política mejoraría la balanza comercial vía exportaciones, las cuales, en teoría, se incrementarían y su valor superaría el de las importaciones. 

Sin embargo, dicho mecanismo de transmisión es bastante simplista para tomar decisiones con respecto a la fijación o determinación de un tipo de cambio, por lo que pensar simplemente en las exportaciones y cómo éstas mejorarían tras una devaluación es caer en un error o en una opinión inconclusa.

Bajo la teoría económica y empírica existen varios argumentos que explican el comportamiento y efectos que tiene un incremento del tipo de cambio. Entre ellos se encuentra la condición Marshall-Lerner, la cual, básicamente, quiere decir que una devaluación del tipo de cambio sólo mejorará la balanza comercial si la suma de las elasticidades (grados de reacción) de las exportaciones e importaciones con respecto al tipo de cambio son mayores a la unidad. Caso contrario, una devaluación sólo tendrá un efecto negativo, ya que dominará el efecto de encarecimiento de los bienes extranjeros.

Dicha condición ya fue comprobada con instrumentos econométricos en la economía boliviana, donde se determinó que la condición no se cumple debido a que las elasticidades son de 0,60 para las exportaciones y de 0,29 para las importaciones, ambos en valor absoluto, lo cual quiere decir que el grado de reacción o variabilidad será mínimo (inelástico) en las exportaciones, generando un efecto contractivo o nulo en la balanza comercial.

La explicación al resultado de lo anteriormente mencionado se debe a que en términos de valor, el 79% de las exportaciones en el país son de productos tradicionales y el 21% de no tradicionales. Por otra parte, en términos de volumen, las exportaciones tradicionales representan el 89% del total exportado y las no tradicionales el 11%. Esta estructura de las exportaciones no es algo nuevo, puesto que desde periodos anteriores al actual gobierno se tenía dicha estructura.

En este sentido, una devaluación del tipo de cambio no tendría un efecto positivo y significativo sobre las exportaciones, debido a que éste recae más sobre las exportaciones no tradicionales y, para el caso boliviano, éstas son mínimas; por lo tanto, su efecto sería casi nulo.

Por otra parte, una devaluación generaría un incremento en el nivel de precios, debido a que ésta tendría un efecto directo e indirecto sobre los productos importados y, de tal manera, se generaría un aumento en la demanda agregada, ocasionando una presión sobre el nivel de precios, dando así como resultado, en última instancia, lo que se conoce en economía como el efecto pass through (efecto traspaso); que en otras palabras refleja aquel incremento del nivel de precios provocado por una devaluación del tipo de cambio. Lo cual simplemente induciría a que el público modifique su comportamiento de consumo para adaptase a las presiones inflacionarias, provocando cada vez mayores compras y con ello la creación de un espiral inflacionario, el cual ocasionará una situación adversa para la economía boliviana.

Y por si no fuera poco, adentrándonos al sector financiero, una devaluación provocaría complicaciones de pago, tanto en deudas como ingresos de quienes los tienen en moneda nacional, produciendo de esta forma lo que se conoce como riesgo cambiario. Por otra parte, una devaluación iría en contra del principio de la bolivianización (mayor valoración y confianza hacia la moneda boliviana), la cual muestra que del total de depósitos en el sistema financiero, la moneda nacional representa aproximadamente el 86% y de créditos el 98%. Una devaluación sólo generaría desconfianza y especulaciones en el público y de tal forma una inestabilidad en el sistema financiero.

Por último, pero no menos importante, otro efecto desfavorable de la devaluación del tipo de cambio llegaría a ser el deterioro de los términos de intercambio (precio relativo de las exportaciones e importaciones), el cual provocaría una reducción de los niveles de ahorro en la economía nacional y, de esta forma, un deterioro en la cuenta corriente, formando una situación contraproducente en el sector externo, lo cual se conoce como el efecto Harberger-Laursen-Metzler.

Con todo lo mencionado, una devaluación del tipo de cambio nominal en el actual contexto económico no dará aquellos buenos resultados que tanto esperan los analistas, quienes dan sus opiniones con un sesgo más político que académico. He aquí los argumentos razonables y justificables que comprueban ello.

TERRORISMO TRIBUTARIO A TRAVÉS DE LA DESINFORMACIÓN

 

  Ximena Ilaya | Economía Ascendente

El pasado 20 de marzo de 2019, el Sr. Luis Chistian Rivas Salazar publicó un artículo titulado “Arremetida del terrorismo tributario” exponiendo una serie de imprecisiones en cuanto a la aplicación de la normativa tributaria, artículo que por su contenido desinforma y alarma infundadamente al lector, por tal razón en mi condición de profesional entendida en el área tributaria, veo por pertinente realizar las siguientes aclaraciones:

En su artículo de prensa el Sr. Rivas, llama a los ciudadanos a denunciar el exceso de poder, específicamente en el cumplimiento de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 101800000036 emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que reglamenta la preparación y envío de información por contribuyentes que realizan la actividad de construcción de bienes inmuebles, bajo el argumento que esta disposición normativa estaría vulnerando el principio de legalidad. Además asevera que la Administración Tributaria vulnera la Ley N° 2492 – Código Tributario Boliviano (CTB), porque establece sanciones por ilícitos tributarios, siendo que éstas deben ser establecidas por Ley.

Al respecto, es preciso aclarar que de conformidad al Artículo 64 de la Ley N° 2492, el SIN, al igual que las Administraciones Tributarias de los diferentes niveles de gobierno, está facultado para dictar normas administrativas de carácter general  a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos. De igual forma, el Artículo 71 del CTB dispone que toda persona natural o jurídica está obligada a proporcionar información a la Administración Tributaria, cuando ésta lo requiera. En ese marco legal es que el SIN emite la RND señalada con la finalidad de obtener información del sector de la construcción, para verificar que los contribuyentes estén declarando correctamente sus impuestos, por lo tanto no se vulnera el principio de legalidad previsto en el Artículo 6 del citado Código. Asimismo, tampoco es evidente que la Administración Tributaria estuviese estableciendo sanciones por fuera del CTB, siendo que la citada RND en su Artículo 7 simplemente se limita a aclarar que los contribuyentes que incumplan la referida Resolución, incurren en contravención tributaria sancionada conforme lo previsto en el Artículo 162 de la Ley N° 2492.

En ese marco legal, debe llamarnos a la preocupación afirmaciones  como las del Sr. Rivas: “[…]El infierno tributario condenará a quienes no puedan asumir los costos por las perversas disposiciones tributarias en un país de economía informal[…]”, cuando más bien es perversa la intencionalidad de instigar al incumplimiento de las obligaciones tributarias, utilizando el engaño y el desconocimiento del ciudadano de a pie en temas de índole tributario, o peor aún, motivar a la informalidad.

Por otra parte, respecto a la crítica que el Sr. Rivas realiza a la RND N°101800000026, que establece el Sistema de Facturación Electrónica (SFE), es importante considerar que una de las características de un Estado moderno es la aplicación de las tecnologías de información en constante innovación cuya finalidad es generar valor público no sólo eficaz sino también eficiente; en ese marco, la gestión pública debe caracterizarse por una mejora continua y transparencia en la información y el SFE que entrará en vigencia a fines de la presente gestión, nos permitirá ponernos tecnológicamente a la par con los países de la región, así como  optimizar la información que requiere el SIN para ejercer sus funciones con mayor eficiencia para beneficio de la ciudadanía en su conjunto.

Sin embargo, de acuerdo al punto de vista del Sr. Rivas, con la aplicación de la facturación electrónica “[…] los datos en recaudaciones e ingresos serán más precisos y las empresas tendrán que declarar la realidad […]”, lo que inexplicablemente es visto como algo negativo desde su óptica, pasando de defender la libertad al libertinaje en el accionar de aquellas empresas que actualmente cometen evasión tributaria. Por tanto, sincerar la información en el marco de la modernización y transparencia administrativa, debería ser motivo de satisfacción y no de desconfianza de la población.

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Los Tiempos

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20190323/columna/terrorismo-tributario-traves-desinformacion

LA AFP Y SU BAJA RENTABILIDAD

 Gustavo Durán Valenzuela | Economía Ascendente

La Constitución Política del Estado de 2009, establece que: “La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social”. La Ley 065 determina que la administración del Sistema Integral de Pensiones (SIP) estará a cargo de una empresa pública nacional estratégica.

Por acuerdo con la COB, se establece que el salario máximo de la Gestora es de Bs. 35 mil, monto que está muy por debajo de los salarios promedio de los ejecutivos del mercado financiero.

El rendimiento más alto del Fondo de Capitalización Individual (FCI) fue en octubre 2002, debido, a que las rentabilidades de los valores del TGN estaban indexados al dólar, cuya variación alcanzó un incremento del 10% respecto al boliviano, más su rentabilidad nominal que era del 8%.

A partir del año 2012, los bonos obligatorios del TGN adquiridos por el FCI al inicio del Seguro Social Obligatorio (SSO) comenzaron a vencer generando liquidez, que fue invertida por las AFP a tasas menores que disminuyeron la rentabilidad del FCI.

La diversificación actual del portafolio, es del 72% en el sector privado y 28% en el sector público, las AFP continúan invirtiendo en el mercado de Valores los recursos del FCI desde 1997 a la fecha, los resultados de estas operaciones no son los esperados, lo que afecta negativamente la rentabilidad del FCI.

La supuesta incertidumbre no es un factor que incida en la baja rentabilidad, según contrato de administración las AFP tienen la obligación de gestionar las mejores condiciones de inversiones de los fondos hasta el último día de su administración.

La expectativa de esperanza de vida no asciende a 110 años si no, más bien, a la expectativa de vida que tiene el asegurado al momento de solicitar su jubilación (mujeres 55 años y varones 58 años), la esperanza de vida está en función a la probabilidad de fallecer a determinada edad, considerando condiciones de acceso a salud, educación y otros aspectos sociales de la población, lo que no implica que el cálculo de jubilación para los asegurados tome en cuenta este límite.

La Gestora creada mediante D.S. 2248 establece la administración y representación de los fondos del SIP, Prestaciones, Beneficios y otros pagos de acuerdo a la Ley 065. Esta Entidad no forma parte de la demanda interpuesta por BBVA Previsión AFP SA. ante el CIADI, por lo que no tiene ningún efecto sobre los ahorros de los asegurados ni de los recursos de los Fondos de Pensiones y mucho menos sobre su rentabilidad.

La Ley 065, ha incorporado un pilar solidario que permite el acceso a la jubilación a través de la Pensión Solidaria, con los únicos requisitos de cumplimiento de edad y una cantidad mínima de 120 aportes. En el caso específico de un maestro con un referente salarial de Bs. 6.500, con una continuidad laboral de 35 años alcanza una pensión solidaria con el límite superior de 4.200 Bs., lo que equivale a un 65%.

La Ley 065, no establece un tratamiento diferenciado en el caso de los asegurados militares y para el sector de la policía, éstos se jubilan de acuerdo a la normativa establecida como para cualquier asegurado en el SIP.

Como ciudadano de este país, no puedo entender como hay personas que no saben de normativa y la historia de la Seguridad Social y solo logran confundir a la población boliviana.

También lo puedes leer en: 

El País

https://elpais.bo/las-afp-y-su-baja-rentabilidad/

Para aquellos expertos opinadores en desarrollo de Software

 Antonella López | Economía Ascendente

Estos días el tema en boga es la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y el Software que está ocasionando el retraso del funcionamiento del Sistema de Administración de Pensiones, el cual se encargará de automatizar todos los procesos que actualmente las Administradoras de Fondos de Pensiones tienen bajo su cargo.

Antes de emitir cualquier crítica respecto del Desarrollo e Implementación de un Sistema (Software), se debe explicar a los lectores que el desarrollo del mismo debe cumplir las siguientes fases para obtener un producto de calidad: determinación de requerimientos, análisis, diseño, codificación y corrección, pruebas de software e implementación.

El Senador Oscar Ortíz, candidato Presidencial por la Sigla “Bolivia Dice No”, realizó críticas a la ligera al referirse al Software de administración de los fondos de pensiones que hoy en día están en manos de empresas privadas BBVA Previsión AFP S.A. y FUTURO DE BOLIVIA S.A. – AFP.

Cada AFP tiene su propio sistema informático y una base de datos propia y específica para sus sistemas, en plataformas diferentes. Esto quiere decir que sus sistemas son diferentes en concepción, almacenamiento y funcionamiento.

Por ejemplo si nos referimos al almacenamiento de información, este concepto está relacionado a la base de datos de un sistema, una base de datos puede tener diferentes campos, diferentes tablas y almacena millones de registros (datos), por otra parte estos datos se almacenan en motores de base de datos como ser ORACLE, MySQL, MongoDB, entre otros. Para entender lo anterior, en la conferencia de prensa del Ministro de Economía Luis Arce, se mencionaron algunos detalles de las bases de datos y de los sistemas de las AFP Previsión y Futuro.

Una de las bases de datos de las AFP está diseñada en una versión que ya no cuenta con soporte del proveedor del motor de base de datos, es como la plataforma Windows XP, existe, pero ya no tiene actualizaciones disponibles para esa versión y en caso de que se presente un problema, no cuenta con el soporte técnico para resolver los problemas que puedan generarse en esa versión anterior.

La otra base de datos de la segunda AFP, fue desarrollada en AS/400 que es un sistema integrado muy complejo que incluye hardware (parte física, el fierro que soporta el sistema), el software (el sistema predeterminado desarrollado para esa plataforma), la seguridad, una base de datos y otros componentes, esto es como tener un celular con un sistema operativo IOS, bloqueado para cualquier modificación o mejora, como los que tienen los IPHONE.

Al tener los registros de los asegurados en las AFP en dos bases de datos con características físicas diferentes y sistemas concebidos de diferente manera, significa que los dos sistemas no son compatibles. La migración de los datos de los 2.2 millones de asegurados y 925 millones de registros, que tiene el Sistema Integrado de Pensiones, no es algo simple como Copiar y Pegar un texto o una tabla.

Por otra parte cada software que usan actualmente las AFP Previsión y Futuro, tiene sus propias especificidades y en algunos casos podrían tener llaves o puertas traseras, inmersas en el código fuente de dichos sistemas, este aspecto técnico podría detectarse haciendo una ingeniería a la inversa de cada sistema. Hacer una ingeniería a la inversa implica tiempo y requiere de un equipo de ingenieros en sistemas, informáticos forenses, entre otros; que permitan conocer en detalle cómo fue concebido el diseño de las bases de datos, sus campos y el desarrollo del software como tal.

Para quienes conocen algo sobre desarrollo de sistemas, el tiempo de implementación depende de la concepción de cero con los requerimientos del cliente y la complejidad del mismo y la cantidad de trabajo (horas-hombre), según la dimensión del sistema. En el caso del Sistema de Administración de Pensiones que usará la Gestora Pública se debe comprobar  que el nuevo sistema que está siendo desarrollado por la Empresa SYSDE INTERNACIONAL INC., debe cumplir a cabalidad los requerimientos de la Gestora. Asimismo se debe garantizar que se puedan migrar los millones de registros de los asegurados de ambas AFP y éstos sean consolidados de manera íntegra y estén disponibles en su totalidad con todos sus datos y transacciones históricas.

Asimismo deben contar con tablas de auditoría que permitan almacenar información de cualquier consulta, creación, adición, modificación, u otras operaciones que realicen los usuarios, a las bases de datos; esto permitirá realizar la trazabilidad (seguimiento) de la información.

Es por esta razón que algunos opinadores cuestionan el retraso de la entrega del Sistema, sin tener en cuenta que son 83 productos aproximadamente y 890 adecuaciones a la normativa vigente en nuestro país, los cuales deben funcionar correctamente para que los procesos del Sistema de Gestión de Administración de Pensiones sean confiables, seguros y tengan un alto grado de automatización. Previo a su funcionamiento, con la responsabilidad que amerita dar continuidad al Sistema de Pensiones, estos sistemas deberán ser sometidos a diferentes tipos de pruebas de calidad de software para su posterior puesta en marcha.

Finalmente, los beneficiarios quienes usarán este sistema que integrará los 2.2 millones de asegurados en una sola base de datos, serán la Gestora Pública y nosotros como asegurados del Sistema Integral de Pensiones nos beneficiaremos con información transparente y disponible de forma inmediata los 365 días del año.

También lo puedes leer en:

Eju.Tv

http://eju.tv/2019/03/para-aquellos-expertos-opinadores-en-desarrollo-de-software/

El común denominador de las crisis argentinas

 Omar Yujra Santos | Economía Ascendente

Bolivia 12/09/2019.- Luego de las elecciones la espiral hiperinflacionaria se disparó a 3.079% y una devaluación del 4.771%, hubo reclamos de comida, saqueos y desde luego movilizaciones sindicales, son algunas de las características de la crisis económica de Argentina en 1989.
En el gobierno de Menem que se caracterizó por la implementación de las recetas del Consenso de Washington, época de apogeo neoliberal, el desempleo creció del 6% en esa gestión a 22% en 2002 y la inflación promedio estaba en el orden del 69,7%, en un marco de protestas de desocupados que bloqueaban rutas y puentes llamados “piqueteros”, a esto se sumaron circuitos informales de trueque ante la carencia de dinero en cerca de 2 millones de personas, además de comedores y asambleas populares.
Tras una década de paridad cambiaria (un peso argentino era igual a un dólar) por el temor a la inflación, establecida a través de la Ley de Convertibilidad de 1991, el Gobierno decidió devaluar la moneda al tiempo que los ahorros bancarios se mantenían congelados. Esto es lo que se conoció como el "corralito", que impedía la devolución de ahorros y la fuga de capitales.
Entre las políticas de ajuste, se aplicó una disminución del 13% en el salario de los empleados públicos y las pensiones para contrarrestar el déficit fiscal, lo que más tarde desembocó en un estallido social con los llamados “cacerolazos”.
No se puede olvidar que en la década de los 90 también se produjeron una serie de problemas financieros, en varios países del mundo que coloquialmente se denominaron efectos Tequila (México), Vodka (Rusia), Samba (Brasil) y Tango (Argentina), principalmente ocasionados por la devaluación de sus monedas.
Luego del 2002 estas reacciones sociales se fueron disipando durante los gobiernos de los Kirchner, hasta el ingreso al gobierno de Mauricio Macri.
Entre 2016 y 2019, Argentina presentó una disminución considerable de su crecimiento, entrando en recesión económica (tasas negativas de crecimiento consecutivas), de un 2,7% en 2015 a -2,5% en 2018 y al primer trimestre de este año de -5,8%, esto acompañado de una alta inflación prevista mayor al 40%, devaluaciones (cerca de 60 pesos por cada dólar) y mayor deuda que pasó del 50% al 85% del PIB en los últimos cuatro años, además que el desempleo llegó al 10,1% y la pobreza se incrementó a 27%.
Estos resultados negativos se dieron por la implementación de medidas poco acertadas, que provienen, precisamente de la receta ortodoxa del neoliberalismo.
Ante una lectura mal hecha de la economía argentina disminuyeron el gasto, principalmente el social, incrementaron las tarifas de los servicios básicos, esto generó un estrangulamiento a la demanda agregada y una disminución de la producción, que a su vez gestó una espiral inflacionaria acompañada de una gran devaluación. Un retroceso en indicadores sociales y un incremento de la deuda, lo que permitido que ese país entre en default técnico (que el país no puede pagar su deuda).
En concreto, la crisis económica y social que hoy vive Argentina no es nueva, porque en su historia reciente se repitió varias veces, aunque fueron en distintos momentos y con diferentes presidentes, tuvieron y tienen un común denominador: políticas de corte neoliberal.

EA

Rentabilidad y Jubilación en el Sistema Integral de Pensiones

  Richard Silva | Economía Ascendente

En un artículo publicado en El Diario en días pasados, la señora Angélica Siles Parrado hace un análisis de la situación de varios aspectos relacionados al Sistema Integral de Pensiones aludiendo entre algunos, a los sueldos de la Gestora y la baja rentabilidad de los Fondos de Pensiones, atribuyendo erróneamente a la creación de la Gestora Pública.

Estos aspectos llaman profundamente la atención, debido a que la opinión de Siles no tiene asidero, por lo que amerita un análisis profundo que condice con la realidad y no con especulaciones.
Una primera precisión que es importante realizar, es que en la Gestora ningún trabajador gana o ganará como mínimo un sueldo de Bs 60.000, que nocivamente asevera la señora Siles, porque ninguna norma legal lo permite, además de existir un acuerdo de consenso con la Central Obrera Boliviana en el que se acordó con el Gobierno que el tope salarial alcanza a Bs 35.000, sin embargo señalar que hoy en día los gerentes de las AFP ganan más de Bs 120 mil.

Por otro lado, corrigiendo los datos incorrectos con los que se manejan ciertos analistas hasta diciembre de 2018 según la APS los Fondos de Pensiones sobrepasaron los $us17 mil millones y no como señala Siles de $us14 mil millones, producto del crecimiento del universo de aportantes y beneficiarios que superan al presente los 2.2 millones y de los rendimientos obtenidos por la inversión de los aportes de los trabajadores diversificados en distintos tipos de valores.

Con ligereza se asevera, que con la vigencia de la actual Ley N°065 de Pensiones se ha provocado incertidumbre en las inversiones y consecuentemente la baja en la rentabilidad de los fondos de pensiones, situación nada más perniciosa y contradictoria toda vez que el comportamiento de las inversiones es cambiante donde no siempre son ganancias también son pérdidas atribuibles a diversos factores como el alto riesgo de una inversión y el carácter fluctuante del mercado de valores, entre otros, por lo que no llega a ser suficiente la buena intención del administrador.

Respecto a la inversión en títulos emitidos por el Estado en pasados años fue una forma habitual de endeudamiento interno adoptada por anteriores gobiernos, toda vez que antes los gobiernos de turno requerían de recursos para gastos corrientes, por lo que se emitían títulos a tasas de interés altas con el consiguiente desangramiento del TGN, mostrando de esta manera una falsa eficiencia en las inversiones por parte de los administradores. Entre los años 2000 y 2010 el promedio de inversiones realizadas en títulos del TGN era del 70%, en tanto que a septiembre 2018 representa el 28% de los Fondos del SIP, según información disponible de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS.

Asimismo, la comentarista en su columna hace referencia a una cifra relacionada a la recaudación obtenida de los aportes de los trabajadores, pero omite el dato de que con la anterior Ley N° 1732 de Pensiones la recaudación apenas alcanzó a menos de Bs4 mil millones y con la actual a diciembre de 2018 a más de Bs11 mil millones, es decir que la recaudación se ha incrementado significativamente con la vigencia de la Ley N°065.

Por otro lado, cabe aclarar que el arbitraje instaurado por BBVA Previsión AFP S.A. contra el Estado Boliviano se desarrollará en el marco del Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y Bolivia – APPRI, del cual el Estado Boliviano ya no forma parte desde el 4 de enero de 2012, y no ante el Tribunal del CIADI.

En este ámbito la controversia instaurada se desenvolverá bajo el reglamento de la APPRI que por disposición de su procedimiento se considerará bajo un mecanismo complementario aplicado por el CIADI.

Asimismo se debe señalar que ante un negativo fallo que pueda resultar de la controversia arbitral, para tranquilidad de los trabajadores, se haría cargo el Estado Boliviano y no como señala la señora Siles con los aportes de los trabajadores, conforme señaló tiempo atrás la Procuraduría.

Por tanto, es evidente que bajo un análisis minucioso el grado de rentabilidad no se debe a la creación de una entidad sino a otros factores, a su vez que se demuestra que los aportes de los trabajadores están resguardados en la misma Ley de Pensiones, evitando de esta manera el uso arbitrario de los mismos.

También lo puedes leer en:
El País
https://elpais.bo/rentabilidad-y-jubilacion-en-el-sistema-integral-de-pensiones/

La participación de las OECOMs en los procesos de contratación

 
                                           Cyndi Casanovas | Economía Ascendente

Bolivia 25/03/2019.- Me he sorprendido hace unos meses y maravillado en gran manera al corroborar que nuestro Gobierno Nacional en estos últimos años ha desarrollado toda una gama de nueva normativa de contrataciones públicas que viabiliza el acceso de los pequeños productores, organizaciones económicas campesinas y organizaciones económicas comunitarias entre otros a las compras estatales que realizan todas las entidades públicas. Este aspecto es de mucho valor para nuestro Estado Plurinacional, considerando que en los anteriores gobiernos no existía normativa que permita a dichos productores el acceder ni aún a presentarse a una compra de mínima cuantía, por la interminable lista de requisitos que por norma se les exigía; sin embargo, puedo percibir que este aspecto ha sido analizado y considerado por el actual gobierno.

Es en este sentido que, obedeciendo el mandato constitucional de promocionar el consumo interno, entre las normativas de apoyo y promoción a la economía social comunitaria de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas reconocidas como Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOMs), se ha emitido el Decreto Supremo N°3639, de fecha 2 de agosto de 2018, por el cual se establece y regula la contratación directa de bienes, obras y/o servicios generales provistos por OECOM’s para las entidades del nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, hasta un monto de Bs1.000.000 (Un millón 00/100 de Bolivianos).

Asimismo, esta norma establece como únicos requisitos para participar de los procesos de contratación la presentación del documento de la Personalidad Jurídica de la comunidad indígena originario campesina, comunidad intercultural o comunidad afroboliviana según corresponda; Poder amplio y suficiente otorgado por la OECOM al o los representantes para el desarrollo de actividades económicas comunitarias y el documento de Identificación Personal del o los representantes; y finalmente la Certificación de pertenencia de sus organizaciones matrices, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios.

Con estos únicos tres requisitos cualquier OECOM puede participar en los procesos de contratación y queda habilitada para ser contratada por cualquier entidad pública que solicite la provisión de bienes, obras o servicios que puedan proveer las OECOMs. Por lo expuesto, invito a la opinión pública a dar lectura sobre la normativa precedentemente y corroborar este beneficio para las OECOMs.

También lo puedes leer en:

 La Época

http://www.la-epoca.com.bo/2019/04/11/la-participacion-de-las-oecoms-en-los-procesos-de-contratacion/

Las oportunidades del segundo aguinaldo

  Mauricio Rocabado Rocabado | Economía Ascendente

Bolivia 19/03/2019.- Una gran cantidad de personas tienen la percepción de que ser emprendedor es un tema al azar porque simplemente han apostado por un determinado rubro en la búsqueda de beneficios a corto plazo. Por otra parte, muchos de los emprendedores consolidaron sus actividades económicas, haciendo de sus ideas, ya sean creadas o heredadas a través del aprendizaje de sus padres o abuelos, una forma de vida y un sustento económico familiar. Asimismo, estas ideas plasmadas en los productos requieren ser del agrado de los consumidores para que las unidades productivas puedan crecer y progresar.

Durante muchos años, los pequeños y medianos productores de nuestro país se han visto limitados al acceso a compras estatales generalmente por las cantidades de producción con un mismo estándar de calidad. El Estado a través de sus diferentes dependencias realiza compras con importantes márgenes de preferencias a los micro, pequeños y medianos productores, sin embargo, en muchas ocasiones por limitaciones en tiempo y capacidad de producción, dichos bienes no pueden ser provistos por las unidades productivas antes mencionadas. Por otra parte, existe el problema de visibilización de las pequeñas unidades productivas del país. Seguramente muchos de los lectores al igual que quien escribe, recordarán algún producto nacional en particular que por alguna razón compramos y hoy quisiéramos hacerlo de nuevo, más no sabemos dónde encontrarlo, o quizás también recuerdan a aquel empresario que nos hizo degustar su producto, que a diferencia de las grandes marcas, no sólo lleva calidad sino que lleva su cariño, pasión y esperanza.

El pasado año al igual que en otras gestiones, el Gobierno Central informó que se cumplieron las metas de crecimiento económico establecidas para el pago del segundo aguinaldo, sin embargo, se determinó que el 15% del monto de este pago, sería destinado para la libre adquisición de productos nacionales. Lo anterior representa una gran oportunidad para acceder a mercados por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas, entre cuyos requisitos se establece su empadronamiento para obtener el Número de Identificación Tributaria (NIT) correspondiente. No obstante, las posibilidades de realizar ventas directas y generar nuevos consumidores de sus productos es invaluable. A inicios del mes de febrero, la Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Nélida Sifuentes Cueto, informó que el movimiento económico generado con el Doble Aguinaldo superó los 35 millones de bolivianos a nivel nacional con 2.398 puntos de venta y 962 empresas habilitadas. Hace unos días, el Viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Saturnin Ramos, informó que los empresarios vendieron 64,5 millones de bolivianos a través de este sistema, asimismo se realizarán nuevamente ferias con pequeños productores para este fin. Es un momento importante para nuestras empresas nacionales, ahora es momento de reencontrarnos con lo nacional, con lo nuestro.

La formalización es un procedimiento que todo emprendedor y más aún un empresario debería seguir al momento de establecer un negocio y ponerlo en marcha, lamentablemente lo anterior no sucede en todos los casos. Muchos emprendedores y empresarios poco serios, en su constante búsqueda de beneficios en el corto plazo, consideran que ser formal solamente representa gastos innecesarios a su negocio. Esta forma equivocada de pensar no toma en cuenta que de la misma manera que tributamos recibimos beneficios por parte del Estado, a través de obras y políticas públicas que incrementan la calidad de los servicios dirigidos a la ciudadanía, además formalizar un negocio brinda las posibilidades acceso a crédito, proyecta una imagen de confianza y seriedad al cliente, demuestra responsabilidad social empresarial, de igual manera se generan mayores oportunidades de negocios como las citadas en el presente documento, asegurando el futuro de sus conocimientos, su familia y sus actividades, todo ello siendo responsables con el Estado.

En definitiva, la formalización permite el acceso a mercados que ofrezcan mayores oportunidades, esta apertura para los micro, pequeños y medianos empresarios cuyo objetivo es crecer y mejorar sus condiciones de vida, es algo que no debe desaprovecharse dadas las políticas gubernamentales actuales que promueven la adquisición de productos nacionales.

También lo puedes leer en:
Diario Nuevo Sur
https://diarionuevosur.com/las-oportunidades-del-segundo-aguinaldo/

Ejecución presupuestaria

Javier Álvarez | Economía Ascendente 

Para medir la ejecución presupuestaria de una entidad debe considerarse el momento contable del ‘devengado’

Bolivia 20/03/2019.- Un reciente editorial de este matutino hace referencia a la supuesta existencia de varios mecanismos que se tendrían a la hora de reportar la ejecución presupuestaria en las entidades públicas, con la finalidad de mostrar una buena gestión fiscal. Sobre este particular, lo mejor será cortar por lo sano. Para ello, nada más claro, concreto y contundente que las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas mediante la Resolución Suprema 222957, que son de aplicación obligatoria para todas las entidades del sector público, y que en sus artículos 21 y 22, para el registro de Recursos y Gastos respectivamente, establecen que la ejecución del presupuesto se produce el momento en que la entidad pública devenga un recurso o un gasto.

Por tanto, para medir la ejecución presupuestaria de una entidad debe tomarse la información del momento contable del “devengado”, independientemente si los recursos fueron recaudados o si las obligaciones devengadas fueron efectivamente pagadas. En este sentido, me permitiría recomendar al “analista económico con reconocida trayectoria en el sector público” que considera que “lo correcto es que el devengado no entre a la ejecución presupuestaria” remitirse a la normativa citada, para rectificar su posición.

Ahora bien, queda por aclarar cuándo debe registrarse un devengado de recursos o de gastos. La citada norma determina que se considera devengado de recursos al registro del derecho de cobro a terceros, por venta de bienes, servicios y otros; y devengado de gastos cuando nace la obligación de pago a favor de terceros. Asimismo, determina que un devengado implica una modificación cualitativa y cuantitativa en la composición patrimonial de una entidad pública.

Sobre este particular, la nota editorial se refiere a una supuesta práctica que a entender del Secretario Departamental de Planificación de la Gobernación paceña es común en las entidades públicas, y que consistiría en incluir en la ejecución presupuestaria obras que todavía se encuentran en ejecución. Al respecto, la norma dispone que el devengado de gastos por la adquisición de bienes o servicios se reconoce cuando exista la recepción definitiva del bien o servicio (parcial o total) y a completa conformidad de la entidad contratante.

Con estas aclaraciones y las afirmaciones de su Secretario de Planificación, entenderíamos que el Gobierno Departamental de La Paz debería revisar sus registros presupuestarios y no considerar una supuesta práctica, que se encuentra contraria a la norma vigente. En todo caso, una lectura más amigable de la ejecución presupuestaria de una entidad pública podrá encontrase en un reporte de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento (CAIF), en la que se puede apreciar si la entidad tuvo un ahorro o desahorro o un superávit o déficit; conocer sus ingresos y gastos corrientes, recursos y gastos de capital, así como sus fuentes y aplicaciones financieras.

También lo puedes leer en: 

La Razón   

http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Ejecucion-presupuestaria_0_3114888485.html

La gestión pública y la CPE

Carlos Alberto Tudela Ocampo | Economía Ascendente

Bolivia 16/09/2019.- En febrero se cumplieron 10 años de la aprobación y entrada en vigencia de la Constitución Política del Estado, la cual, más allá de lo que puedan aducir sus cultores o sus detractores, constituye un documento histórico que cambió la configuración estructural, política y administrativa del Estado boliviano. Su gestación se produjo a través de un proceso constituyente refundacional, que tenía sus raíces históricas en un cúmulo de luchas encarnadas en el seno de los movimientos sociales, pueblos indígena-originario-campesinos y las poblaciones de las áreas urbanas.
La Constitución presenta un nuevo desafío orientado hacia el desarrollo del “Vivir bien” en el país, el establecimiento de derechos, la redistribución de la riqueza y una nueva relación entre sociedad y Estado, a través de la implementación de procesos autonómicos, la participación de la sociedad en la actividad estatal, y la descolonización del Estado y de sus instituciones.
La CPE impulsó la construcción de una nueva gestión pública, que entre otros objetivos buscaba integrar el pluralismo institucional emergente de las nuevas estructuras del Estado, así como generar espacios de participación e inclusión. Este nuevo escenario constitucional ha permitido dar un salto cualitativo en cuanto a gestión pública, al superar el paradigma meramente administrativo del Estado tradicional y centralizado que había caracterizado la gestión de las últimas décadas, para ingresar en una etapa de la gestión holística que integra la administración a otros componentes de la gestión pública.
Hoy vemos en la gestión el desarrollo de contextos innovadores como la implementación de procesos de gestión para el largo, mediano y corto plazo, eliminando paulatinamente la gestión cortoplacista. Los diferentes niveles de gobierno pueden desarrollar su gestión, su legislación y sus regulaciones, desde sus ámbitos territoriales y desde sus ámbitos competenciales a través de procesos autonómicos, superando el excesivo centralismo.
Por primera vez en nuestro país podemos hablar del reconocimiento y la inclusión formal de una gestión de los gobiernos autónomos indígena originario campesinos, que incorporan sus normas, procedimientos, instituciones y autoridades propias; y también hablamos de un gobierno autónomo regional que permite a una determinada región del país desarrollar sus potencialidades y hacer su gestión conforme a sus demandas regionales.
La sociedad civil forma parte activa de la gestión a través de la participación y control social así como con la rendición pública de cuentas. Pero más allá de lo señalado, la Constitución conlleva el reto de seguir construyendo una nueva gestión pública plurinacional.

También lo puedes leer en: 
La Razón
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/gestion-publica-cpe-bolivia_0_3148485185.html

BOLIVIA LÍDER EN CRECIMIENTO

 FRANZ ROBERTO QUISBERT PARRA | ECONOMÍA ASCENDENTE

Bolivia 10/09/2019.- El desempeño boliviano en cuanto al crecimiento del PIB real fue sostenible a través del tiempo y Bolivia se constituye en el líder del crecimiento frente a otros países de América del Sur.

Pero ¿cuáles fueron las razones por la cual existe este crecimiento económico en Bolivia?

Una de las razones han sido los Hidrocarburos cuando en 2006, el Presidente Evo Morales decretó la Nacionalización, se inició una nueva etapa en la economía boliviana donde algunas empresas privadas pasaron a manos del Estado y, también se realizó la renegociación de contratos con empresas extranjeras que continuaron operando en el país.

Por tanto una docena de multinacionales suscribieron nuevos contratos con la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y se acordó el pago de un tributo sobre el valor de la producción de entre el 50 y el 85% aumentando considerablemente los ingresos del Estado.

Este incremento de ingresos fiscales permitió fuertes inversiones públicas y un modelo de desarrollo productivo basado en la demanda interna.

Por otra parte, el crecimiento económico ha sido impulsado principalmente por el boom de las materias primas, los ingresos por aumento de impuestos, significativas inversiones públicas y alto gasto social.

Durante el boom de las materias primas la pobreza en Bolivia bajó un tercio y las autoridades ahorraron una parte de los recursos construyendo un cuantioso colchón financiero, que pasó de US$700 millones a US$20.000 millones, configurando un ahorro que le permitió amortiguar la caída de precios de las materias primas a partir de 2014.

Por otra parte otro factor importante ha sido la caída en la dolarización permitiendo mejorar la efectividad de la política monetaria, que ha contribuido a la estabilidad del sector financiero y ha permitido que más bolivianos tengan acceso al crédito y a los servicios financieros.

Finalmente la estabilidad social ha contribuido al crecimiento económico, antes entre 2001 y 2005 Bolivia tuvo cinco presidentes bajo un clima de alta polarización y conflictividad. Al inicio del mandato de Morales también se atravesaron momentos muy complicados, durante el proceso constituyente y con sus adversarios políticos se atrincheraron en las regiones ricas de Bolivia.

Sin embargo, la radicalidad de los primeros años fue disminuyendo. A lo anterior se suman indicadores de inclusión que favorecen la estabilidad. Por ejemplo, entre 2004 y 2015 la pobreza bajó de un 63% de la población a un 39%.

Por otro lado, la distribución del ingreso también mejoró en ese período. Bolivia pasó de ser el país más desigual en Sudamérica a situarse en una posición promedio en la región.

Todos estos logros determinan que se tiene un excelente Sr. Presidente, Juan Evo Morales Ayma, que con las políticas que ha implementado han permitido la estabilidad y el liderazgo en crecimiento económico frente a los países de América del Sur, a la vez esto permite tener una publicidad fuerte en las próximas elecciones porque se debe vivir de realidades y no de promesas o demagogia como hacen en la campaña de las próximas elecciones los otros candidatos de la oposición.

EA