Por: Pablo Cachaga Herrera
Las semanas pasadas algunos medios de circulación nacional destacaron entre sus noticias económicas un supuesto déficit fiscal para la presente gestión, el cual habría sido anunciado por autoridades de gobierno días antes. Este anuncio fue bien aprovechado por “analistas” económicos y candidatos a la presidencia que expusieron que el mismo se debería a un mayor gasto corriente lo cual induciría a mayor esfuerzo fiscal en recaudación con el propósito único de cerrar esa brecha.
Valdría la pena hacer remembranza a la población en general que antes del 2006, el presidente de Bolivia ganaba Bs29.900, cerca de 80 salarios mínimos nacionales (SMN). Luego de la toma de posesión del actual gobierno, se inició una dura política de austeridad fiscal que implicó fuertes ajustes al gasto corriente como la reducción del número de representaciones en el extranjero, supresión de ítems fantasmas, eliminación de los gastos reservados y disminución al salario del primer mandatario de Estado a Bs15.000, este último sirve como techo referencial y frenó el crecimiento de los salarios del sector público.
Una vez corregido estos desequilibrios que dejó el Neoliberalismo, comenzó una política salarial mucho más activa y focalizada que implicó incrementos salariales recurrentes, inversamente proporcionales y por encima de la tasa de inflación mejorando así el poder adquisitivo de las familias trabajadoras en sectores históricamente olvidados como son salud, educación, policía y defensa.
Claro está que los gastos salariales no explican todo el componente del gasto corriente, otra de las partidas que se dinamizó en los últimos años fue las transferencias al sector privado, esto debido a la implementación de diferentes medidas sociales como la otorgación de Bonos que lograron reducir la deserción escolar, la mortalidad infantil y devolver la dignidad a nuestros queridos abuelitos. Para el año 2005 las transferencias al sector privado alcanzaban tan sólo Bs395 millones, mientras en 2013 este ítem sumó Bs6.083 millones. En la última gestión el Bono Juancito Pinto benefició 1.951.385 niños, el Bono Juana Azurduy 80.465 madres y 120.287 niños y la Renta Dignidad 849.033 personas, estas medidas en definitiva coadyuvó a la reducción de la pobreza en Bolivia.
Por otra parte, el gasto en bienes y servicios, otro componente del gasto corriente, se acrecentó debido a que la inversión pública se cuadruplicó desde 2006, dando nacimiento a nuevos hospitales, escuelas, aeropuertos, infraestructura pública que lógicamente requiere un mayor gasto de funcionamiento para compensar la insipiente oferta de bienes públicos que dejó el viejo modelo económico.
Otro componente del gasto corriente son las jubilaciones que los gobiernos anteriores no supieron administrar bien, generando abultados déficits fiscales que obligaron a una reforma de pensiones regresiva. En el periodo 2006-2013 el pago a jubilados en promedio se duplicó de Bs2.417 millones a Bs4.385 millones con respecto al promedio 1998-2005, sin embargo, su participación en el gasto corriente disminuyó de 15% a 10% respectivamente, garantizando una mejora en las pensiones de los trabajadores sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema.
Por todo lo antes mencionado, se concluye que el gasto corriente puede ser una variable de política económica con fines redistributivos y que los temores de algunos “analistas” por un supuesto descontrol del gasto corriente que podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal son falsos y distorsionadores. En el periodo 2006-2013 el gasto corriente como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) se mantuvo estable en todo el periodo, en torno al 30% del PIB, demostrando de esta manera que con política fiscal se puede hacer redistribución del ingreso sin renunciar a los objetivos de estabilidad y sostenibilidad fiscal.
http://www.la-epoca.com.bo/index.php?opt=front&mod=detalle&id=3939Las semanas pasadas algunos medios de circulación nacional destacaron entre sus noticias económicas un supuesto déficit fiscal para la presente gestión, el cual habría sido anunciado por autoridades de gobierno días antes. Este anuncio fue bien aprovechado por “analistas” económicos y candidatos a la presidencia que expusieron que el mismo se debería a un mayor gasto corriente lo cual induciría a mayor esfuerzo fiscal en recaudación con el propósito único de cerrar esa brecha.
Valdría la pena hacer remembranza a la población en general que antes del 2006, el presidente de Bolivia ganaba Bs29.900, cerca de 80 salarios mínimos nacionales (SMN). Luego de la toma de posesión del actual gobierno, se inició una dura política de austeridad fiscal que implicó fuertes ajustes al gasto corriente como la reducción del número de representaciones en el extranjero, supresión de ítems fantasmas, eliminación de los gastos reservados y disminución al salario del primer mandatario de Estado a Bs15.000, este último sirve como techo referencial y frenó el crecimiento de los salarios del sector público.
Una vez corregido estos desequilibrios que dejó el Neoliberalismo, comenzó una política salarial mucho más activa y focalizada que implicó incrementos salariales recurrentes, inversamente proporcionales y por encima de la tasa de inflación mejorando así el poder adquisitivo de las familias trabajadoras en sectores históricamente olvidados como son salud, educación, policía y defensa.
Claro está que los gastos salariales no explican todo el componente del gasto corriente, otra de las partidas que se dinamizó en los últimos años fue las transferencias al sector privado, esto debido a la implementación de diferentes medidas sociales como la otorgación de Bonos que lograron reducir la deserción escolar, la mortalidad infantil y devolver la dignidad a nuestros queridos abuelitos. Para el año 2005 las transferencias al sector privado alcanzaban tan sólo Bs395 millones, mientras en 2013 este ítem sumó Bs6.083 millones. En la última gestión el Bono Juancito Pinto benefició 1.951.385 niños, el Bono Juana Azurduy 80.465 madres y 120.287 niños y la Renta Dignidad 849.033 personas, estas medidas en definitiva coadyuvó a la reducción de la pobreza en Bolivia.
Por otra parte, el gasto en bienes y servicios, otro componente del gasto corriente, se acrecentó debido a que la inversión pública se cuadruplicó desde 2006, dando nacimiento a nuevos hospitales, escuelas, aeropuertos, infraestructura pública que lógicamente requiere un mayor gasto de funcionamiento para compensar la insipiente oferta de bienes públicos que dejó el viejo modelo económico.
Otro componente del gasto corriente son las jubilaciones que los gobiernos anteriores no supieron administrar bien, generando abultados déficits fiscales que obligaron a una reforma de pensiones regresiva. En el periodo 2006-2013 el pago a jubilados en promedio se duplicó de Bs2.417 millones a Bs4.385 millones con respecto al promedio 1998-2005, sin embargo, su participación en el gasto corriente disminuyó de 15% a 10% respectivamente, garantizando una mejora en las pensiones de los trabajadores sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema.
Por todo lo antes mencionado, se concluye que el gasto corriente puede ser una variable de política económica con fines redistributivos y que los temores de algunos “analistas” por un supuesto descontrol del gasto corriente que podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal son falsos y distorsionadores. En el periodo 2006-2013 el gasto corriente como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) se mantuvo estable en todo el periodo, en torno al 30% del PIB, demostrando de esta manera que con política fiscal se puede hacer redistribución del ingreso sin renunciar a los objetivos de estabilidad y sostenibilidad fiscal.
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