La inclusión financiera es un concepto referido a la otorgación de acceso y posibilidades de uso de servicios financieros a quienes por diversas razones se encuentran marginados de ellos. Una de las causas que origina este hecho es la existencia de áreas geográficas donde las entidades financieras no están presentes y sus habitantes se encuentran desvinculados de sus servicios.
El no tener acceso a servicios financieros, es un factor que limita el desarrollo económico de la población y consecuentemente, en muchas situaciones, un obstáculo para salir de la pobreza.
Por el contrario, cuando las personas acceden a servicios financieros y abren cuentas de ahorro, este hecho suele constituir un primer paso para que las personas empleen posteriormente otros servicios que estimulan su actividad económica, entre ellos, créditos, tarjetas, banca electrónica, boletas de garantía, operaciones de comercio exterior, cuentas para recibir y efectuar pagos, etc., mismos que facilitan las actividades financieras de las personas.
Revisando algunas cifras de cobertura de servicios financieros en Bolivia, se advierte que en el año 2007 el 75% de los municipios no contaban con acceso a estos servicios; existían únicamente 1.673 Puntos de Atención Financiera (PAF) -espacio físico para realizar operaciones financieras- (261 en áreas rurales y 1.412 en zonas urbanas) y seis departamentos registraban un total de 352 (PAF).
Estas cifras reflejaban un escenario de alta concentración de entidades financieras en zonas rentables y una falta de interés en otras áreas menos beneficiosas, surgiendo la necesidad de que se implementen políticas de Inclusión Financiera que redistribuyan su participación.
Así, la Ley 393 de Servicios Financieros establece que el Estado tiene la tarea de definir el grado de crecimiento y expansión del sistema financiero a efectos de garantizar que toda persona pueda acceder a estos servicios. Con el Decreto Supremo 3033 se definen las metas anuales de expansión de PAF, particularmente en municipios con nula cobertura.
El Plan de Desarrollo Económico y Social señala que hasta el 2020, la atención de servicios financieros deberá ser ampliada al 75% de los municipios existentes y la Agenda Patriótica fija como meta de cobertura geográfica el 100% de los municipios del país hasta el 2025.
Según la ASFI, en 2007 la cobertura llegó al 25% de los municipios del país y en junio de este año a 59%, con una presencia de 6.309 PAF distribuidos en todo el territorio nacional (1.381 PAF en áreas rurales con un crecimiento de 429%) y en los seis departamentos a los que hacía referencia ahora se registran 1.424 PAF.
Por tanto, los resultados de las medidas implementadas constituyen un estímulo para que las entidades de intermediación financiera cumplan su función social de coadyuvar no sólo en la eliminación de la pobreza, sino también en la reducción de la exclusión social y económica de la población boliviana, medidas que de tener continuidad, posibilitarán que las metas de cobertura geográfica propuestas para el 2025 sean cumplidas.
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