Por: Gabriela Mendoza (*)
En la actualidad la mayor parte de las recomendaciones
de política económica, desde una perspectiva general, contiene elementos
centrados en la mayor disponibilidad de recursos fiscales. Dejando de lado las
diferencias ideológicas sobre la relación que guarda la disponibilidad de estos
recursos con el alcance adecuado de la participación económica del Estado,
además del esquema de descentralización fiscal vigente.
Generalmente, el incremento de recursos está dirigido
a dotar al Estado de mayores capacidades para la provisión de bienes públicos,
y en épocas de crisis, para generar el espacio que permita implementar
políticas para paliar los efectos recesivos de la parte baja del ciclo, además
de aliviar presiones al endeudamiento público.
Independientemente del corte teórico, la experiencia
señala que existe cierto consenso sobre la intervención estatal en materia
redistributiva, ya sea a partir de un sistema tributario progresivo, con mayor
afluencia de recursos provenientes de imposición directa, como es la
experiencia de países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico); o a partir de la obtención de mayores ingresos
fiscales y mediante la aplicación de medidas de gasto público que permitan
financiar políticas sociales dirigidas a compensar el acceso a los distintos
sistemas de salud, educación, asistencia y otros en la población de menores
estratos, principalmente.
La disponibilidad de recursos fiscales en un país determina el margen de acción de un Estado para ejecutar políticas redistributivas. Fortalece, por ende, la capacidad de corregir las fallas del mercado, e intervenir en el proceso redistributivo de los ingresos.
La disponibilidad de recursos fiscales en un país determina el margen de acción de un Estado para ejecutar políticas redistributivas. Fortalece, por ende, la capacidad de corregir las fallas del mercado, e intervenir en el proceso redistributivo de los ingresos.
En el caso boliviano no es lo mismo contar con
ingresos fiscales, que alcancen en promedio Bs 18.800 entre 2001 y 2005, que
contar con recursos fiscales en el último quinquenio cercanos a Bs 58.200
millones.
No se pueden ejecutar políticas redistributivas del
ingreso, bajo un contexto deteriorado en materia fiscal, con saldos negativos
en las cuentas públicas, elevados niveles de endeudamiento y gastos inflexibles
a la baja.
Aunque evaluando objetivamente los resultados en los
procesos de distribución y su sostenibilidad en el tiempo, resulta que la
estructura política y la descentralización fiscal marcan quiebres de suma
importancia, es así que todo proceso de descentralización que se dirige a
atender de manera más eficiente y cercana las necesidades de la población, pasa
necesariamente por una asignación eficiente de estos recursos y un enfoque
dirigido a incrementar la capacidad productiva regional, donde las capacidades
y la responsabilidad de los actores subnacionales adquieren un rol primordial.
El destino de los ingresos fiscales, principalmente en
una estructura económica descentralizada, y aún más, bajo un régimen
autonómico, es determinante a la hora de superar los problemas sociales como la
desigualdad en la distribución del ingreso, y la disminución de la pobreza.
De igual forma, cualquier salto en el estado cualitativo con miras a una mayor productividad de una economía necesariamente debe pasar y guardar coherencia entre los distintos niveles estatales.
Si bien los ingresos fiscales se incrementaron sustancialmente en el último quinquenio, a la hora de evaluar el proceso de asignación de recursos pareciera que el principal inconveniente en nuestra economía radica en el uso de los recursos fiscales, y en los resultados obtenidos a la fecha y a nivel regional, a partir de la transferencia de dichos recursos.
De igual forma, cualquier salto en el estado cualitativo con miras a una mayor productividad de una economía necesariamente debe pasar y guardar coherencia entre los distintos niveles estatales.
Si bien los ingresos fiscales se incrementaron sustancialmente en el último quinquenio, a la hora de evaluar el proceso de asignación de recursos pareciera que el principal inconveniente en nuestra economía radica en el uso de los recursos fiscales, y en los resultados obtenidos a la fecha y a nivel regional, a partir de la transferencia de dichos recursos.
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