Política Fiscal para las Autonomías

Por: Claudia Ruíz Morales (*)

Con la instauración de la nueva estructura y organización territorial en el país, se establecen lineamientos de política fiscal para garantizar la implementación de las autonomías de manera equilibrada y sostenible, permitiendo el desarrollo local y el crecimiento de la economía en su conjunto. Estos abarcan aspectos relacionados a la administración de sus recursos, empezando desde su registro presupuestario hasta la ejecución a través de la tesorería y su financiamiento.

La administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas (incluidas las autonomías) se rige por su presupuesto, disponiendo su ejecución conforme al plan general de desarrollo económico y social del país, que garantiza la sostenibilidad fiscal y financiera, preceptos basados en el principio de equilibrio fiscal y sujetos a los límites fiscales macroeconómicos.

En las entidades del ámbito territorial se establece la implementación de tesorerías departamentales, regionales, municipales e indígenas originaria campesinas sujetas a principios, normas y procedimientos emitidos por la instancia rectora del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público. Por ejemplo, el hecho de que la totalidad de sus recursos financieros se mantenga en cuentas corrientes fiscales autorizadas por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado permite más transparencia e incentiva la gobernabilidad que promueve el desarrollo de las regiones.

Por el lado del financiamiento, la contratación de créditos y empréstitos internos y externos de estas entidades territoriales es realizada en las condiciones más ventajosas en términos de tasas, plazos y montos, demostrando capacidad de generar ingresos para cubrir capital e intereses, enmarcándose en las políticas y niveles de endeudamiento, concesionalidad, programación operativa y presupuesto, permitiéndoles administrar sus finanzas en el marco de la sostenibilidad fiscal y financiera, que coadyuvan a la estabilidad macroeconómica.

Específicamente, la contratación de deuda pública externa debe ser autorizada por ley de la Asamblea Plurinacional, por tratarse de financiamiento contratado por el Estado.

La información financiera fiscal presentada por parte de estas entidades permite realizar análisis cuantitativos y cualitativos de su desempeño fiscal, posibilitando la formulación de lineamientos de política fiscal que coadyuvan a la transparencia y eficiencia en su administración.

La nueva organización política del Estado Plurinacional determina la creación de lineamientos de política fiscal innovadores y flexibles para que los niveles de gobierno se articulen con eficiencia, transparencia, prudencia, planificación, responsabilidad y sostenibilidad fiscal, estableciendo niveles de coordinación entre estos y a su vez generando sinergia en su interior. Asimismo, deben adecuar sus estructuras administrativas, lo que les permitirá la ejecución de programas y proyectos de desarrollo local integrales que mejoren el bienestar de sus regiones en términos de servicios básicos, empleo, seguridad e infraestructura.

(*) Economista
Publicado en El Cambio y El Deber el 09/03/2012, en La Epoca el 26/03/2012
http://www.la-epoca.com.bo/index.php?opt=front&mod=detalle&id=1529