Por: Donald M. Mamani Flores
En estos últimos días, durante el desarrollo de la campaña electoral realizada por los partidos políticos rumbo a las elecciones presidenciales, se escucha una serie de ofrecimientos, tales como vender los vehículos y aviones comprados por el Estado, luchar contra la delincuencia, nacionalizar la coca, recuperar la democracia y muchos otros. Pero lo que llama la atención es la oferta pública efectuada por Jorge Tuto Quiroga del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien propone entregar a cada boliviano mayor de 18 años una “libreta de acción propietaria” de las empresas públicas.
Al respecto, como en esta vida no es posible reinventar la rueda, la pólvora, el telégrafo, ni ninguna otra cosa que haya sido producida por mentes iluminadas, es preciso que esta generación de jóvenes electores, para que no se sientan como niños con juguete nuevo por la propuesta de Tuto, sepan que este viejo artilugio de distribución accionaria (del aparente 50% de las empresas públicas capitalizadas en la década de 1990), ya fue experimentado por el país durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y posteriormente cambiada por el extinto Hugo Banzer Suárez, quien mediante la Ley de Propiedad y Crédito Popular propuso ampliar y distribuir la propiedad de las empresas públicas a través de acciones populares hereditarias y libremente transferibles.
La propuesta de Goni respondía de alguna manera a objetivos socioeconómicos que, a través de la distribución de acciones entre todos los bolivianos mayores de edad, pretendía: universalizar la cobertura de la seguridad social a largo plazo, mejorar las condiciones de los jubilados y promover el ahorro interno. De igual manera, la Ley de Propiedad y Crédito Popular estaba orientada a otorgar mayores oportunidades para acceder a créditos y la expansión de los servicios financieros. ¿Existirán razones socioeconómicas para repetir este artilugio electoral de distribución de acciones a la vieja usanza? La respuesta debe considerar lo que sigue.
La antigua Ley de Pensiones (Nº 1732), que funcionaba sobre un modelo inequitativo y de financiamiento individual, durante sus 13 años de vigencia solo benefició a menos de 30.000 trabajadores. En contraste, la aplicación de la Ley de Pensiones (Nº 065) enmarcada en las premisas de solidaridad, equidad y universalidad permitió beneficiar a más de 36.000 personas en los últimos cuatro años.
Asimismo, la Ley de Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad) incorporó al régimen de Seguridad Social no Contributivo un beneficio para todas las personas mayores de 60 años de edad, que se favorecen con el pago anual de Bs 2.600 y Bs 3.250 (incluido el aguinaldo de la renta dignidad) para rentistas y no rentistas, respectivamente, que en 2013 benefició a 872.769 personas.
En cuanto al ahorro interno, una publicación de Luis Carlos Jemio, del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad), da cuenta de que el ahorro interno entre 1999 y 2005 fue de 13,9% respecto al PIB, mientras en el período 2006-2013 se duplicó a 24,2%
Por otra parte, en relación al acceso a créditos, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) reporta que entre 2004 y 2013 la cantidad de los prestatarios en el sistema financiero casi se triplicó, pasando de 476.496 a 1.268.200 personas. A la vez, se amplió la cobertura de servicios financieros a nivel nacional, considerando que en 2007 existían 1.673 puntos de atención y en 2013 se tiene 4.109 puntos.
Los datos señalados evidencian que no existen razones económicas para repetir una vieja receta al estilo neoliberal como se propone, sino que se trata de una oferta electoralista, a costa de descapitalizar a las empresas públicas, lo cual generaría un posible efecto sobre las inversiones y financiamiento crediticio. Por lo visto, queda nomás demostrado que en la guerra, en el amor y ahora en la coyuntura política “vale todo”.
En estos últimos días, durante el desarrollo de la campaña electoral realizada por los partidos políticos rumbo a las elecciones presidenciales, se escucha una serie de ofrecimientos, tales como vender los vehículos y aviones comprados por el Estado, luchar contra la delincuencia, nacionalizar la coca, recuperar la democracia y muchos otros. Pero lo que llama la atención es la oferta pública efectuada por Jorge Tuto Quiroga del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien propone entregar a cada boliviano mayor de 18 años una “libreta de acción propietaria” de las empresas públicas.
Al respecto, como en esta vida no es posible reinventar la rueda, la pólvora, el telégrafo, ni ninguna otra cosa que haya sido producida por mentes iluminadas, es preciso que esta generación de jóvenes electores, para que no se sientan como niños con juguete nuevo por la propuesta de Tuto, sepan que este viejo artilugio de distribución accionaria (del aparente 50% de las empresas públicas capitalizadas en la década de 1990), ya fue experimentado por el país durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y posteriormente cambiada por el extinto Hugo Banzer Suárez, quien mediante la Ley de Propiedad y Crédito Popular propuso ampliar y distribuir la propiedad de las empresas públicas a través de acciones populares hereditarias y libremente transferibles.
La propuesta de Goni respondía de alguna manera a objetivos socioeconómicos que, a través de la distribución de acciones entre todos los bolivianos mayores de edad, pretendía: universalizar la cobertura de la seguridad social a largo plazo, mejorar las condiciones de los jubilados y promover el ahorro interno. De igual manera, la Ley de Propiedad y Crédito Popular estaba orientada a otorgar mayores oportunidades para acceder a créditos y la expansión de los servicios financieros. ¿Existirán razones socioeconómicas para repetir este artilugio electoral de distribución de acciones a la vieja usanza? La respuesta debe considerar lo que sigue.
La antigua Ley de Pensiones (Nº 1732), que funcionaba sobre un modelo inequitativo y de financiamiento individual, durante sus 13 años de vigencia solo benefició a menos de 30.000 trabajadores. En contraste, la aplicación de la Ley de Pensiones (Nº 065) enmarcada en las premisas de solidaridad, equidad y universalidad permitió beneficiar a más de 36.000 personas en los últimos cuatro años.
Asimismo, la Ley de Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad) incorporó al régimen de Seguridad Social no Contributivo un beneficio para todas las personas mayores de 60 años de edad, que se favorecen con el pago anual de Bs 2.600 y Bs 3.250 (incluido el aguinaldo de la renta dignidad) para rentistas y no rentistas, respectivamente, que en 2013 benefició a 872.769 personas.
En cuanto al ahorro interno, una publicación de Luis Carlos Jemio, del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad), da cuenta de que el ahorro interno entre 1999 y 2005 fue de 13,9% respecto al PIB, mientras en el período 2006-2013 se duplicó a 24,2%
Por otra parte, en relación al acceso a créditos, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) reporta que entre 2004 y 2013 la cantidad de los prestatarios en el sistema financiero casi se triplicó, pasando de 476.496 a 1.268.200 personas. A la vez, se amplió la cobertura de servicios financieros a nivel nacional, considerando que en 2007 existían 1.673 puntos de atención y en 2013 se tiene 4.109 puntos.
Los datos señalados evidencian que no existen razones económicas para repetir una vieja receta al estilo neoliberal como se propone, sino que se trata de una oferta electoralista, a costa de descapitalizar a las empresas públicas, lo cual generaría un posible efecto sobre las inversiones y financiamiento crediticio. Por lo visto, queda nomás demostrado que en la guerra, en el amor y ahora en la coyuntura política “vale todo”.
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