Mucho se ha oído hablar a las autoridades de gobierno elogiando las cifras de inversión pública. Y no es para menos, entre 2006 y 2013, se invirtieron USD15.056 millones; casi duplicando el monto de USD8.491 entre 1990 y 2005. Pero la inversión pública es mucho más que un número, y es necesario hacer mención a los actores directos de la inversión, a qué la destinan y cómo nos beneficia.
Dejando de lado las cifras, municipios y gobernaciones muestran que el proceso de descentralización está madurando a pesar de ser pocos años de la aplicación de la Ley de Autonomías. En 2013, al alcanzar elevados niveles de ejecución, los gobiernos locales mostraron que son capaces de cumplir con sus presupuestos. En efecto, tienen un papel cada vez más activo en la provisión de bienes públicos. Esta mejora se ve plasmada en la construcción de sistemas de riego, de agua potable y alcantarillado; en el asfaltado y empedrado de calles y avenidas; en obras de encauce pluvial y embovedado de ríos; en construcción de centros de salud, módulos educativos, áreas deportivas y parques; en sistemas de electrificación rural; en la provisión de centros culturales, entre ellos museos y bibliotecas; en la creación de centros de asistencia social, como guarderías y albergues. Todas ellas orientadas a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes.
En este análisis no se puede prescindir del nivel Central de Gobierno. La ABC está construyendo varias carreteras que permiten una mayor integración del país, favoreciendo al mediano y grande empresario al abaratar sus costos de transporte, y permitiendo al pequeño productor del campo movilizar sus productos con más facilidad. Los ministerios también están comprometidos. Recientemente el Ministerio de Obras Públicas inauguró la Línea Roja del Teleférico, facilitando el desplazamiento de miles de personas; el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra ejecuta proyectos de apoyo a los productores rurales; el Ministerio de Educación se embarcó en la lucha por un país libre de analfabetismo con el proyecto “Yo sí puedo”.
Ahora bien, una de las diferencias más grandes en la gestión pública actual respecto a los gobiernos anteriores recae en el rol que juegan las empresas públicas. En la década de los 90, siguiendo la tendencia privatizadora la iniciativa pública jugaba un papel minúsculo dentro de la economía. Bajo la política actual sucede lo contrario: ahora tenemos más de 30 empresas públicas de tan sólo unas cuantas de carácter residual en 2005. Los resultados son la implementación de las redes de gas domiciliario, que benefician la economía de las familias; la construcción de la Planta Río Grande, un paso en la industrialización del gas que garantiza el suministro de GLP a la población y la exportación de excedentes; la ensambladora QUIPUS, que ha dotado de computadoras portátiles a escolares; el Satélite Túpac Katari, que permitirá mejorar las telecomunicaciones. Todos estos proyectos tienen por objetivo impulsar el proceso industrial y productivo en el país.
Es así que la inversión continuará de la mano del proceso de descentralización y del proceso de industrialización que avanzan con paso sólido. Probablemente todos los beneficios no sean visibles inmediatamente; sin embargo, hay que dejar en claro que estos números tan mencionados por las autoridades representan los cimientos para alcanzar una Bolivia fuerte y desarrollada.
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