Toda acción política se justifica en la medida de sus logros y se fortalece en los medios empleados para su cometido. Para Platón la administración del gobierno debiera recaer en aquellos que buscan con avidez aprender, o en un sentido más amplio estar dispuestos a conocer y avanzar lejos de la posición en la que actualmente se encuentran.
Esta visión marca claramente que un buen gobernante debiera contar entre sus varias cualidades el estar dispuesto al cambio y evitar estancarse en el statu-quo.
Ello significa rebelarse contra cualquier adoctrinamiento e imposición externa y a su vez transgredir toda convención presente impuesta por aquellos que detentaron el poder y que se nos presenta como inmutable y perenne. Es en este último comentario en el que subyace la actual discusión política entre el oficialismo y la oposición a poco más de un mes de llevarse adelante una nueva competencia electoral.
¿En qué sentido? En claramente cuestionar aquel cambio y la principal transgresión llevada adelante a partir de 2006, la “Nacionalización”. Aquella transgresión del orden imperante que se nos dilucidaba como el peor error que se podría llevar adelante, que ocasionaría el aislamiento nacional en materia de inversión extranjera, no dejo de ser más que propaganda alarmista movida por interés de mantener constante aquella construcción que inicio la Privatización y luego se llamó Capitalización.
Al contrario, la nacionalización significó ingentes cantidades de ingresos, ingresos que a su vez fueron prácticamente socializados hacia el resto de actores de la sociedad, se destinaron a los Gobiernos Autónomo Departamentales y Municipales, a las Universidades Públicas, al Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Originarios y Comunidades Campesinas, a los adultos mayores a través de la Renta Universal de Vejez, al Fondo de Educación Cívica Patriótica, a los estudiantes de primaria y secundaria con el Bono Juancito Pinto financiado con las utilidades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, además de otros gastos que se funden en las arcas del Tesoro General de la Nación, las cuales financian los actuales niveles de inversión pública junto con la inversión que hoy realiza YPFB.
Hoy las propuestas políticas buscan de forma perniciosa con propuestas de “distribuir las utilidades por hidrocarburos 50% al sector privado y 50% al sector estatal” retornar a la época en la que el Estado veía de palco como los ingresos de nuestros recursos hidrocarburíferos eran transferidos al exterior dejando solamente algunas migajas al erario nacional. Y con ello intentan reacomodar las piezas para buscar asemejarse más a la forma de Estado a la que están acostumbrados dado que en algún momento tuvieron las riendas del gobierno en sus manos.
Y adicionalmente, intentan en su carácter electoralista, nuevamente llenar los medios de pronósticos trágicos y por no decir destructivos tratando de congestionar el ideario colectivo con la sombra del “gasolizano”, en un afán de jugar con las emociones de la colectividad.
Hoy más que nunca nos situamos en tiempos que no pueden dar pie a retornar al pasado, subestimar la más grande cualidad de este siglo “el cambio”, y hacer de él un valor que no cambia, es un equívoco más del que no se puede esperar nada bueno para la democracia.
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