Por: Donald M. Mamani Flores
Lo dice el viejo adagio popular: “En la guerra, en el amor y ahora en la política vale todo”. Sin duda, esta frase da rienda a que algunos políticos como Samuel Doria Medina y otros dirigentes sindicales realicen propuestas que, desde un punto vista de la racionalidad económica, resultan insostenibles.
Me refiero a la reciente proposición realizada en esta etapa electoral que pretende pagar el bono anual a los jubilados, con recursos provenientes de la nacionalización de los vehículos indocumentados, cuyos propietarios pagarían 5.000 dólares por este trámite.
Me refiero a la reciente proposición realizada en esta etapa electoral que pretende pagar el bono anual a los jubilados, con recursos provenientes de la nacionalización de los vehículos indocumentados, cuyos propietarios pagarían 5.000 dólares por este trámite.
Ante esta propuesta sui géneris es necesario realizar algunas sensatas observaciones respecto a su sostenibilidad.
Para empezar, no es lo mismo ni es igual realizar un pago que se efectúa por única vez (stock), que realizar un pago continuamente durante años (flujo).
En economía debemos distinguir las variables de flujo y las variables de stock. Por ello, a fin de mostrar didácticamente esta diferencia, pensemos en un estanque con agua. El nivel del agua en el estanque es un “stock”, y se puede cuantificar como el número de litros de agua existentes. Ahora bien, si consideramos que además el estanque tiene un grifo por la cual entra agua y un desagüe por el que se elimina, tendremos lo que se denomina “flujo”.
Con este ejemplo, se pretende demostrar que la propuesta lanzada por Doria Medina es económicamente insostenible, puesto que en el hipotético caso de nacionalizar los 50 mil vehículos indocumentados que se mencionan, pagando por cada vehículo 5 mil dólares, tendríamos como resultado una cifra de 250 millones de dólares, monto total que al constituirse en un stock, se acabaría más temprano que tarde, considerando que el gasto anual para el Tesoro (flujo) ascendería a 92 millones de dólares, situación que en menos de tres años podría ocasionar insostenibilidad fiscal.
Peor aún, si consideramos que en los años siguientes habrá nuevos jubilados a quienes corresponderá pagar el pretendido “bono de jubilado”, que a su vez se vería más afectado por los incrementos salariales anuales, situación que siguiendo el ejemplo se constituiría en un flujo económico continuo, para lo cual el supuesto stock de recursos a obtenerse de la propuesta de nacionalización de chutos sería totalmente insuficiente.
Ni qué decir sobre la procedencia de dichos vehículos, lo que es el delito tributario de contrabando, que en lugar de ser sancionado, pretende compensar a los que inescrupulosamente infringen las leyes y arbitrariamente decidieron evadir el pago de los impuestos, fomentando así las actividades ilegales, cuando lo lógico sería castigar.
Bajo estas consideraciones resulta insostenible y económicamente irresponsable realizar propuestas para generar falsas expectativas a un sector vulnerable de la sociedad como es el de los jubilados, dejando de lado el hecho de que durante estos últimos años las políticas salariales y de redistribución de los ingresos han estado orientados a disminuir los niveles de pobreza de sectores vulnerables, conforme lo reconocen los organismos internacionales
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