Por: Claudia Ruiz Morales (*)
A través de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en febrero de 2009 se establece un nuevo modelo económico del Estado Plurinacional de Bolivia que comprende una economía plural orientada a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos.
Este nuevo modelo económico plantea al Estado como el principal protagonista y ejecutor de la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación, actuando en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos, buscando garantizar de esta forma su abastecimiento, distribución y redistribución de la riqueza y los excedentes económicos.
Este nuevo modelo económico plantea al Estado como el principal protagonista y ejecutor de la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación, actuando en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos, buscando garantizar de esta forma su abastecimiento, distribución y redistribución de la riqueza y los excedentes económicos.
En armonía con el planteamiento del nuevo modelo económico, se establece la profundización de la descentralización a través de la instauración de una nueva estructura y organización territorial, mediante la cual se reconocen distintos niveles de gobiernos autónomos como ser: departamental, regional, municipal e indígena originario campesino.
A estos nuevos niveles de gobierno autónomos se les asignan diferentes tipos de competencias a ser ejercidas en el ámbito de su jurisdicción (exclusivas, concurrentes y compartidas). Respecto a las competencias en materia económica, los niveles de gobierno autónomos ejercerán las referidas a la generación de ingresos a través impuestos, tasas y contribuciones especiales, cobro por prestación de servicios, recursos por regalías, fondos fiduciarios, fondos de inversión, endeudamiento y mecanismos de transferencia de recursos necesarios e inherentes a los ámbitos de sus competencias.
La administración de recursos por parte de los diferentes niveles autonómicos, requiere de un marco normativo basado en la sostenibilidad fiscal y financiera, regidos por el principio de equilibrio fiscal y sujetándose a los límites fiscales globales establecidos por el nivel central del Estado como impulsor del desarrollo económico.
A través de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, promulgada en julio de 2010, se establecen principios y lineamientos generales para la administración de los recursos públicos cuyo destino final es el mejoramiento de las condiciones de vida de los diferentes habitantes de estos niveles autonómicos que comprenden el país, los cuales permitirán la implementación de las autonomías en armonía con el planteamiento de la Constitución política del Estado.
En este contexto, se plantean importantes desafíos para las autonomías como los de implementar las tesorerías departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinas en sujeción a los principios, normas y procedimientos emitidos por la instancia encargada de las finanzas públicas, la canalización de recursos de financiamiento resguardando la sostenibilidad fiscal y financiera de sus entidades, los mecanismos mediante los cuales estas entidades deberán presentar la información relacionada a su desempeño de tal manera que sea posible coordinar políticas en el ámbito del desarrollo económico.
Estos desafíos implican que las entidades territoriales encaren estrategias para modernizar sus administraciones, hacer énfasis en la incorporación de personal idóneo e innovador que les permita establecer estructuras político administrativas que puedan interactuar con las políticas macroeconómicas planteadas en pos de dinamizar el nuevo modelo económico establecido y lograr el desarrollo local sincronizado con el desarrollo económico del país.
Así es como se construye el nuevo modelo económico. En la nueva etapa del desarrollo económico se asume lo plural (a través de las autonomías) articulándolo a un Estado fuerte que es capaz de financiar a las entidades territoriales. Con este enfoque se supera, en la práctica, el clásico centralismo que ahogo a las regiones durante mucho tiempo.
(*) Economista
A estos nuevos niveles de gobierno autónomos se les asignan diferentes tipos de competencias a ser ejercidas en el ámbito de su jurisdicción (exclusivas, concurrentes y compartidas). Respecto a las competencias en materia económica, los niveles de gobierno autónomos ejercerán las referidas a la generación de ingresos a través impuestos, tasas y contribuciones especiales, cobro por prestación de servicios, recursos por regalías, fondos fiduciarios, fondos de inversión, endeudamiento y mecanismos de transferencia de recursos necesarios e inherentes a los ámbitos de sus competencias.
La administración de recursos por parte de los diferentes niveles autonómicos, requiere de un marco normativo basado en la sostenibilidad fiscal y financiera, regidos por el principio de equilibrio fiscal y sujetándose a los límites fiscales globales establecidos por el nivel central del Estado como impulsor del desarrollo económico.
A través de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, promulgada en julio de 2010, se establecen principios y lineamientos generales para la administración de los recursos públicos cuyo destino final es el mejoramiento de las condiciones de vida de los diferentes habitantes de estos niveles autonómicos que comprenden el país, los cuales permitirán la implementación de las autonomías en armonía con el planteamiento de la Constitución política del Estado.
En este contexto, se plantean importantes desafíos para las autonomías como los de implementar las tesorerías departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinas en sujeción a los principios, normas y procedimientos emitidos por la instancia encargada de las finanzas públicas, la canalización de recursos de financiamiento resguardando la sostenibilidad fiscal y financiera de sus entidades, los mecanismos mediante los cuales estas entidades deberán presentar la información relacionada a su desempeño de tal manera que sea posible coordinar políticas en el ámbito del desarrollo económico.
Estos desafíos implican que las entidades territoriales encaren estrategias para modernizar sus administraciones, hacer énfasis en la incorporación de personal idóneo e innovador que les permita establecer estructuras político administrativas que puedan interactuar con las políticas macroeconómicas planteadas en pos de dinamizar el nuevo modelo económico establecido y lograr el desarrollo local sincronizado con el desarrollo económico del país.
Así es como se construye el nuevo modelo económico. En la nueva etapa del desarrollo económico se asume lo plural (a través de las autonomías) articulándolo a un Estado fuerte que es capaz de financiar a las entidades territoriales. Con este enfoque se supera, en la práctica, el clásico centralismo que ahogo a las regiones durante mucho tiempo.
(*) Economista
Publicado en Los Tiempos el 03/02/2012.
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