Por: Karina Moreno Sainz (*)
La denominada Cumbre Social para Profundizar el Cambio, desarrollada en Cochabamba, entre el 9 y 11 de enero del año en curso, tuvo entre sus conclusiones, o demandas, más de 70 leyes que, según las diferentes organizaciones sociales, son necesarias para profundizar el proceso iniciado con la Asamblea Constituyente y el nacimiento del Estado Plurinacional.
La Nueva Constitución Política del Estado, norma jurídica suprema que rige la organización del Estado, define los derechos y deberes fundamentales de los y las bolivianos, estableciendo una forma de autoridad y los límites de los órganos públicos; sin embargo su aplicación está sujeta a leyes, mismas que están desarrollándose lentamente, en tanto debemos seguir aplicando las leyes que acompañaron al desgastado modelo neoliberal.
La mesa de Autonomías, realzó la constitución de Bolivia como un Estado descentralizado y con autonomías, sin embargo hizo hincapié en la imperiosa necesidad de una adecuación normativa, que incluya la nueva Ley de Administración y Gestión Pública, que reemplace a la Ley SAFCO y la Ley de Gobiernos Locales en sustitución a la Ley de Municipalidades.
Debe recordarse que la Ley SAFCO, si bien tiene un enfoque sistémico basado “en teoría” en una gestión por resultados, es excesivamente procedimental, burocrática y centralista, lo que dificulta el desarrollo administrativo, especialmente en aquellas entidades autónomas de débil capacidad financiera como son los municipios tipo A (población menor a 5.000 habitantes), que por concentrarse en los procesos, pierden de vista los resultados (en Bolivia existen 85 municipios tipo A), todo ello sin mencionar que la cuestionada Ley SAFCO es producto de los paquetes recomendados por los organismos internacionales.
Imagínese cómo el Alcalde del Municipio de Nazacara de Pacajes del Departamento de La Paz debe implementar los ocho Sistemas de la Ley SAFCO, cuando sólo cuenta con un Oficial Administrativo al que paga un Haber Básico de Bs350, un Secretario y un Personal de Apoyo a los que paga a Bs80 cada uno, por debajo del mínimo nacional, para administrar cerca de Bs250.000 pocos recursos en realidad, pero la norma es única.
Es evidente que es difícil cambiar toda la estructura normativa desarrollada en el periodo neoliberal, pues se habla de 20 años de historia, sin embargo ahí está el gran desafío, el construir juntos, en consenso y como bolivianos el andamiaje normativo que rija la administración pública, que permita alcanzar los resultados sin descuidar la eficiencia y sobreponiendo el bienestar colectivo y que, además considere las grandes brechas entre las entidades autónomas.
(*) Economista
Publicado en Los Tiempos el 28/01/2012.
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