Por: Alejandro Oporto
Han transcurrido más de 20 años desde que el nivel municipal tiene la potestad de recaudación tributaria, pero hasta el día de hoy este no ha logrado superar los problemas de capacidad recaudatoria, mostrando una notable disparidad en este ejercicio.
La Ley N 1551 de 20 de abril de 1994, de Participación Popular otorgó al nivel municipal la potestad tributaria sobre importantes impuestos; sin embargo, la dependencia de las finanzas de este nivel de gobierno sobre las transferencias del Tesoro General de la Nación alcanza a un 77% del total de sus ingresos, según datos observados en el periodo 2005-2016.
Si bien la recaudación municipal ha mostrado un crecimiento importante de 316%, pasando de 750 bolivianos en 2005 a 3.118 millones en 2016, compuesta por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (50%), Propiedad de Vehículos Automotores (37%), Transferencia de Bienes Inmuebles (19%), Transferencia de Vehículos Automotores (4%), y otros impuestos (1%), encontramos grandes diferencias si comparamos la capacidad recaudatoria entre gobiernos municipales.
¿Por qué? El problema radica en que el citado crecimiento no ha sido impulsado por todos los municipios. Al interior de este nivel de gobierno existen grandes brechas en el ejercicio recaudatorio. Para demostrar esta asimetría comenzaré señalando que los 24 municipios más grandes (capitales e intermedios por encima de 50 mil habitantes, de categoría D) han recaudado el 92% del total, dejando sólo un 8% de participación para los demás 315 municipios de menor magnitud demográfica (que conforman el resto de las categorías A, B y C), de los cuales 16 no han reportado recaudación alguna.
Con base a esta información es posible señalar un importante dato: “la contribución promedio por habitante”, que apenas llegó a 122 bolivianos en los municipios pequeños (de hasta 5.000 habitantes, categoría A), en contraste con los municipios capitales e intermedios que asciende a 3.000 bolivianos para el mismo periodo.
La brecha recaudatoria no sólo existe entre los municipios más grandes y el resto, sino que también se repite entre municipios que tienen similar magnitud poblacional. Si vemos los datos del 2016, encontramos que el Gobierno Autónomo Municipal y de El Alto, con 848.452 habitantes, mayor en 81.984 habitantes a la Alcaldía de La Paz, apenas recaudó 162 millones de bolivianos.
En cambio los ingresos por este concepto para el municipio de La Paz llegaron a 558 millones de bolivianos (3,5 veces más que El Alto). El gobierno municipal de Quirusillas, con 2.995 habitantes, recauda 56.074 bolivianos, mientras que el de San Pedro, menor en sólo cuatro habitantes, no recauda nada.
Esta situación debería representar un escenario alarmante para el nivel municipal, ya que al no lograr desarrollar su capacidad recaudatoria, se posterga la consolidación de su autonomía financiera, que a la vez dificulta la implementación de políticas acordes a las necesidades y preferencias de la población beneficiaria.
En un futuro, es claro que las reformas a realizarse tienen que enfocarse al fortalecimiento de las capacidades del nivel municipal. Al respecto, el desarrollo del proceso del pacto fiscal boliviano podría representar una oportunidad para superar los actuales problemas de recaudación, ya que el mismo presenta como una de las alternativas de financiamiento el fortalecimiento de las administraciones tributarias municipales, según lo aprobado en la quinta etapa del señalado proceso.
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