Por: Donald M. Mamani Flores
Empecemos mencionando que las Naciones Unidas declararon a 2012 como Año Internacional de las Cooperativas, con el lema "Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor”. A ese propósito, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alentó a los gobiernos de los diferentes países y organismos reguladores a implementar políticas, leyes y normativas que propicien la constitución y crecimiento de las cooperativas.
Consecuentemente, podríamos deducir que la Ley 356, promulgada el 10 de abril de 2013, ha sido enmarcada en dichas recomendaciones, estableciendo la regulación general para el sistema cooperativo, en la cual se define a la cooperativa como una asociación sin fines de lucro, sustentada en principios y valores como: solidaridad, igualdad, reciprocidad, interés por la colectividad, responsabilidad, honestidad, y transparencia, entre otros. Además, de determinar una gama de sectores y actividades económicas en las que las cooperativas pueden incursionar (industria, vivienda, ahorro y crédito, turismo, salud, telecomunicaciones, agua y alcantarillado, electricidad, minería, etcétera).
Entonces, bajo un contexto ideal, preliminarmente concluiríamos que las cooperativas en total cumplimiento de sus fines, principios, valores y todo lo demás, se constituirían en una forma de solución a todos los males de la sociedad y visto de esa manera hasta resultarían una especie de panacea de salvación del mundo.
Siendo bastante crédulos no deberíamos dudar de la buena fe con la que estas cooperativas se crean o constituyen para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas en beneficio y responsabilidad con la sociedad. Sin embargo, viendo la realidad con lentes o cristales no empañados, es evidente que las cosas que suceden a nuestro alrededor no son de color de rosa con el que exponen -pintan o pretenden mostrar- sobre el cooperativismo, cual si fuera un ente canonizado y absoluto que se consagra sobre dogmas y consignas, que en la práctica revelan la existencia de sustanciales distorsiones al interior de estas instituciones.
De no ser así, no tendríamos cooperativas de telecomunicaciones intervenidas, cooperativas financieras en quiebra, cooperativas mineras que se hacen rentables, no sólo por los altos precios de minerales y metales.
Éste parece ser el caso de las cooperativas de tradición minera que, a lo largo de todos estos años, según un estudio del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), se han visto favorecidas por una serie de normas que van desde la transferencia de bienes, maquinaria y equipos de Comibol, pasando por una creación de fondos mineros, hasta llegar a la entrega de vetas y áreas de reserva fiscal a las cooperativas mineras.
Asimismo, el informe señalado muestra que la gran mayoría de las cooperativas mineras está concentrada en La Paz, Santa Cruz y Beni, que de una superficie de 73.000 hectáreas en 2008, pasaron a controlar 216 mil hectáreas en 2012 para su explotación.
En el plano económico, la investigación del CEDIB revela que, por ejemplo, en la gestión 2011, de un valor de 1.059 millones de dólares exportados por las cooperativas mineras, apenas pagaron 44 millones de dólares por regalías, cifra que significa el 4% del valor total exportado.
Si acaso se le suma el canon de arrendamiento que se paga por la explotación de los yacimientos de Comibol (1% aproximadamente del valor de producción) diríamos que las cooperativas tan sólo dejaron al Estado un 5% del valor exportado. Esto equivale a decir que el 95% del valor de exportación queda en manos de los cooperativistas y las comercializadoras de minerales y metales.
Si esto que se describe representa los beneficios que la aplicación de los principios y valores de las cooperativas, con miope claridad puede entenderse el porqué de tanto empeño del sector cooperativo minero por conseguir a toda costa la atención absoluta de sus demandas.
Entonces, ¿hasta qué punto realmente las cooperativas mineras coadyuvan a construir un mundo mejor, respondiendo a un verdadero interés colectivo, responsable con el Estado que somos todos, solidario con sus regiones y transparente con sus acciones?
Queda guardar la esperanza de que las normas del Estado puedan verdaderamente establecer los lineamientos generales y específicos, que permitan a las cooperativas de todos los sectores económicos responder al correcto y fiel cumplimiento de sus fines.
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