Por: Eduardo Durán
Recientemente la “Fundación Milenio” presento su informe de gestión (2013). A diferencia de anteriores ocasiones en las que el documento suele ser bastante repetitivo, esta vez si hubo una curiosa novedad: El documento pretendía demostrar que las empresas públicas operan con déficit.
Tal afirmación forma parte del credo neoliberal, uno de cuyos dogmas indica que las empresas estatales “son ineficientes por naturaleza”.
El neoliberalismo, que asoló América Latina a fines de la década de los ochenta, se construyó sobre la base del cuestionamiento a la intervención del Estado y en un análisis sesgado e interesado del funcionamiento de las empresas públicas.
Los neoliberales consideraban que la intervención del Estado en la economía era nociva para el desarrollo de Bolivia. Por ello apelaron a viejos argumentos económicos neoclásicos que mostraban que cuando se dejaba a los mercados actuar sin restricciones la “eficiencia” se incrementaba.
Explicaban que cuando los precios son librados a la interacción de la oferta y la demanda, ganaba la sociedad. Criticaron la organización de sindicatos laborales, pues consideraban que lograban elevarlos salarios de forma artificial, lo cual no reflejaba la productividad de los trabajadores. Para los neoliberales esta situación se volvía dañina cuando el Estado intervenía para garantizar los derechos de los obreros.
En cuanto a las empresas públicas, la crítica no fue menos feroz. Los neoliberales consideraban que dado que la propiedad era pública nadie estaba interesado en hacerlas funcionar, pues estaba ausente el interés por la ganancia propia de las empresas privadas. Decían que únicamente perseguían intereses políticos y sólo servían de “botín” de los gobiernos de turno que las usaban para brindar empleos a los correligionarios.
Su respuesta frente a este estado de cosas fue única: La privatización de las empresas públicas. Mediante este mecanismo, ingenuamente, creían que todos los males de la economía se resolverían. Pensaban que la salida del Estado del sector productivo traería el ansiado desarrollo, pues manejaban la hipótesis de que la administración estatal era parte del problema y no de la solución. Así en Bolivia desde 1985 se inició un programa de privatizaciones, mediante las cuales se entregó a voraces transnacionales: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Fundición de Vinto y otras.
Un repaso de la historia económica puede mostrar sí las promesas neoliberales se cumplieron. El retiro del Estado no significó un incremento de la producción. De hecho, entre 1985 y 2005 la tasa de crecimiento promedio fue de 3%. La inversión promedio no pasó de USD1.500 millones y si hubo beneficios, éstos fueron para las empresas transnacionales.
En cambio tras la vuelta de las empresas estatales la situación cambió radicalmente. A nivel nacional de existir únicamente 6 en 2005 se pasó a 23 en 2013. De ser prácticamente inexistentes a fines del siglo pasado, ahora representan cerca del 50% del presupuesto del Estado.
Esto ha permitido que puedan proveer los recursos necesarios para el desarrollo. Gracias al crecimiento de las empresas públicas el país tiene actualmente una tasa de desempleo inferior al 3%, goza de un crecimiento superior al 6% y en menos de 8 años ha triplicado su producto.
Aspectos que se han logrado porque se cuentan con empresas que gozan de buena salud financiera. En efecto mientras en 2005 las utilidades apenas alcanzaban a Bs69 millones, para 2013 llegan a Bs6.627 millones. Cuestión que muestra que no solo son eficientes sino que son capaces de aportar recursos para el financiamiento de la política social, tal como propugna el nuevo modelo económico instaurado desde 2006.
Milenio por supuesto no reconocerá esta cuestión, lo cual es previsible pues su orientación ideológica actúa como lo hacen las modernas religiones, si la realidad no se acomoda a los dogmas neoclásicos la misma es despreciada olímpicamente.
Recientemente la “Fundación Milenio” presento su informe de gestión (2013). A diferencia de anteriores ocasiones en las que el documento suele ser bastante repetitivo, esta vez si hubo una curiosa novedad: El documento pretendía demostrar que las empresas públicas operan con déficit.
Tal afirmación forma parte del credo neoliberal, uno de cuyos dogmas indica que las empresas estatales “son ineficientes por naturaleza”.
El neoliberalismo, que asoló América Latina a fines de la década de los ochenta, se construyó sobre la base del cuestionamiento a la intervención del Estado y en un análisis sesgado e interesado del funcionamiento de las empresas públicas.
Los neoliberales consideraban que la intervención del Estado en la economía era nociva para el desarrollo de Bolivia. Por ello apelaron a viejos argumentos económicos neoclásicos que mostraban que cuando se dejaba a los mercados actuar sin restricciones la “eficiencia” se incrementaba.
Explicaban que cuando los precios son librados a la interacción de la oferta y la demanda, ganaba la sociedad. Criticaron la organización de sindicatos laborales, pues consideraban que lograban elevarlos salarios de forma artificial, lo cual no reflejaba la productividad de los trabajadores. Para los neoliberales esta situación se volvía dañina cuando el Estado intervenía para garantizar los derechos de los obreros.
En cuanto a las empresas públicas, la crítica no fue menos feroz. Los neoliberales consideraban que dado que la propiedad era pública nadie estaba interesado en hacerlas funcionar, pues estaba ausente el interés por la ganancia propia de las empresas privadas. Decían que únicamente perseguían intereses políticos y sólo servían de “botín” de los gobiernos de turno que las usaban para brindar empleos a los correligionarios.
Su respuesta frente a este estado de cosas fue única: La privatización de las empresas públicas. Mediante este mecanismo, ingenuamente, creían que todos los males de la economía se resolverían. Pensaban que la salida del Estado del sector productivo traería el ansiado desarrollo, pues manejaban la hipótesis de que la administración estatal era parte del problema y no de la solución. Así en Bolivia desde 1985 se inició un programa de privatizaciones, mediante las cuales se entregó a voraces transnacionales: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Fundición de Vinto y otras.
Un repaso de la historia económica puede mostrar sí las promesas neoliberales se cumplieron. El retiro del Estado no significó un incremento de la producción. De hecho, entre 1985 y 2005 la tasa de crecimiento promedio fue de 3%. La inversión promedio no pasó de USD1.500 millones y si hubo beneficios, éstos fueron para las empresas transnacionales.
En cambio tras la vuelta de las empresas estatales la situación cambió radicalmente. A nivel nacional de existir únicamente 6 en 2005 se pasó a 23 en 2013. De ser prácticamente inexistentes a fines del siglo pasado, ahora representan cerca del 50% del presupuesto del Estado.
Esto ha permitido que puedan proveer los recursos necesarios para el desarrollo. Gracias al crecimiento de las empresas públicas el país tiene actualmente una tasa de desempleo inferior al 3%, goza de un crecimiento superior al 6% y en menos de 8 años ha triplicado su producto.
Aspectos que se han logrado porque se cuentan con empresas que gozan de buena salud financiera. En efecto mientras en 2005 las utilidades apenas alcanzaban a Bs69 millones, para 2013 llegan a Bs6.627 millones. Cuestión que muestra que no solo son eficientes sino que son capaces de aportar recursos para el financiamiento de la política social, tal como propugna el nuevo modelo económico instaurado desde 2006.
Milenio por supuesto no reconocerá esta cuestión, lo cual es previsible pues su orientación ideológica actúa como lo hacen las modernas religiones, si la realidad no se acomoda a los dogmas neoclásicos la misma es despreciada olímpicamente.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Por favor, ingrese sus comentarios sobre el artículo aquí: