La primera vez que escuché el término lumpen era estudiante universitario y llevaba la materia de economía minera. Mi profesor aludía a un eufemismo utilizado por Carlos Marx para referirse a un segmento de la clase proletaria que profundizaba las relaciones capitalistas y para su subsistencia desarrolla actividades al margen de la legalidad mediante el robo y la caridad.
El cooperativismo es una figura jurídica que fue reconocido en el Código de Comercio y la propia Constitución. Su práctica se popularizó en el sector minero, luego de que la mal llamada relocalización instaurada en el Decreto Supremo 21060 determinara el despido de más de 30.000 mineros, muchos de los cuales se acogieron a esta figura productiva para explotar aquellas vetas marginales donde la actividad minera ya no era rentable para el Estado.
El cooperativismo asumió un modo de explotación sincretizado entre el sistema capitalista y uno social, ya que si bien el Estado cede su derecho propietario al yacimiento por medio de las concesiones mineras a favor de una propiedad colectiva, el sistema de explotación continuo siendo asalariado y más posteriormente mecanizado a causa de los contratos de riesgo compartido que firmaron las cooperativas con empresas privadas extranjeras. Pero la esencia misma de búsqueda de la ganancia, a través de la explotación de un recurso natural no renovable, no cambió y fue encubierto bajo el estatus jurídico de entidad sin fines de lucro.
En años recientes, la actividad minera se dinamizó favorecida por el alza significativa de los precios internacionales de los minerales, una presión tributaria baja que dejó los gobiernos pro mercado, ausencia de regulación medio ambiental y mercantilización de las acciones mineras que compensó los altos costos derivados de una mano de obra que se encareció con los años, pero que generó los excedentes suficientes para hacer de ésta, una actividad rentable. Sin embargo, a diferencia de la lógica capitalista, no se concretó un proceso acelerado de acumulación del capital e innovación tecnológica que condujese a una baja sistemática en los costos medios y marginales de largo plazo, sino que la conducta rentista destinó los excedentes de esta pequeña clase burguesa emergente para saciar un apetitito voraz por el consumo suntuario de automóviles de lujo y bienes inmuebles.
A esta lógica parasitaria habría que sumar los constantes avasallamientos a minas privadas como Sayaquira, Puerta del Sol, Llallagua, Himalaya entre otros y el contrabando de oro en el norte de La Paz en condición de desperdicio quitándoles recursos al departamento. Este eufemismo de lumpen se adapta a un sector que en el último decenio poco ha aportado a las arcas del Estado pero del cual se ha beneficiado.
Es en este contexto que la aprobación de nueva ley minera adquiere importancia ya que debiera cambiar la dirección del actual sistema de producción y apropiación del excedente económico y reencausar el sistema capitalista de producción privada hacia uno donde el Estado sea quien asuma el rol de protagónico en consonancia con la CPE y el nuevo modelo económico. De mantenerse las tendencias actuales en precios, costos y productividad en el sector minero, queda en duda el sostenimiento de un subsector que podría resultar inviable en el largo plazo. Pese a que Alcides Arguedas ya no esté con nosotros siempre habrá alguien más que pueda contar las vicisitudes que encierra nuestra historia postcolonial minera.
El cooperativismo es una figura jurídica que fue reconocido en el Código de Comercio y la propia Constitución. Su práctica se popularizó en el sector minero, luego de que la mal llamada relocalización instaurada en el Decreto Supremo 21060 determinara el despido de más de 30.000 mineros, muchos de los cuales se acogieron a esta figura productiva para explotar aquellas vetas marginales donde la actividad minera ya no era rentable para el Estado.
El cooperativismo asumió un modo de explotación sincretizado entre el sistema capitalista y uno social, ya que si bien el Estado cede su derecho propietario al yacimiento por medio de las concesiones mineras a favor de una propiedad colectiva, el sistema de explotación continuo siendo asalariado y más posteriormente mecanizado a causa de los contratos de riesgo compartido que firmaron las cooperativas con empresas privadas extranjeras. Pero la esencia misma de búsqueda de la ganancia, a través de la explotación de un recurso natural no renovable, no cambió y fue encubierto bajo el estatus jurídico de entidad sin fines de lucro.
En años recientes, la actividad minera se dinamizó favorecida por el alza significativa de los precios internacionales de los minerales, una presión tributaria baja que dejó los gobiernos pro mercado, ausencia de regulación medio ambiental y mercantilización de las acciones mineras que compensó los altos costos derivados de una mano de obra que se encareció con los años, pero que generó los excedentes suficientes para hacer de ésta, una actividad rentable. Sin embargo, a diferencia de la lógica capitalista, no se concretó un proceso acelerado de acumulación del capital e innovación tecnológica que condujese a una baja sistemática en los costos medios y marginales de largo plazo, sino que la conducta rentista destinó los excedentes de esta pequeña clase burguesa emergente para saciar un apetitito voraz por el consumo suntuario de automóviles de lujo y bienes inmuebles.
A esta lógica parasitaria habría que sumar los constantes avasallamientos a minas privadas como Sayaquira, Puerta del Sol, Llallagua, Himalaya entre otros y el contrabando de oro en el norte de La Paz en condición de desperdicio quitándoles recursos al departamento. Este eufemismo de lumpen se adapta a un sector que en el último decenio poco ha aportado a las arcas del Estado pero del cual se ha beneficiado.
Es en este contexto que la aprobación de nueva ley minera adquiere importancia ya que debiera cambiar la dirección del actual sistema de producción y apropiación del excedente económico y reencausar el sistema capitalista de producción privada hacia uno donde el Estado sea quien asuma el rol de protagónico en consonancia con la CPE y el nuevo modelo económico. De mantenerse las tendencias actuales en precios, costos y productividad en el sector minero, queda en duda el sostenimiento de un subsector que podría resultar inviable en el largo plazo. Pese a que Alcides Arguedas ya no esté con nosotros siempre habrá alguien más que pueda contar las vicisitudes que encierra nuestra historia postcolonial minera.
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