Por: Marcelo Ticona (*)
El 27 de octubre de 2011, Michelle Bachelet, a la cabeza de un grupo consultivo de alto nivel, entregó al Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, un revolucionario informe que sostiene que un piso de protección social podría estimular el crecimiento económico y aumentar la cohesión social. El trabajó inicio en 2010 a iniciativa de de la Organización Internacional del Trabajo y contó con la colaboración de la Organización Mundial de la Salud, arribando al documento titulado “Piso de Protección Social para una globalización equitativa e inclusiva” (disponible en www.ilo.org).
El documento se basa en experiencias de países de todo el mundo en los que se comprobó que se puede reducir más rápidamente la pobreza y la exclusión social con un piso de protección social que garantice un ingreso mínimo a grupos vulnerables. El inicio de esta estrategia -sugiere el documento- es ampliar horizontalmente el acceso a servicios sociales esenciales y la seguridad de los ingresos. La Renta Dignidad de Bolivia es parte de estas experiencias exitosas y los resultados de este programa de protección social universal corroboran que la reducción de pobreza se aceleró y contribuyó al crecimiento de la economía.
En el 2007, de cada 100 bolivianos, 60 vivían en pobreza moderada y 38 en condiciones de pobreza extrema. En el 2011, después de cuatro años de pago de la Renta Dignidad, 12 personas menos están en pobreza moderada y 14 dejaron la pobreza extrema. Por supuesto no se puede asociar la reducción de pobreza a únicamente el pago de un beneficio -con seguridad han contribuido otros programas de protección y redistribución de ingresos-, sin embargo, es innegable que el efecto de este programa fue mejorar la calidad de vida de los adultos mayores del país brindándoles la seguridad de un ingreso mensual y vitalicio.
En el ámbito del desarrollo y frente a una coyuntura de crisis económica y financiera, se ha comprobado también que las medidas de protección social: (1) actúan de estabilizadores anticíclicos, (2) mitigan los efectos negativos sobre el mercado de trabajo, (3) mantienen la cohesión social y (4) estimulan la demanda agregada. En el caso nuestro, este último efecto se observa en el aumento del gasto mensual de 900.000 bolivianos y bolivianas mayores de 60 años, 83% de ellos sin ningún ingreso pagado por la seguridad social. La transferencia al grupo de beneficiarios en el último año alcanzó a $us256 millones y suma $us1.642 millones en cuatro años de vigencia de la Renta Dignidad.
Respecto del financiamiento de los programas, el informe de Bachelet hace referencia a la experiencia de ocho países: Bolivia, Botswana, Brasil, Costa Rica, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Tailandia donde se han encontrado, sin recetas únicas, espacios fiscales necesarios para financiar la protección social. Los tres primeros países mencionados tienen en común un tributo a los recursos naturales que financia la protección social, reconociendo la propiedad colectiva y necesidad de contribución al bienestar social de su explotación.
El informe de protección social permite confirmar, con buenas prácticas internacionales, que la asignación de una base universal mínima de recursos a un grupo vulnerable, como los adultos mayores, acelera la reducción de la pobreza y estimula la demanda agregada contribuyendo a ese motor de desarrollo interno. Con limitaciones y responsabilidad fiscal, seguramente, pero también con compromiso social y una visión progresiva de desarrollo, Bolivia es un ejemplo internacional de éxito en políticas sociales y económicas.
(*) Ingeniero Comercial
El Deber 09/02/2012 y El Cambio 10/02/2012, Publicado en Los Tiempos el 08/02/2012,
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