Rentabilidad y Jubilación en el Sistema Integral de Pensiones

  Richard Silva | Economía Ascendente

En un artículo publicado en El Diario en días pasados, la señora Angélica Siles Parrado hace un análisis de la situación de varios aspectos relacionados al Sistema Integral de Pensiones aludiendo entre algunos, a los sueldos de la Gestora y la baja rentabilidad de los Fondos de Pensiones, atribuyendo erróneamente a la creación de la Gestora Pública.

Estos aspectos llaman profundamente la atención, debido a que la opinión de Siles no tiene asidero, por lo que amerita un análisis profundo que condice con la realidad y no con especulaciones.
Una primera precisión que es importante realizar, es que en la Gestora ningún trabajador gana o ganará como mínimo un sueldo de Bs 60.000, que nocivamente asevera la señora Siles, porque ninguna norma legal lo permite, además de existir un acuerdo de consenso con la Central Obrera Boliviana en el que se acordó con el Gobierno que el tope salarial alcanza a Bs 35.000, sin embargo señalar que hoy en día los gerentes de las AFP ganan más de Bs 120 mil.

Por otro lado, corrigiendo los datos incorrectos con los que se manejan ciertos analistas hasta diciembre de 2018 según la APS los Fondos de Pensiones sobrepasaron los $us17 mil millones y no como señala Siles de $us14 mil millones, producto del crecimiento del universo de aportantes y beneficiarios que superan al presente los 2.2 millones y de los rendimientos obtenidos por la inversión de los aportes de los trabajadores diversificados en distintos tipos de valores.

Con ligereza se asevera, que con la vigencia de la actual Ley N°065 de Pensiones se ha provocado incertidumbre en las inversiones y consecuentemente la baja en la rentabilidad de los fondos de pensiones, situación nada más perniciosa y contradictoria toda vez que el comportamiento de las inversiones es cambiante donde no siempre son ganancias también son pérdidas atribuibles a diversos factores como el alto riesgo de una inversión y el carácter fluctuante del mercado de valores, entre otros, por lo que no llega a ser suficiente la buena intención del administrador.

Respecto a la inversión en títulos emitidos por el Estado en pasados años fue una forma habitual de endeudamiento interno adoptada por anteriores gobiernos, toda vez que antes los gobiernos de turno requerían de recursos para gastos corrientes, por lo que se emitían títulos a tasas de interés altas con el consiguiente desangramiento del TGN, mostrando de esta manera una falsa eficiencia en las inversiones por parte de los administradores. Entre los años 2000 y 2010 el promedio de inversiones realizadas en títulos del TGN era del 70%, en tanto que a septiembre 2018 representa el 28% de los Fondos del SIP, según información disponible de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS.

Asimismo, la comentarista en su columna hace referencia a una cifra relacionada a la recaudación obtenida de los aportes de los trabajadores, pero omite el dato de que con la anterior Ley N° 1732 de Pensiones la recaudación apenas alcanzó a menos de Bs4 mil millones y con la actual a diciembre de 2018 a más de Bs11 mil millones, es decir que la recaudación se ha incrementado significativamente con la vigencia de la Ley N°065.

Por otro lado, cabe aclarar que el arbitraje instaurado por BBVA Previsión AFP S.A. contra el Estado Boliviano se desarrollará en el marco del Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y Bolivia – APPRI, del cual el Estado Boliviano ya no forma parte desde el 4 de enero de 2012, y no ante el Tribunal del CIADI.

En este ámbito la controversia instaurada se desenvolverá bajo el reglamento de la APPRI que por disposición de su procedimiento se considerará bajo un mecanismo complementario aplicado por el CIADI.

Asimismo se debe señalar que ante un negativo fallo que pueda resultar de la controversia arbitral, para tranquilidad de los trabajadores, se haría cargo el Estado Boliviano y no como señala la señora Siles con los aportes de los trabajadores, conforme señaló tiempo atrás la Procuraduría.

Por tanto, es evidente que bajo un análisis minucioso el grado de rentabilidad no se debe a la creación de una entidad sino a otros factores, a su vez que se demuestra que los aportes de los trabajadores están resguardados en la misma Ley de Pensiones, evitando de esta manera el uso arbitrario de los mismos.

También lo puedes leer en:
El País
https://elpais.bo/rentabilidad-y-jubilacion-en-el-sistema-integral-de-pensiones/

La participación de las OECOMs en los procesos de contratación

 
                                           Cyndi Casanovas | Economía Ascendente

Bolivia 25/03/2019.- Me he sorprendido hace unos meses y maravillado en gran manera al corroborar que nuestro Gobierno Nacional en estos últimos años ha desarrollado toda una gama de nueva normativa de contrataciones públicas que viabiliza el acceso de los pequeños productores, organizaciones económicas campesinas y organizaciones económicas comunitarias entre otros a las compras estatales que realizan todas las entidades públicas. Este aspecto es de mucho valor para nuestro Estado Plurinacional, considerando que en los anteriores gobiernos no existía normativa que permita a dichos productores el acceder ni aún a presentarse a una compra de mínima cuantía, por la interminable lista de requisitos que por norma se les exigía; sin embargo, puedo percibir que este aspecto ha sido analizado y considerado por el actual gobierno.

Es en este sentido que, obedeciendo el mandato constitucional de promocionar el consumo interno, entre las normativas de apoyo y promoción a la economía social comunitaria de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas reconocidas como Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOMs), se ha emitido el Decreto Supremo N°3639, de fecha 2 de agosto de 2018, por el cual se establece y regula la contratación directa de bienes, obras y/o servicios generales provistos por OECOM’s para las entidades del nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, hasta un monto de Bs1.000.000 (Un millón 00/100 de Bolivianos).

Asimismo, esta norma establece como únicos requisitos para participar de los procesos de contratación la presentación del documento de la Personalidad Jurídica de la comunidad indígena originario campesina, comunidad intercultural o comunidad afroboliviana según corresponda; Poder amplio y suficiente otorgado por la OECOM al o los representantes para el desarrollo de actividades económicas comunitarias y el documento de Identificación Personal del o los representantes; y finalmente la Certificación de pertenencia de sus organizaciones matrices, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios.

Con estos únicos tres requisitos cualquier OECOM puede participar en los procesos de contratación y queda habilitada para ser contratada por cualquier entidad pública que solicite la provisión de bienes, obras o servicios que puedan proveer las OECOMs. Por lo expuesto, invito a la opinión pública a dar lectura sobre la normativa precedentemente y corroborar este beneficio para las OECOMs.

También lo puedes leer en:

 La Época

http://www.la-epoca.com.bo/2019/04/11/la-participacion-de-las-oecoms-en-los-procesos-de-contratacion/

Las oportunidades del segundo aguinaldo

  Mauricio Rocabado Rocabado | Economía Ascendente

Bolivia 19/03/2019.- Una gran cantidad de personas tienen la percepción de que ser emprendedor es un tema al azar porque simplemente han apostado por un determinado rubro en la búsqueda de beneficios a corto plazo. Por otra parte, muchos de los emprendedores consolidaron sus actividades económicas, haciendo de sus ideas, ya sean creadas o heredadas a través del aprendizaje de sus padres o abuelos, una forma de vida y un sustento económico familiar. Asimismo, estas ideas plasmadas en los productos requieren ser del agrado de los consumidores para que las unidades productivas puedan crecer y progresar.

Durante muchos años, los pequeños y medianos productores de nuestro país se han visto limitados al acceso a compras estatales generalmente por las cantidades de producción con un mismo estándar de calidad. El Estado a través de sus diferentes dependencias realiza compras con importantes márgenes de preferencias a los micro, pequeños y medianos productores, sin embargo, en muchas ocasiones por limitaciones en tiempo y capacidad de producción, dichos bienes no pueden ser provistos por las unidades productivas antes mencionadas. Por otra parte, existe el problema de visibilización de las pequeñas unidades productivas del país. Seguramente muchos de los lectores al igual que quien escribe, recordarán algún producto nacional en particular que por alguna razón compramos y hoy quisiéramos hacerlo de nuevo, más no sabemos dónde encontrarlo, o quizás también recuerdan a aquel empresario que nos hizo degustar su producto, que a diferencia de las grandes marcas, no sólo lleva calidad sino que lleva su cariño, pasión y esperanza.

El pasado año al igual que en otras gestiones, el Gobierno Central informó que se cumplieron las metas de crecimiento económico establecidas para el pago del segundo aguinaldo, sin embargo, se determinó que el 15% del monto de este pago, sería destinado para la libre adquisición de productos nacionales. Lo anterior representa una gran oportunidad para acceder a mercados por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas, entre cuyos requisitos se establece su empadronamiento para obtener el Número de Identificación Tributaria (NIT) correspondiente. No obstante, las posibilidades de realizar ventas directas y generar nuevos consumidores de sus productos es invaluable. A inicios del mes de febrero, la Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Nélida Sifuentes Cueto, informó que el movimiento económico generado con el Doble Aguinaldo superó los 35 millones de bolivianos a nivel nacional con 2.398 puntos de venta y 962 empresas habilitadas. Hace unos días, el Viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Saturnin Ramos, informó que los empresarios vendieron 64,5 millones de bolivianos a través de este sistema, asimismo se realizarán nuevamente ferias con pequeños productores para este fin. Es un momento importante para nuestras empresas nacionales, ahora es momento de reencontrarnos con lo nacional, con lo nuestro.

La formalización es un procedimiento que todo emprendedor y más aún un empresario debería seguir al momento de establecer un negocio y ponerlo en marcha, lamentablemente lo anterior no sucede en todos los casos. Muchos emprendedores y empresarios poco serios, en su constante búsqueda de beneficios en el corto plazo, consideran que ser formal solamente representa gastos innecesarios a su negocio. Esta forma equivocada de pensar no toma en cuenta que de la misma manera que tributamos recibimos beneficios por parte del Estado, a través de obras y políticas públicas que incrementan la calidad de los servicios dirigidos a la ciudadanía, además formalizar un negocio brinda las posibilidades acceso a crédito, proyecta una imagen de confianza y seriedad al cliente, demuestra responsabilidad social empresarial, de igual manera se generan mayores oportunidades de negocios como las citadas en el presente documento, asegurando el futuro de sus conocimientos, su familia y sus actividades, todo ello siendo responsables con el Estado.

En definitiva, la formalización permite el acceso a mercados que ofrezcan mayores oportunidades, esta apertura para los micro, pequeños y medianos empresarios cuyo objetivo es crecer y mejorar sus condiciones de vida, es algo que no debe desaprovecharse dadas las políticas gubernamentales actuales que promueven la adquisición de productos nacionales.

También lo puedes leer en:
Diario Nuevo Sur
https://diarionuevosur.com/las-oportunidades-del-segundo-aguinaldo/

Ejecución presupuestaria

Javier Álvarez | Economía Ascendente 

Para medir la ejecución presupuestaria de una entidad debe considerarse el momento contable del ‘devengado’

Bolivia 20/03/2019.- Un reciente editorial de este matutino hace referencia a la supuesta existencia de varios mecanismos que se tendrían a la hora de reportar la ejecución presupuestaria en las entidades públicas, con la finalidad de mostrar una buena gestión fiscal. Sobre este particular, lo mejor será cortar por lo sano. Para ello, nada más claro, concreto y contundente que las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas mediante la Resolución Suprema 222957, que son de aplicación obligatoria para todas las entidades del sector público, y que en sus artículos 21 y 22, para el registro de Recursos y Gastos respectivamente, establecen que la ejecución del presupuesto se produce el momento en que la entidad pública devenga un recurso o un gasto.

Por tanto, para medir la ejecución presupuestaria de una entidad debe tomarse la información del momento contable del “devengado”, independientemente si los recursos fueron recaudados o si las obligaciones devengadas fueron efectivamente pagadas. En este sentido, me permitiría recomendar al “analista económico con reconocida trayectoria en el sector público” que considera que “lo correcto es que el devengado no entre a la ejecución presupuestaria” remitirse a la normativa citada, para rectificar su posición.

Ahora bien, queda por aclarar cuándo debe registrarse un devengado de recursos o de gastos. La citada norma determina que se considera devengado de recursos al registro del derecho de cobro a terceros, por venta de bienes, servicios y otros; y devengado de gastos cuando nace la obligación de pago a favor de terceros. Asimismo, determina que un devengado implica una modificación cualitativa y cuantitativa en la composición patrimonial de una entidad pública.

Sobre este particular, la nota editorial se refiere a una supuesta práctica que a entender del Secretario Departamental de Planificación de la Gobernación paceña es común en las entidades públicas, y que consistiría en incluir en la ejecución presupuestaria obras que todavía se encuentran en ejecución. Al respecto, la norma dispone que el devengado de gastos por la adquisición de bienes o servicios se reconoce cuando exista la recepción definitiva del bien o servicio (parcial o total) y a completa conformidad de la entidad contratante.

Con estas aclaraciones y las afirmaciones de su Secretario de Planificación, entenderíamos que el Gobierno Departamental de La Paz debería revisar sus registros presupuestarios y no considerar una supuesta práctica, que se encuentra contraria a la norma vigente. En todo caso, una lectura más amigable de la ejecución presupuestaria de una entidad pública podrá encontrase en un reporte de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento (CAIF), en la que se puede apreciar si la entidad tuvo un ahorro o desahorro o un superávit o déficit; conocer sus ingresos y gastos corrientes, recursos y gastos de capital, así como sus fuentes y aplicaciones financieras.

También lo puedes leer en: 

La Razón   

http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Ejecucion-presupuestaria_0_3114888485.html

La gestión pública y la CPE

Carlos Alberto Tudela Ocampo | Economía Ascendente

Bolivia 16/09/2019.- En febrero se cumplieron 10 años de la aprobación y entrada en vigencia de la Constitución Política del Estado, la cual, más allá de lo que puedan aducir sus cultores o sus detractores, constituye un documento histórico que cambió la configuración estructural, política y administrativa del Estado boliviano. Su gestación se produjo a través de un proceso constituyente refundacional, que tenía sus raíces históricas en un cúmulo de luchas encarnadas en el seno de los movimientos sociales, pueblos indígena-originario-campesinos y las poblaciones de las áreas urbanas.
La Constitución presenta un nuevo desafío orientado hacia el desarrollo del “Vivir bien” en el país, el establecimiento de derechos, la redistribución de la riqueza y una nueva relación entre sociedad y Estado, a través de la implementación de procesos autonómicos, la participación de la sociedad en la actividad estatal, y la descolonización del Estado y de sus instituciones.
La CPE impulsó la construcción de una nueva gestión pública, que entre otros objetivos buscaba integrar el pluralismo institucional emergente de las nuevas estructuras del Estado, así como generar espacios de participación e inclusión. Este nuevo escenario constitucional ha permitido dar un salto cualitativo en cuanto a gestión pública, al superar el paradigma meramente administrativo del Estado tradicional y centralizado que había caracterizado la gestión de las últimas décadas, para ingresar en una etapa de la gestión holística que integra la administración a otros componentes de la gestión pública.
Hoy vemos en la gestión el desarrollo de contextos innovadores como la implementación de procesos de gestión para el largo, mediano y corto plazo, eliminando paulatinamente la gestión cortoplacista. Los diferentes niveles de gobierno pueden desarrollar su gestión, su legislación y sus regulaciones, desde sus ámbitos territoriales y desde sus ámbitos competenciales a través de procesos autonómicos, superando el excesivo centralismo.
Por primera vez en nuestro país podemos hablar del reconocimiento y la inclusión formal de una gestión de los gobiernos autónomos indígena originario campesinos, que incorporan sus normas, procedimientos, instituciones y autoridades propias; y también hablamos de un gobierno autónomo regional que permite a una determinada región del país desarrollar sus potencialidades y hacer su gestión conforme a sus demandas regionales.
La sociedad civil forma parte activa de la gestión a través de la participación y control social así como con la rendición pública de cuentas. Pero más allá de lo señalado, la Constitución conlleva el reto de seguir construyendo una nueva gestión pública plurinacional.

También lo puedes leer en: 
La Razón
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/gestion-publica-cpe-bolivia_0_3148485185.html

BOLIVIA LÍDER EN CRECIMIENTO

 FRANZ ROBERTO QUISBERT PARRA | ECONOMÍA ASCENDENTE

Bolivia 10/09/2019.- El desempeño boliviano en cuanto al crecimiento del PIB real fue sostenible a través del tiempo y Bolivia se constituye en el líder del crecimiento frente a otros países de América del Sur.

Pero ¿cuáles fueron las razones por la cual existe este crecimiento económico en Bolivia?

Una de las razones han sido los Hidrocarburos cuando en 2006, el Presidente Evo Morales decretó la Nacionalización, se inició una nueva etapa en la economía boliviana donde algunas empresas privadas pasaron a manos del Estado y, también se realizó la renegociación de contratos con empresas extranjeras que continuaron operando en el país.

Por tanto una docena de multinacionales suscribieron nuevos contratos con la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y se acordó el pago de un tributo sobre el valor de la producción de entre el 50 y el 85% aumentando considerablemente los ingresos del Estado.

Este incremento de ingresos fiscales permitió fuertes inversiones públicas y un modelo de desarrollo productivo basado en la demanda interna.

Por otra parte, el crecimiento económico ha sido impulsado principalmente por el boom de las materias primas, los ingresos por aumento de impuestos, significativas inversiones públicas y alto gasto social.

Durante el boom de las materias primas la pobreza en Bolivia bajó un tercio y las autoridades ahorraron una parte de los recursos construyendo un cuantioso colchón financiero, que pasó de US$700 millones a US$20.000 millones, configurando un ahorro que le permitió amortiguar la caída de precios de las materias primas a partir de 2014.

Por otra parte otro factor importante ha sido la caída en la dolarización permitiendo mejorar la efectividad de la política monetaria, que ha contribuido a la estabilidad del sector financiero y ha permitido que más bolivianos tengan acceso al crédito y a los servicios financieros.

Finalmente la estabilidad social ha contribuido al crecimiento económico, antes entre 2001 y 2005 Bolivia tuvo cinco presidentes bajo un clima de alta polarización y conflictividad. Al inicio del mandato de Morales también se atravesaron momentos muy complicados, durante el proceso constituyente y con sus adversarios políticos se atrincheraron en las regiones ricas de Bolivia.

Sin embargo, la radicalidad de los primeros años fue disminuyendo. A lo anterior se suman indicadores de inclusión que favorecen la estabilidad. Por ejemplo, entre 2004 y 2015 la pobreza bajó de un 63% de la población a un 39%.

Por otro lado, la distribución del ingreso también mejoró en ese período. Bolivia pasó de ser el país más desigual en Sudamérica a situarse en una posición promedio en la región.

Todos estos logros determinan que se tiene un excelente Sr. Presidente, Juan Evo Morales Ayma, que con las políticas que ha implementado han permitido la estabilidad y el liderazgo en crecimiento económico frente a los países de América del Sur, a la vez esto permite tener una publicidad fuerte en las próximas elecciones porque se debe vivir de realidades y no de promesas o demagogia como hacen en la campaña de las próximas elecciones los otros candidatos de la oposición.

EA

De lo informativo a lo transaccional

La interacción en línea entre el Estado y los administrados está tomando un nuevo protagonismo.

                                                                             Steve G. Mendoza Fernández | Economía Ascendente

Bolivia 06/03/2019.- Las compras públicas en Bolivia han pasado por un proceso de evolución caracterizado por el progresivo acceso a la información que se ha venido efectivizando gestión tras gestión. Bajo la premisa de que “la publicación abierta de la demanda pública garantiza una selección basada en criterios de calidad, oportunidad y competitividad” es que se han ido mejorando las formas de administrar la información de los requerimientos estatales.

Pasando desde una fase primigenia, a través de mecanismos formales pero antediluvianos caracterizados por una parsimoniosa propagación de la información (gacetas informativas o mesas de partes), hasta el uso de plataformas web (Sicoes y páginas institucionales) caracterizadas por una comunicación masiva e inmediata de la información, podemos decir con toda certeza que el elemento informativo de las compras públicas ha ido mejorando sustancialmente, y para muestra basta un botón. En sus inicios, el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) reportó 2.694 procesos de contratación en 2002, mientras que en la gestión 2018 fueron reportadas 89.675 publicaciones institucionales, evidenciando un incremento exponencial en relación con la información publicada.

No obstante la evidente mejora en la publicación de la información a través del uso de las TIC, la interacción en línea entre el Estado y los administrados está tomando un nuevo protagonismo dentro de la gestión pública, llegándose de esta manera al denominado “gobierno electrónico”. Un ejemplo de ello es el uso de la plataforma del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), que está permitiendo una interacción en línea entre el proveedor y las instituciones que administran la información necesaria para participar en procesos de contratación (Fundempresa, Segip, SIN, entre otros), otorgando una mayor facilidad al momento de presentar la documentación en los procesos de contratación. Sin embargo, este tipo de interacciones resultan aún primigenias, razón por la cual se debe ahondar esfuerzos para el cambio del uso de las TIC, pasando de lo informativo a lo transaccional.

Por otra parte, el desarrollo del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) como sistema integrado de gestión o el uso de pagos electrónicos en línea son elementos a considerar para efectivizar la migración de las compras públicas de un portal web meramente informativo a uno interactivo de naturaleza transaccional. Con la aprobación del Decreto Supremo N° 3548, en el que se establece que las contrataciones públicas podrán ser realizadas a través de medios electrónicos o con el uso de la firma digital o la ciudadanía digital, se puede vislumbrar un cambio fundamental dentro de la gestión pública y en especial en las compras del Estado.

De darse este proceso en un corto o mediano plazo, implicaría el ejercicio de una interacción en línea y en tiempo real entre proveedores y entidades públicas (subastas electrónicas a la inversa), con condiciones técnicas y económicas estandarizadas (convenios marco en línea), en la que los sobornos y sobreprecios serían reducidos a la mínima expresión gracias a la interacción abierta de oferta y demanda para la obtención de las mejores condiciones del mercado, bajo la premisa de que todos los actos se registran para efectos de control gubernamental y social, empoderando cada vez más al ciudadano en el ejercicio de su gobierno electrónico. 

También puedes leerlo en:  

La Razón

http://m.la-razon.com/opinion/columnistas/debate-dolares-falso-verdadero_0_3109489094.html

Desarrollando la economía social comunitaria

  Inti Aliaga Herrera|EconomíaAscendente

Bolivia 22/03/2019.- El 2 de agosto tiene varios significados para el campesino boliviano, a lo largo de la historia se a aprovechado esta fecha para reconocer al sector rural y fue el año 2018 cuando se pudo culminar un proceso de elaboración normativa, cuyo fin es el de fomentar el desarrollo de la economía social comunitaria, de los pequeños productores agropecuarios campesinos individuales que realicen actividades no comerciales y Organizaciones Económicas Comunitarias – OECOM’s.

De esta manera, se emite el Decreto Supremo N° 3639, de 2 de agosto de 2018, complementando las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 2294, de 18 de marzo de 2015 y Decreto Supremo N° 2471, de 2 de agosto de 2015, donde se reconoce a los proveedores no comerciales en municipios pequeños (menos de 50.000 habitantes), los cuales pueden realizar ventas locales de bienes y servicios a gobiernos autónomos municipales, departamentales y el nivel central.

 De este modo, el conocimiento de su operativa por parte de los sectores ya mencionados, así como los funcionarios públicos, resulta fundamental para su aplicación; es por ello, que en las siguientes líneas pretendo explicar esta normativa de la manera más clara y resumida, con el objeto de que la población beneficiada pueda tener una comprensión cabal de estos Decretos Supremos.

Inicialmente, se debe considerar aspectos generales, puesto que esta forma de contratación se encuentra sujeta a diferentes cuantías, hasta Bs50.000.- (cincuenta mil 00/100 bolivianos), de aquellos proveedores que realicen actividades no comerciales y hasta Bs1.000.000.- (un millón 00/100 bolivianos) de las OECOM’s. Comprendiendo en la primera categoría a los ganaderos, productores agrícolas, criadores de aves, artesanos, obreros, pensiones familiares, club de madres y radios comunitarias; la segunda categoría refiere a las comunidades indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas.

El procedimiento a emplear es sumamente sencillo, pudiendo resumirse en un requerimiento que realiza el área que ha identificado la necesidad de realizar la contratación, al área administrativa/financiera, siendo esta ultima la responsable de elegir al proveedor adjudicado de una lista de proveedores con la que deberá contar toda entidad habilitada a realizar estas contrataciones; finalmente, se procederá a la formalización mediante contrato u orden de compra o servicio, previa solicitud de documentos al proveedor adjudicado. Estos documentos a presentar serán la Cedula de Identidad para personas naturales y para asociaciones de hecho, será la documentación interna, documento que acredite la representación legal de la asociación y Cedula de Identidad del representante legal.

Finalmente, un aspecto fundamental de estos Decretos Supremos, radica en la solución dada a un conflicto propio de la realidad, ya que los pequeños productores campesinos, tenían cierta reticencia a proveer de algún bien o servicio a las entidades públicas porque veían una disminución en el precio ofertado por motivos impositivos, puesto que las entidades realizaban las retenciones correspondientes para su debido deposito al fisco; por esta razón, se optó por permitir a las entidades ejecutoras aplicar un factor de ajuste, al precio ofertado por el productor, a fin de sumar el monto correspondiente a los impuestos, garantizando el monto esperado por el productor.

Es importante el conocimiento y difusión de estas normativas, puesto que es una más de las medidas adoptadas por el gobierno para fortalecer sectores con mayores necesidades, enmarcado en las políticas públicas para el desarrollo de la economía social comunitaria.

 También lo puedes leer en:

 http://www.la-epoca.com.bo/2019/03/22/desarrollando-la-economia-social-comunitaria/

Soberanía económica de hoy y el fracaso del modelo neoliberal del pasado

Zenón Pedro Mamani Ticona

Economía Ascendente

Bolivia 11/03/2019.- Como ustedes saben, el término “pasado” se utiliza generalmente para describir o referirse a un conjunto de sucesos ocurridos en un periodo anterior o tiempo determinado, y talvez muchos conozcan frases parecidas, pero estoy convencido de que las niñas-niños y los jóvenes, y toda la población en general no deben ignorar su pasado y conocer la historia económica de nuestro país, para no equivocarse, de lo contrario estamos condenados repetirla, frases que muchos talvez conozcan, pero es una gran verdad.

Por esta razón, en esta oportunidad invito a todos los lectores a reflexionar y analizar de manera objetiva sobre la “historia económica” de nuestro país, haciendo énfasis del viejo modelo neoliberal, periodo 1985-2005 y el modelo económico actual que se viene aplicando desde la gestión 2006 a la fecha.

Ahora bien, durante el periodo neoliberal, el Estado Boliviano no tenía soberanía e independencia para la definición de las políticas económicas del país, porque respondía a intereses internacionales impuestas por Organismos Internacionales como Fondo Monetario Internacional – FMI, Banco Mundial y otros, el cual minimizó el papel del Estado para el desarrollo económico y social del país. Es decir, el FMI anualmente decidía nuestro futuro económico del país a través de Memorándums de Entendimiento para el financiamiento de programas y proyectos, en el que se establecían metas de crecimiento, metas de inflación, políticas salariales, políticas de inversión pública, financiamiento de programas sociales, financiamiento de créditos condicionados, entre otras.

Asimismo, el Estado Boliviano aplicaba las políticas ortodoxas del Consenso de Washington, donde: pensaban que el “libre mercado” era el mejor distribuidor de los recursos y corregía los desequilibrios de desigualdad de los ingresos entre ricos y pobres; el patrón de desarrollo de la economía se centraba en las exportaciones de materias; capitalizaron y privatizaron empresas del Estado en favor de empresas transnacionales y se apropiaban de los excedentes que se generaban por la explotación de los recursos naturales (hidrocarburos, minerales, energía, telecomunicaciones, entre los principales).

Luego de aplicar las recetas del Consenso de Washington y las del FMI, como medidas de ajustes fiscales y monetarios, liberalización de mercados, así como la enajenación (privatización) de las empresas y los recursos naturales estratégicos del país, no se obtuvieron los resultados esperados en el periodo 1985-2005, donde el promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto – PIB no superó 3%, el PIB per cápita apenas llegaba a USD871, la deuda externa bordeaba el 64% del PIB, la inversión pública no superaba los USD569 millones, déficit fiscales crónicos, la pobreza superaba más del 60% en área rural y más del 38% a nivel nacional. Estos son los resultados que nos dejaron el modelo neoliberal, el fracaso del pasado que no debemos olvidar.

Por el contrario, analizando la situación económica actual del país, encontramos que desde la gestión 2006 el Estado define y conduce de manera soberana las políticas económicas del país conforme al Modelo Económico Social Comunitario Productivo – MESCP, sin injerencia del FMI como se hacía en el periodo neoliberal. Para lo cual, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – MEFP y el Banco Central de Bolivia – BCB anualmente firman el “Programa Fiscal Financiero – PFF”, en el cual se proyecta el crecimiento del PIB, inflación, políticas de financiamiento, programas de inversión productiva y social, entre otros, que tienen la finalidad de preservar la estabilidad macroeconómica del país y mejorar la calidad de vida de la población.

Además, el Estado participa de manera activa en el desarrollo de la economía nacional, recuperando la propiedad de las empresas públicas y los recursos naturales (hidrocarburos, minería, electricidad y otros) para los bolivianos, cuyos recursos generados por estos sectores (excedentes) son redistribuidos para a los sectores generadores de ingresos y empleo (creación de la industria, fomento del turismo, desarrollo agropecuario, vivienda, comercio, infraestructura y otros), con la finalidad de recudir la pobreza y disminuir las brechas de la desigualdad entre ricos y pobres.

Analizando los resultados económicos y sociales de la aplicación del MESCP, se tiene que el crecimiento promedio anual del PIB (2006-2017) fue de 4,91%, 4,4% al tercer trimestre de 2018 y 4,5% proyectado para 2019 según PFF, deuda pública externa razonable de un 24% del PIB, fortaleza financiera, inversión pública estatal promedio anual de USD3.630 millones, entre otros que ampliaron la capacidad productiva; resultados que se deben al fortalecimiento de la demanda interna como el motor del crecimiento sostenido y estabilidad de la economía del país.

En términos sociales, encontramos que entre 2005 y 2018, la tasa de desempleo urbano abierto se redujo de 8,1% a 4,3%; en el mismo periodo 1,8 millones de personas salieron de la extrema pobreza, que disminuyó de 38,2% a 15,2% a nivel nacional; se redujo en más de 80 veces la desigualdad entre ricos y pobres, ahora en promedio el 62% de la población boliviana cuenta con ingresos medios; y políticas salariales que beneficiaron a las personas de ingresos bajos, donde el Salario Mínimo Nacional – SMN se incrementó en más de cuatro veces de Bs440 (2005) a Bs2.060 (2016).

Asimismo, no se debe olvidar, pese al contexto internacional desfavorable que afectó a los países de la región y volatilidad de los precios a nivel internacional de las materias primas (petróleo y minerales), Bolivia lideró en el crecimiento económico durante las gestiones 2009, 2015, 2016 y 2017, con 3,4%, 4,8%, 4,3% y 4,2%, respectivamente, y según informes del FMI, BM y CEPAL en la gestión 2018 nuestro país nuevamente lideró el crecimiento de la región con una tasa de 4,3%, y estiman que para la presente gestión se repita este liderazgo por quinto año consecutivo. Resultados que no quieren reconocer analistas económicos de pensamiento neoliberal, porque no pudieron administrar de manera responsable la economía del país.

Finalmente, todos los ciudadanos, niñas-niños y los jóvenes tenemos la obligación de revisar nuestro pasado económico, a no ignorar nuestra historia, porque de ella podemos aprender y no cometer los mismos errores, y transformar nuestras acciones como bolivianos para tener un futuro mejor.

 También lo puedes leer en:

Agencia Plurinacional de Información 

http://www.apcbolivia.org/noticias/noticia.aspx?fill=56554&t=soberan%C3%ADa-econ%C3%B3mica-de-hoy-y-el-fracaso-del-modelo-neoliberal-pasado

Nuevo Sur

https://diarionuevosur.com/soberania-economica-de-hoy-y-el-fracaso-del-modelo-neoliberal-pasado-2/

La estabilidad de tipo de cambio está garantizado en Bolivia

Por: Grover Iván Tapia Álcazar

Economía Ascendente

En los últimos días, la firma de un contrato entre el Banco Central de Bolivia (BCB) y el Banco Unión (BUN), para que este último pueda vender dólares a las casas de cambio, generó mucha especulación por parte de los “opinadores y analistas”, los cuales estuvieron orientados a generar pánico en la población, en este sentido, me permito escribir unos párrafos que tienen la finalidad de desvirtuar esos malos comentarios.

Primeramente, debemos entender que el dólar se constituye en una divisa necesaria para el comercio internacional, que tiene todas las características de una mercancía; por lo tanto, es un bien sujeto a las reglas del mercado y su precio esta expresado a través del tipo de cambio.

En un régimen cambiario flotante o flexible, el tipo de cambio (precio del dólar) fluctúa en función al comportamiento de la oferta y demanda. Si una economía posee gran cantidad de dólares y poca demanda, el mercado presionará para que la moneda nacional se aprecie (baje el tipo de cambio), en tanto, si la demanda es mayor a la oferta, la moneda local se deprecia (subida del tipo de cambio).

En un régimen cambiario fijo, el tipo de cambio es determinado por la Autoridad Monetaria de cada país (Bancos Centrales), quien interviene dotando la cantidad necesaria de dólares o divisas para mantener el nivel de tipo de cambio fijado; cuando la Autoridad Monetaria decide bajar el tipo de cambio revaloriza la moneda nacional, por otro lado, si decide subir el tipo de cambio devalúa de la moneda nacional.

En el caso de Bolivia, el BCB mantiene un sistema de tipo de cambio deslizante o reptante (crawling-peg), este tipo de cambio fluctúa en una determinada banda (+/- 10 puntos), su comportamiento se asemeja al régimen de tipo de cambio fijo. Desde noviembre de 2011 esta divisa se mantiene en un precio de 6,96 bolivianos por unidad de dólar, aspecto que permitió mantener la confianza de la población.

Como recordaran, desde noviembre de 2018 el BCB suspendió la venta de dolares a través de la ventanilla habilitada para el efecto, siendo esta una medida de carácter administrativo. Sin embargo, los “analistas y opinadores” vieron en esta medida administrativa, una oportunidad para especular e intentar desestabilizar la economía boliviana, entre lo más recurrente mencionaron que la medida obedecía a una estrategia para evitar la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN), afirmación que carece de sustento académico y técnico.

De forma sencilla, las RIN se constituyen por los depósitos en moneda extranjera controlados por el BCB, son necesarios para realizar operaciones de comercio exterior y el pago de la deuda externa. En este sentido, la evolución de la RIN se explica principalmente por el comportamiento de la Balanza Comercial, si las exportaciones son mayores a las importaciones, las RIN se incrementaran, caso contrario estas disminuirán, por lo tanto, no tiene ninguna relación con la suspensión de la venta directa de dólares por parte del BCB.

Otros “analistas y opinadores”, manifestaron que el BCB estaría preparando una devolución; el término de “devaluación de la moneda” tiene una estrecha relación con el incremento de la inflación y está asociado periodos de crisis. Con esta especulación, buscaron tocar la parte más sensible y dolorosa de la historia del país; recordemos que en los años 1984 y 1985, Bolivia atravesó la peor crisis económica, debido al proceso inflacionario, donde los precios aumentaron en más 625 veces, esta crisis fue generada en gran medida por las continuas devaluaciones y la impresión de dinero sin respaldo.

En la actualidad, la venta de dólares continúa de forma normal a través del sistema de Intermediación Financiera y no se observó ninguna devaluación, aspecto que contradice las especulaciones desacertadas. El 6 de marzo de 2019, el Gobierno Nacional aplicada otra medida de carácter operativo para la venta de dólares, la cual se materializa con la firma de un contrato entre BCB y el BUN, cuyo documento tiene la finalidad de dotar de divisas a las casas de cambio que se encuentran reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Este mecanismo de venta, tiene como objetivo llegar a todo el territorio nacional, toda vez que BUN dispone de agencias a lo largo y ancho de los nueve departamentos. El BUN dotará de divisas a las casas de cambio a un precio 6,96 bolivianos por unidad de dólar, para que estas entidades puedan venderlo al público en general ganado un punto básico, es decir, a un precio de 6.97 bolivianos por unidad de dólar.

Esta nueva medida, también fue desnaturaliza por los “analistas y opinadores”, quienes tuvieron la osadía de manifestar que esta política obedece a una escasez de dólares, esta forma de especular, tienen como objetivo generar pánico en la población, aunque no consiguió el efecto deseado, debido a que el BCB salió a desmentir categóricamente.

Luego de ver estos comentarios, queda muy claro que el sueño de estos súper analistas futurólogos desorbitados, es que Bolivia se sumerja en una crisis económica y social. En este contexto, las opiniones vertidas estuvieron orientados a generar inestabilidad económica, sin embargo, gracias al buen manejo económico, este deseo perverso no se les puede cumplir desde hace 13 años, toda vez que el país continua con crecimiento económico sostenido, debido a la fortaleza del mercado interno, que tuvo la capacidad de amortiguar los impactos negativos externos.

Por lo expuesto, los comentarios mal intencionados no deben alarmarnos ni preocuparnos, toda vez que la medida asumida por el BCB para la venta de dólares mediante el BUN a las casas de cambio, busca que la población boliviana pueda obtener de manera irrestricta las divisas que demande, preservando la estabilidad financiera del país, de esta forma se estarían garantizando la cantidad de dólares necesaria para mantener un tipo de cambio, con una inflación controlada.

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