“El perdonazo” o el nuevo proyecto de Ley de Regularización de adeudos tributarios del Gobierno Central del Estado, remitido la semana pasada para consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, ha generado una serie de críticas y comentarios entre los sectores gremiales, transportistas, empresarios privados, expertos tributarios, periodistas, y hasta hijos de vecinos, mucho antes de que la norma sea promulgada.
Los empresarios privados por ejemplo dicen que es una medida recaudatoria del Gobierno Central que intenta solucionar el problema del déficit fiscal y la caída de las reservas internacionales, argumentos que pueden ser definidos como simples presunciones, calificando la propuesta de norma como una simple reducción de multas e intereses.
Y es que considerar una normativa a partir de opiniones, en base a algunos datos rescatados de algún opinólogo del internet, sin verificar su veracidad, sin hacer ningún tipo de análisis previo, sin tener certeza completa si la norma será aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, es hablar de una ley que no existe todavía y peor aún atribuirle acciones y objetivos para presumir.
De acuerdo con la información estadística proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia creció en 4,44% al primer trimestre de 2018, dato macroeconómico que fue avalado por tres organismos internacionales: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), lo que confirma el crecimiento de la economía boliviana y ratifica que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo ha mantenido y mantendrá a Bolivia a la cabeza del desarrollo económico en América Latina por lo que resta de la gestión 2018, descalificando el argumento de que la economía está mal y que el Gobierno intenta recaudar recursos para solucionar una crisis económica inexistente.
Revisando el proyecto de Ley de Regularización o mal llamado “perdonazo”, que se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, para su tratamiento, éste establece un período de regularización en el pago de deudas tributarias y multas hasta el 31 de enero del 2019, en el cual cualquier contribuyente que se encuentre con deudas tributarias con el nivel central del Estado podrá sanear su situación tributaria de forma voluntaria sin el pago de interés y con la rebaja de hasta un 95% de la multa, e inclusive podrá acogerse a un plan de pagos de hasta 60 meses plazo sin interés y con el beneficio de una reducción del 80% de la multa, con el objetivo claro de reducir la cartera en mora de la Administración Tributaria, sin otro interés adicional que los contribuyentes se pongan al día en sus obligaciones tributarias de gestiones pasadas ante el Servicio de Impuestos Nacionales y Aduana Nacional. A mi entender, tomando un ejemplo de la vida diaria, para ordenar la casa hay que limpiar los escombros y botar los papeles viejos para organizar nuevamente el hogar; de la misma forma, la Administración Tributaria para enfocarse en periodos recientes tiene que desempolvar y poner fin a deudas pasadas que retrasan su trabajo administrativo. Medida de regulación que es aplicada no sólo por el Gobierno Central de Bolivia, sino también por el Gobierno Municipal de La Paz, que aprobó la Ley Municipal N° 289, que amplía hasta el 8 de marzo de 2019 el plazo para la regulación voluntaria de deudas tributarias municipales de deudas por bienes inmuebles y vehículos automotores. Pero claro, no hay críticas a la medida municipal que pasó desapercibida, sin penas ni glorias.
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