Por: Omar A. Yujra Santos
El 14 de junio de la presente gestión, el Instituto de Investigaciones Económicas de la Carrera de Economía de la UMSA, publicaba un documento en el que se plantea 6 temas controvertidos sobre la economía boliviana; por lo cual resulta interesante analizar con mayor profundidad las mismas.
Entre las interrogantes que se plantean en el documento se encuentran: ¿Cuándo se inició la actual bonanza económica?, ¿a quién se debe el actual crecimiento económico?, la inversión externa en Bolivia, la reducción de la pobreza y desigualdad, ¿Cuán exitosa fue la emisión de bonos soberanos?, y ¿cuán holgada es la situación fiscal?
El 14 de junio de la presente gestión, el Instituto de Investigaciones Económicas de la Carrera de Economía de la UMSA, publicaba un documento en el que se plantea 6 temas controvertidos sobre la economía boliviana; por lo cual resulta interesante analizar con mayor profundidad las mismas.
Entre las interrogantes que se plantean en el documento se encuentran: ¿Cuándo se inició la actual bonanza económica?, ¿a quién se debe el actual crecimiento económico?, la inversión externa en Bolivia, la reducción de la pobreza y desigualdad, ¿Cuán exitosa fue la emisión de bonos soberanos?, y ¿cuán holgada es la situación fiscal?
Ahora se habla de Bonanza Económica
En el documento se señala que la bonanza empieza entre 2003 y 2004, y que a partir de ello se consiguen los resultados positivos; sin embargo, llama la atención que no se incluya temas muy particulares e importantes de la realidad boliviana en ese momento de la historia.
Para que el amable lector entienda, es importante recordar la frágil situación en la que Bolivia se encontraba ese momento. En 2003, el Gobierno del entonces presidente Gonzalo Sanchez de Lozada preparaba una medida conocida como “impuestazo”, a raíz de la cual se generaron diferentes conflictos sociales como el enfrentamiento entre policías y militares, además de la histórica “Guerra del Gas”, que repercutieron en la salida del mandatario en octubre de ese año.
Además es importante revisar los datos de la deuda externa e interna contratada por el TGN. Resulta paradójico que entre 2003 y 2005 “época de bonanza” la deuda pública se haya incrementado hasta alcanzar el 95% del Producto Interno Bruto, pero a su vez se haya continuado con déficits a nivel del SPNF y también del TGN.
Es importante mencionar el uso de los famosos gastos reservados, mientras que con políticas antisociales y mayor deuda pública se buscaban recursos para el pago de sueldos y aguinaldos, por otro lado los gobiernos de turno utilizaban recursos que hasta el día de hoy se desconocen el destino de los mismos. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, entre los años 90 y el primer mes de 2006 se gastaron por este concepto Bs1.467 millones.
Es bueno también analizar, en ese mismo periodo, el comportamiento del sistema impositivo, el cual como es de conocimiento público respondía más a los empresarios, por cuanto era común los perdonazos que beneficiaban a los empresarios privados, así como la evasión fiscal que era un culto ya que no existía una política tributaria que generara sensación de riesgo.
Por tanto cabe preguntarse si la bonanza inició desde mediados del primer lustro del siglo XXI, ¿por qué la economía todavía presentaba constantes déficit, incrementos de la deuda y sobre todo por qué el grado de pobreza se mantenía prácticamente constante?
Crecimiento Económico
En relación al cuestionamiento del crecimiento económico, es importante recordar que durante los 90’s se realizó con la “capitalización” el peor negocio de la historia económica boliviana, que fue la entrega de nuestros recursos naturales y empresas estratégicas a empresas foráneas con la promesa de una mayor inversión.
En el caso de los hidrocarburos, la inversión se basó en prospectos que, según CODEPANAL, podían ser asumidas por el Estado. Bajo este escenario cuando se desmantela a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, incluyendo el know how, los pozos antiguos pasan a las empresas transnacionales.
Cuando se menciona que el crecimiento está basado únicamente en los hidrocarburos y en los precios internacionales del petróleo se comete un grave error de análisis. Para dar un ejemplo, si la economía dependiera exclusivamente de los precios, en la gestión 2009, Bolivia al igual que el resto de los países de la región debía haber concluido con un crecimiento negativo; sin embargo, pese a la caída de los precios del WTI (West Texas Intermediate, por sus siglas en inglés, principal referente para el cálculo del precio del gas natural) en la gestión 2008, que se expandió hasta la gestión 2009, obteniendo precios similares a los del 2003 y 2004, la economía nacional creció 3,4%, por primera vez el mayor de la región latinoamericana, lo que le mereció elogios internacionales.
Otro ejemplo que contradice la falacia de la dependencia exclusiva de los recursos naturales es la composición de las fuentes de financiamiento del Estado. Del total de recaudaciones sólo el 24% proviene del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), en tanto que un 33% proviene de las recaudaciones del Impuesto al Valor Agregado y 19% del Impuesto a las Utilidades de las Empresas.
La razón del mantenimiento del crecimiento sostenido de la economía, se encuentra en el fortalecimiento de la demanda interna, a partir de la apropiación del excedente y la implementación de políticas redistributivas e incremento de la inversión pública, las cuales no provienen de un piloto automático sino más bien de políticas económicas orientadas a beneficiar a los sectores que antes estaban excluidos.
La Inversión Extranjera Directa
Por otro lado, la comparación que se realiza de la Inversión Extranjera Directa (IED) de los años 90 versus la IED es inexacta, por cuanto el PIB de los años de la capitalización no superó los $us7.000 millones en promedio, en tanto que ahora el PIB alcanza los $us26.732 millones, un producto que cuadruplica el apogeo de la capitalización.
Cuando se menciona que los dólares tenían mayor valor en los 90s y ahora ha disminuido, refleja la dimensión real que el Estado tiene ahora como participación de la economía.
Otro aspecto que se omite en el estudio es que en sustitución de la IED, ahora el Estado es el promotor de la inversión, por tanto habría que preguntarse ¿No es razonable que la inversión pública (IP) sustituya la Inversión Extranjera Directa? En los 90s, incluyendo el periodo de capitalización, la inversión pública ejecutada no sobrepasaba los $us500 millones, por el contrario sólo en 2012 la IP superó los $us2.874 millones, otra razón del continuo crecimiento de los últimos años.
Pobreza y Desigualdad
El admitir que en Bolivia, durante los últimos años, se ha beneficiado de una disminución de la pobreza tanto moderada como extrema, que ha permitido que cerca de 1,3 millones de personas superen esa condición, implica una buena señal de las expectativas sociales. Identificando con claridad los datos, se puede ver que a partir de la gestión 2007 es donde la pobreza moderada reduce considerablemente de 60% a 45% y la extrema pobreza de 38% a 21%.
En términos de desigualdad, la relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre ha disminuido considerablemente. En efecto de 128 veces en 2005 a 60 en 2010, según datos de UDAPE.
Si bien en la región latinoamericana la pobreza también ha disminuido, en el caso boliviano dicha situación no se hubiera dado si se mantenían intactas las políticas de favorecer a unos pocos en desmedro de la mayoría, cuya base era un modelo de goteo hacia los más pobres. La efectividad de la disminución de la pobreza y desigualdad forman parte de los resultados de las políticas sociales redistributivas como el Bono Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad que favorecen a cerca de un tercio de la población boliviana.
La añoranza de la década perdida en los 90s son malos recuerdos del pasado que dejaron un país, a finales de 2005, con una pobreza que superaba el 60% de la población, el PIB nominal alcanzaba $us9.521 millones, las Reservas Internacionales Netas $us1.714 MM, una Inversión Extranjera Directa negativa de $us291 millones, tasa de desempleo urbano superior al 12% -según CEDLA- y una economía prácticamente dolarizada (solo 16% de los depósitos y 8% de los créditos se realizaban en moneda nacional).
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