En la coyuntura la Central Obrera Boliviana (COB), como todos los años, se apresta a ingresar en un proceso de negociaciones con el Gobierno, luego de haber presentado el Pliego Petitorio Nacional para la presente gestión.
Como ya es típico el pliego contiene un abanico de solicitudes, 9 puntos para ser precisos, que son: 1) económico, 2) aparato productivo, 3) normas legales, 4) social, 5) política sindical, 6) seguridad social, 7) salud y educación, 8) convenios de la organización internacional de trabajo y 9) empresas e instituciones estratégicas; sin embargo, como sucede generalmente el eje de debate se concentra en lo económico, principalmente por el incremento salarial.
Desde hace algún tiempo la COB ha señalado que el costo de una canasta familiar básica es de Bs8.309,5 o USD1.194 ¡Una cifra interesante! mucho mayor al salario mínimo de las economías de la región (Argentina USD545, Brasil USD388, Colombia USD302, Chile USD388, Perú USD250 y Uruguay USD368), de Europa (Portugal USD742, Grecia USD896, España USD987, etc.) y otros países desarrollados como Corea del Sur USD903.
Si bien la COB aún no ha explicado técnicamente el sustento de dicha canasta, es importante que el amable lector conozca cuáles serían las repercusiones económicas de su implementación.
Un salario mínimo de Bs8.309,5 implicaría un costo adicional al Tesoro General de la Nación de más de Bs29.260 millones (USD4.265 millones), ahora bien como los recursos públicos tienen un destino específico en el Presupuesto del Estado, el Gobierno tendría que hacer modificaciones para obtener ese dinero, por ejemplo dejar de lado la inversión pública (USD3.807 millones) en carreteras, hospitales, escuelas y otro tipo de programas, además incrementaría en 10% el déficit fiscal programado.
Suponiendo que se consigan esos recursos, el problema fundamental radica en que ese esfuerzo serviría, únicamente, para financiar a un poco más de 300 mil asalariados del sector estatal (maestros del magisterio, médicos, enfermeras, policías, militares, entre otros), que representan en promedio el 8% del total de trabajadores del país, lo que nos lleva a preguntar ¿Qué sucedería con los salarios del otro 92% de la población trabajadora?
Como ese 92% es financiado en el sector privado incluido el empresarial, semiempresarial, familiar y doméstico, implicaría que los costos salariales se incrementen exponencialmente. Desde luego muchas empresas, principalmente las PyMEs (pequeñas y medianas empresas), quebrarán y las que sobrevivan deberán apalancar con algún tipo de financiamiento el incremento salarial.
En cualquiera de los casos, el que asumiría ese costo será el consumidor final de manera directa o indirecta, pues vamos, al empresariado lo que le preocupa, generalmente, son sus utilidades.
Considerando que toda la economía esta interrelacionada (micro y macro), el incremento salarial solicitado por la COB repercutiría en un aumento súbito de precios, que en última instancia perjudicaría a los mismos trabajadores, puesto que la mejora de salarios se esfumaría de las manos de las familias cuando el precio de los alimentos, vestimenta, transporte y otros, también se incrementen.
En suma la determinación del incremento salarial, debería estar sustentada por un análisis técnico, enfocado en la sostenibilidad de las finanzas tanto público como privadas, desde luego sin dejar de lado a los trabajadores, quienes no solamente deberían pedir incrementos anuales sino también proponer alternativas para mejorar su producción y la del país. No solamente es pedir ¿no cree usted?
Publicado en la Revista Management en su edicion de abril.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Por favor, ingrese sus comentarios sobre el artículo aquí: