Por: Rodolfo Perales Arce
Desde la gestión 2006, el Gobierno Nacional se dio a la tarea de implementar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, el cual busca un crecimiento y desarrollo de la economía basado en el aprovechamiento de los recursos naturales para lograr excedentes económicos, los cuales son redistribuidos en busca de reducir la desigualdad social y la pobreza.
Dicha redistribución tiene como eje central la participación por parte del Estado en la economía, a través del potenciamiento de la demanda interna, que principalmente está compuesta por la inversión pública, pero también por los incrementos salariales por encima de la tasa de inflación, segundo aguinaldo y las transferencias condicionadas que consisten en la otorgación de bonos de carácter social como el Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad, entre los más importantes.
En el ámbito educativo, desde la gestión 2006, se viene incentivando mucho en la permanencia a través del programa Bono Juancito Pinto cuyos objetivos son incrementar la matrícula escolar y reducir la deserción, así como disminuir la trasmisión intergeneracional de la pobreza, a través de una transferencia monetaria condicionada equivalente a Bs 200, destinada a los alumnos y alumnas de las unidades educativas fiscales (estatales) de todo el país. Esta política permitió reducir la tasa de deserción escolar en el periodo 2006-2015 en el nivel primario de 6 a 1,7% y en secundaria de 8 a 4%.
Adicionalmente al mencionado beneficio, con el objeto de incentivar la excelencia académica y reconocer el rendimiento educativo de las y los mejores bachilleres del país, a partir de febrero de 2014 con Decreto Supremo N°1887, se establece la otorgación del incentivo denominado “Bachillerato Destacado-Excelencia en el Bachillerato”, a través del cual se entrega Bs 1.000, a los mejores estudiantes del último curso de las unidades educativas fiscales, particulares y de convenio. En la gestión 2015 se beneficiaron con esta entrega alrededor de 8.900 alumnos.
Ahora bien, en lo que respecta al ámbito de la salud, también implementó políticas, como el Bono Juana Azurduy, mediante el cual con la otorgación de Bs 1.820, que se distribuye entre las mujeres gestantes y niños menores de 2 años, tiene como finalidad disminuir la mortalidad materno-infantil y la desnutrición crónica en niños de todo el país; beneficio que se entrega con la asistencia de manera regular a los controles prenatales en los centros de salud así como a las sesiones y actividades educativas organizadas por los establecimientos de salud, en caso de los niños, cuando los padres llevan a los niños a controles integrales de salud y cumplen con las vacunas en periodos indicados por el médico y cumplan con los protocolos de atención de AIEPI NUT.
Por otra parte, desde la gestión pasada, se implementó el Subsidio Universal Pre Natal, el cual busca mejorar la nutrición integral de la mujer gestante y reducir la mortalidad neonatal, a través de la dotación de 4 paquetes equivalentes cada uno a un monto de Bs 300 compuestos por cierta cantidad de productos naturales, medida que también busca potenciar la economía nacional, porque la totalidad de los productos son elaborados en Bolivia. Con esta política se busca beneficiar a un total de 285.000 madres que no cuentan con ningún Seguro de Salud y por tanto no reciben el subsidio prenatal y de lactancia.
Ahora bien, mucho se ha cuestionado la sostenibilidad de estas medidas, sin embargo, es importante destacar que una parte de estos beneficios son financiados por el Gobierno Nacional con recursos del Tesoro General de la Nación, pero también se financian con las utilidades generadas por las empresas públicas que ahora son propiedad de todas y todos los bolivianos, lo que garantiza que estos beneficios sean sostenibles en el tiempo.
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