Por: Omar A. Yujra Santos (*)
En torno al tema del incremento salarial que se debate entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), es necesario conocer cual es el destino de los recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) y su situación fiscal para poder determinar un incremento salarial.
Revisando algunos datos sobre el destino de los recursos en el Presupuesto General del Estado (PGE), pude encontrar algunas respuestas interesantes. Del total de los recursos registrados en el PGE 2012 agregado (Bs185.889 MM), el 46% es financiado por el TGN (principalmente recaudación de impuestos), otro 46% con recursos propios de las entidades (ingresos que generan por la venta de bienes y provisión de servicios), 6% con créditos y 2% con donaciones.
Revisando algunos datos sobre el destino de los recursos en el Presupuesto General del Estado (PGE), pude encontrar algunas respuestas interesantes. Del total de los recursos registrados en el PGE 2012 agregado (Bs185.889 MM), el 46% es financiado por el TGN (principalmente recaudación de impuestos), otro 46% con recursos propios de las entidades (ingresos que generan por la venta de bienes y provisión de servicios), 6% con créditos y 2% con donaciones.
Después de las transferencias que realiza el TGN por coparticipación tributaria que beneficia principalmente a las regiones (Gobernaciones, Municipios y Universidades Publicas), el erario nacional se queda con aproximadamente Bs20.073 MM (cerca del 11% del PGE total), con los cuales debe financiar todas las políticas sociales y productivas del nivel central del Estado.
Entre estas, el pago de sueldos y salarios de educación, salud, defensa, policía y el resto de entidades que utilizan recursos del TGN (Bs14.414 MM), rentas de jubilados (Bs5.788 MM), compra de bienes y servicios para el funcionamiento de las entidades que dependen del tesoro (Bs1.549 MM), intereses de la deuda (Bs2.016 MM), transferencias a las Universidades Públicas por subvenciones (Bs778 MM), otros gastos destinados a políticas sociales como los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad, seguridad energética y alimentaria (Bs1.286 MM) y finalmente para programas y proyectos de inversión pública y gastos de capital (Bs2.298 MM).
En el caso de salarios, de los Bs20.766 MM inscritos en el PGE (14% del total), cerca del 70% es financiado con recursos del TGN (Bs14.414 MM), de los cuales 57% está destinado al magisterio fiscal y salud, 18% a Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, el restante para las diferentes entidades del sector público.
En suma al TGN se le cargan muchas obligaciones lo cual no es sensato. De ahí que en 2011 las cuentas cerraron con un pequeño déficit. En los últimos años las Gobernaciones, Municipios y Universidades han recibido mayores ingresos que se han traducido en acumulación de recursos en caja y bancos porque los ingresos han rebasado la capacidad de ejecución de las Entidades.
Con estos datos se evidencia, primero, el pedazo más grande de la torta de recursos del Estado se lo llevan las regiones y con lo que le queda al TGN (10,8% del PGE) se debe financiar la mayor parte de las demandas sociales y productivas del país, mal negocio para el erario nacional.
Segundo, un incremento mayor al 7% implicaría, incrementar el déficit del TGN con más deuda (que económicamente no es aconsejable porque nadie se presta dinero para pagar mayores sueldos sino más bien para financiar actividades productivas) o recortar algunos programas/proyectos sociales y productivos (lo cual implica quitar recursos a otros actores). Una disyuntiva planteada para el debate.
Entre estas, el pago de sueldos y salarios de educación, salud, defensa, policía y el resto de entidades que utilizan recursos del TGN (Bs14.414 MM), rentas de jubilados (Bs5.788 MM), compra de bienes y servicios para el funcionamiento de las entidades que dependen del tesoro (Bs1.549 MM), intereses de la deuda (Bs2.016 MM), transferencias a las Universidades Públicas por subvenciones (Bs778 MM), otros gastos destinados a políticas sociales como los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad, seguridad energética y alimentaria (Bs1.286 MM) y finalmente para programas y proyectos de inversión pública y gastos de capital (Bs2.298 MM).
En el caso de salarios, de los Bs20.766 MM inscritos en el PGE (14% del total), cerca del 70% es financiado con recursos del TGN (Bs14.414 MM), de los cuales 57% está destinado al magisterio fiscal y salud, 18% a Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, el restante para las diferentes entidades del sector público.
En suma al TGN se le cargan muchas obligaciones lo cual no es sensato. De ahí que en 2011 las cuentas cerraron con un pequeño déficit. En los últimos años las Gobernaciones, Municipios y Universidades han recibido mayores ingresos que se han traducido en acumulación de recursos en caja y bancos porque los ingresos han rebasado la capacidad de ejecución de las Entidades.
Con estos datos se evidencia, primero, el pedazo más grande de la torta de recursos del Estado se lo llevan las regiones y con lo que le queda al TGN (10,8% del PGE) se debe financiar la mayor parte de las demandas sociales y productivas del país, mal negocio para el erario nacional.
Segundo, un incremento mayor al 7% implicaría, incrementar el déficit del TGN con más deuda (que económicamente no es aconsejable porque nadie se presta dinero para pagar mayores sueldos sino más bien para financiar actividades productivas) o recortar algunos programas/proyectos sociales y productivos (lo cual implica quitar recursos a otros actores). Una disyuntiva planteada para el debate.
(*) Es economista
Publicado en El Deber el 22/04/2012, Pagina Siete el 23/04/2012
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