Por: Jaime Durán Chuquimia (*)
En la situación presente
ningún economista se atrevería a hablar de recesión en Bolivia. De hecho,
actualmente está en debate los problemas relacionados al desarrollo. Lejos han
quedado los tiempos en los que el fantasma del desempleo rondaba, ahora se
discute como lograr que más bolivianos abandonen la pobreza.
En este camino el
crecimiento de la producción ha sido impresionante. En 2005 el valor producto
interno bruto (PIB) nominal era de USD9.574MM, en 2011 llegó a USD23.363MM. En
un escenario así es natural que exista una disputa por la distribución del
excedente. Las reivindicaciones salariales deben entenderse en este contexto.
En Latinoamérica en
general, y en Bolivia en particular, durante muchos años persistió una
distribución inequitativa del ingreso. En los últimos periodos se ha reducido
considerablemente la pobreza y se ha mejorado los indicadores de distribución
del ingreso.
En tal camino considero
que es correcto el camino elegido por el Gobierno al proponer una elevación del
15% al valor del salario mínimo. El gráfico adjunto muestra lo que ha ocurrido
en los últimos años.
El incremento nominal del
salario mínimo nacional ha sido de 30% entre 2000 y 2005. Sin embargo,
descontando la inflación (incremento de precios) en términos reales llegó a
12%. En cambio, entre 2006 y 2011 el incremento nominal fue de 66% (se pasó de
Bs500 a 815) lo que en términos reales significa 25% de incremento de la
capacidad adquisitiva de los trabajadores. Casi el doble que el quinquenio
anterior.
Se pretende en 2012
aumentar el salario mínimo nacional en 15% y llegar a Bs937. Se puede
argumentar que este monto es insuficiente para cubrir una canasta básica
familiar. Sin embargo, es importante considerar que existe una estrecha
relación entre el salario y su fuente de sustento que es la producción.
Una economía debe cuidar este equilibrio
ya que en última instancia lo que se distribuye es el producto. Por tanto, la
única manera de incrementar los salarios es creando más productos. De ahí que
una orientación adecuada de las reivindicaciones laborales debería apuntar más
a la creación de fuentes de trabajo antes que concentrarse excesivamente en
aspectos salarialistas.
Una adecuada política
salarial debe apuntar a un proceso de transformación integral de todo el mundo
laboral. No parece correcto que únicamente dos sectores (salud y educación)
sean los privilegiados. Obsérvese que en términos reales el crecimiento de los
salarios del sector público entre 2006 y 2011 llegó a 5,4%, mientras que en el
caso del sector privado existió una caída de casi 10%.
En el sector público hay
un gran peso de los trabajadores en salud y educación. Mientras que entre 2000
y 2005 el incremento nominal acumulado fue de 30% entre 2006 y 2011 llegó a
53%. Es decir, se privilegia a un par de sectores y se deja atrás al resto.
Tampoco parece aconsejable
que frente a este panorama se incremente con desmesura los salarios en el
sector privado. Debe recordarse que las estructuras de costos de las empresas
son variables y prácticamente es imposible conocer con precisión el salario de
equilibrio.
La solución más práctica
es elevar el salario mínimo. Con esto se logra beneficiar a los que ganan
menos. Asimismo, es más fácil establecer mecanismos de control ya que para el
Ministerio de Trabajo resulta menos dificultoso averiguar si alguna empresa
está pagando menos del salario mínimo.
Adicionalmente hay
ventajas asociadas al mínimo nacional. Una de ellas es que varios bonos se
calculan con arreglo a este monto por otro lado el subsidio de lactancia se
calcula con base a este monto.
Reducir la lucha obrera a
aspectos meramente salariales es un retroceso. Para no caer en ello quizás sea
bueno rescatar algunas de las conclusiones del “1er Encuentro Plurinacional
para profundizar el cambio” realizado en Cochabamba en enero de 2012. Más allá
de las connotaciones políticas del evento creo que lo que importa es el
espíritu de sus conclusiones. Resalto cuatro.
Una de ellas indica: “Invertir
es el mejor camino para generar mayor producción y por ende más empleo digno,
por tanto, las organizaciones económicas comunitaria, social cooperativa,
estatal y privada deben buscar invertir más”. Aspecto que apunta directamente a
generar mayores empleos y comprender con claridad que lo que importa es
constituir empleos productivos.
Otra señala: “Eliminar en
la práctica la discriminación laboral, salarial, urbano - rural hacia las
mujeres. A igual trabajo igual remuneración. Las mujeres aportan en los
hogares, en el área rural trabajando incluso más horas que las establecidas por
Ley. Se requieren políticas de responsabilidad compartida que se traduzcan en
acuerdos para realizar acciones afirmativas a su favor”. Espíritu que muestra
un profundo compromiso con los sectores tradicionalmente excluidos.
La tercera señala: “La
política salarial no solo debe tomar en cuenta a salud y magisterio, se debe
pensar en todos los bolivianos. El Estado debe actuar como el “buen padre” que
actúa pensando en el bienestar colectivo. La estabilidad macroeconómica es un
patrimonio de todos los bolivianos”. Cuestión que es esencial pues es momento
de considerar que el mundo laboral trasciende la existencia de estos dos
sectores.
Finalmente otro aspecto a
rescatar es el que indica que todo lo señalado debe apuntar a “Construir de
manera corresponsable y participativa una política nacional de empleo,
destinada a mejorar las condiciones de asalariados y no asalariados, y el
cumplimiento de derechos laborales que recoja las aspiraciones de todas las
trabajadoras y trabajadores”.
No creo que el mejor
camino sea la exclusión de actores en la discusión. El momento actual exige una
amplia participación de todos los involucrados. Esto permitirá un acuerdo de
largo plazo que permita mejorar sustantivamente las condiciones del mundo
laboral
(*) Es Economista
Publicado en La Época el 16/04/2012
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