Por: Rafael Villarroel
Recientemente el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) ha realizado lapublicación “Las Empresas Públicas en el Nuevo Modelo Económico Boliviano” la cual muestra la situación de cada una de las empresas estatales.
Una primera conclusión del informe es que en conjunto las empresas públicas presentan utilidades netas positivas todos los años. Este es un tema central puesto que durante años economistas de corte neoliberal han argumentado que las empresas estatales “son ineficientes por naturaleza”. La experiencia boliviana muestra que las empresas públicas pueden ser eficientes y generar excedentes.
Este resultado contrasta con lo ocurrido en los últimos quince años de la segunda parte del Siglo XX, cuando la llamada “privatización” de las empresas del Estado, que no fue otra cosa que la masacre del aparato productivo estatal a través de la venta a precios“sospechosamente bajos” de las empresas estratégicas, utilizando para ello una serie de prácticas ocultas para favorecer a ciertas familias que se encontraban encaramadas en el poder sin otro interés que el de incrementar de manera desmedida y fraudulenta su patrimonio.
Este proceso se llevó adelante contra cualquier cuestionamiento sinhacer el más mínimo caso a las señales de corrupción que se manifestaban en la clase política. Bajo esa egida se privatizaron YPFB, ENDE, las Empresas Mineras, LAB, ENTEL y otras; al parecer “existía una fuerte presión” para que ese proceso culminelo antes posible. Siguiendo las “recetas” impuestas por los organismos internaciones, beneficiando fundamentalmente a las elites políticas que gobernaban entonces y al capital transnacional.
Todo esto se tradujo, a inicios del Siglo XXI, en un panorama negro para el país. El Estado Boliviano se había reducido a su mínima expresión para permitir que el “empresariado privado” (que no es otra cosa que las trasnacionales) se apoderen de los medios más estratégicos de producción y se adueñen de los recursos naturales, su administración y distribución. Con las pingües ganancias que ello implicaba. Finalmente esta expoliación desemboco en el descontento popular que culmino con las históricas jornadas de febrero y octubre de 2003.
La quimera del Estado neoliberal fracasó ante el evidente robo del que fuimos objeto como pueblo, en consecuencia, fue necesario fundar un nuevo Estado que proponga un nuevo modelo económico y que se convierta en el artífice de la redistribucióndel ingreso y reduzca la odiosa brecha entre ricos y pobres.
Por todo ello era necesario recuperar el control de los recursos estratégicos, mismos que serían claves para implantar el nuevo modelo económico, fundamentado en la redistribución de los excedentes generados por las Empresas Publicas, fortaleciendo además el aparato productivo mediante la implementación de emprendimientos manufactureros y de servicios.
Para lograr este objetivo se impuso la titánica labor de reconformar el aparato productivo estatal, labor que significó la inversión de importantes recursos del Estado; que a diferencia del sector privado, no tienen un objetivo de lucro e incremento del patrimonio de un particular; sino la generación de recursos que deban ser distribuidos entre todos los bolivianos.
Mediante este mecanismo no solo se generaron empleos, sino principalmente producen recursos a través del pago de impuestos o de la redistribución directa de los mismos a todos los bolivianos mediante el pago de la Renta Dignidad,el bono Juancito Pinto y la inversión en programas y proyectos sociales.
Impositivamente se supo que en esta última década las Empresas Públicas pagaron alrededor de Bs108.020 millones de bolivianos, impuestos que sirvieron para desarrollar nuevos emprendimientos, así como también el fortalecimiento de las gobernaciones municipios y universidades.
También gracias al aporte de las empresas estatales, se logró implementar el Bono Juancito Pinto que es un incentivo a la permanecía escolar, beneficio que logro disminuir la tasa de deserción escolar de 6.50% a 2.88% en 2014. En estos diez años las empresas aportaron casi Bs2.651 millones para este noble fin.
Ante lo contundente de estas cifras y razonamientos, queda huérfano cualquier cuestionamiento con respecto al sector productivo estatal y por tanto resulta falsa la polémica suscitada alrededor de estas cifras. Lo que lleva a concluir que se debe proteger estas empresas que encierran el futuro y la esperanza de un pueblo que ha luchado por todas estas conquistas.
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