Por: Omar A. Yujra Santos
Un curioso debate surgió estos días a consecuencia del planteamiento de un miembro de la Iglesia Católica, cuando esta próxima la llegada del Papa Francisco. El Padre Mateo, conocido de esa manera, plantea que se destine 10% del presupuesto total para la salud, idea que por supuesto es bienvenida para aquellas personas que no conocen o conocen poco de las finanzas públicas, por lo que me di a la tarea de analizar las cifras en cuestión.
En términos cuantitativos el presupuesto destinado a la salud creció de Bs2.522 millones a Bs14.974 millones entre 2005 y 2015, que representa un crecimiento del 494%. En términos de participación en 2005 sólo se destinaba el 6,5% en contraposición ahora se destina 11,5%.
Comparativamente hablando, según fuentes oficiales de cada país, Bolivia destina más recursos para la salud que varios países de la región, como Brasil 11,4% y Argentina 5,6% o respecto otros países como China, Rusia e India, 10,7%, 10,2% y 4,9% respectivamente.
Desde luego las personas que hemos visitado un centro de salud en el país, sabemos que el sector tiene muchas falencias, puesto que para nadie es desconocido como se administran los nosocomios: mala atención, médicos y enfermeras que no te tratan con calidad y calidez o finalmente falta de equipamiento.
Y es que el problema no viene precisamente por el lado de la asignación de recursos sino más bien por la ineficiencia de los administradores de salud. Por ejemplo, a finales de 2014 las entidades de seguridad social tenían Bs5.721 millones durmiendo el sueño de los justos en caja y bancos.
Un caso concreto es la Caja Nacional de Salud que en la actualidad tiene Bs4.706 millones en su presupuesto y otros Bs4.732 millones están como saldos de caja y bancos, empero lo único que otorgan a los pacientes es el famoso ibuprofeno o paracetamol, además de otros inconvenientes que el amable lector conoce.
Por otro lado es preciso también hacer referencia al marco normativo por el cual se asignan recursos para el sector, y es que es a partir de las normas que se distribuye el dinero del Estado.
La Ley N° 475 promulgada en 2012, de Servicios de Salud Integral, establece que se debe destinar al menos el 15,5% de los recursos provenientes de Coparticipación Tributaria o su equivalente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos - IDH para la salud, además establece el financiamiento del Tesoro General de la Nación – TGN para el pago de Recursos Humanos, así como la creación del Fondo Compensatorio Nacional de Salud (10% con recursos del HIPC y TGN cuando el primero se extinga). Esto significa que los Municipios tienen la obligación de asignar como mínimo ese porcentaje, no existiendo un límite superior para que se otorgue más recursos.
De igual manera la Ley N° 031 Marco de Autonomías establece que las Gobernaciones y Municipios otorguen recursos sin límite de monto para el sector salud de acuerdo a sus competencias. En consecuencia pedir un 10% significa retroceder en lo que se avanzó hasta la fecha en el marco legislativo. Por tanto es evidente que las falencias que pueda tener el sector salud no provienen de la falta de recursos o de un marco normativo que así lo establezca, sino por el contrario de la falta de gestión por parte de las entidades involucradas. En este marco otorgar el 10% que pide el padre Mateo seria tratar de resolver los problemas con retrocesos.
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