Por: Omar A. Yujra Santos (*)
Desde un punto de vista conceptual, un modelo económico es la representación ideal, simplificada y generalmente abstracta, que sirve para comprender los sistemas complejos de la realidad. Son construcciones hipotéticas para reflejar sistemas y procesos económicos
En términos de desarrollo, es una manera de organizar la forma de producción (obtención de ingresos) y distribución con el objetivo de generar bienestar económico y social en la población.
Un modelo viene a ser como una “receta de cocina” para el desarrollo de un pueblo. Desde esa perspectiva, lo que se ve perfecto en el papel de los libros (que provenían de organismos internacionales) no implica que a todos los que la sigan obtengan un producto igual a la fotografía del libro.
Bajo este enfoque, Bolivia pasó por varias recetas durante el siglo pasado y el primer lustro del siglo XXI. Genéricamente entre 1900 y 1932 prevaleció uno liberal, un segundo intervencionista, desde 1932 a 1985, un tercero que implicó el retorno liberal hasta el 2005. Desde 2006 está en plena implementación un modelo, que a diferencia de los anteriores no es importado, sino más bien una receta criolla.
En esencia ningún modelo económico es malo per se. El éxito o fracaso dependerá de quien los prepare, los insumos con que se cuente, la forma de llevarlos adelante y finalmente la degustación, que significa evaluar la preparación para ver que tan bien salió respecto la receta del libro.
Si los modelos no son malos ¿porqué las recetas importadas no funcionaron en Bolivia?
En primer lugar, debido a que las personas que diseñan un determinado modelo, lo realizan para economías y momentos específicos, con realidades y características particulares. Siendo estos modelos importados, los mismos estaban diseñados para el uso de insumos y métodos de implementación que no son parte de la realidad socio-cultural y política boliviana, además que la forma en que se la encamino no fue la correcta.
¿En qué consistieron las recetas importadas? Concentrándonos en el periodo 1985-2005, denominado también neoliberal, tenía como fundamento un “análisis” de causa-efecto de la crisis latinoamericana de ese momento, a lo cual, economistas de organismos internacionales con sede en Washington y de países de la OCDE llegaron a una especie de consenso, por lo que se denominó también Consenso de Washington (CW).
Según este enfoque, las causas de la crisis eran básicamente dos: i) “excesivo crecimiento del Estado”, traducido en proteccionismo (modelo de sustitución de importaciones), exceso de regulación y empresas estatales ineficientes y numerosas, y ii) “populismo económico”, entendido como incapacidad de controlar el déficit público y mantener bajo control las demandas salariales tanto en el sector privado como en el sector público.
La receta del CW, se podía resumir en: 1) promover la estabilización de la economía a través del ajuste fiscal y de la adopción de políticas ortodoxas en las que el mercado desempeñe el papel fundamental, y 2) afirmar que el Estado debería ser drásticamente reducido. Con esto el CW sugería que era suficiente estabilizar la economía, liberalizarla y privatizarla, para que el país retome la senda del desarrollo.
Luego de aplicar dichas medidas (ajustes fiscales y monetarios, liberalización de mercados, así como la privatización de las empresas y los recursos naturales estratégicos del país) no se obtuvieron los resultados esperados. Los datos son elocuentes.
Al margen de la hiperinflación, entre 1986 y 2005 (20 años) el promedio de crecimiento nacional no superó el 3,2%, por su parte el PIB per cápita llegaba a $us871, la deuda externa promedió en torno al 66% del PIB, principal problema de la crisis, en razón a que presentaba un déficit fiscal crónico -gastos públicos mayores a los ingresos- que superaba en promedio el 4,5% del PIB el cual fue financiado con mayor deuda, la inversión extranjera directa (IED), pese a las privatizaciones, no superó los $us296 MM en promedio, las reservas internacionales netas (RIN) eran menores a $us1.000 MM y se mantenía una balanza comercial (exportaciones menos importaciones) deficitaria cuyo punto mínimo alcanzó en 1998 con $us1.126 MM negativos, es decir importábamos más de lo que exportábamos.
Si nos referimos al último lustro de dicho periodo (2001-2005) el promedio de crecimiento económico alcanzó 3,1% (menor al de la economía mundial 3,7%), la inversión pública promedió $us590 MM, que se financiaba principalmente con recursos externos (más del 60% era financiada con créditos y donaciones externas), además la deuda pública total alcanzaba el 87% del PIB (deuda externa 57% y deuda interna del TGN 30%).
Este comportamiento produjo que a finales del 2005 la pobreza supere el 60% de la población, el PIB nominal alcance $us9.521 MM, las RIN $us1.714 MM, una IED negativa de $us291 MM, tasa de desempleo urbano superior al 12% -según CEDLA- y una economía casi dolarizada (solo 16% de los depósitos y 8% de los créditos se realizaban en moneda nacional).
Se obtuvieron estos resultados porque el modelo no tomaba en cuenta la deuda externa, principal problema para reducir el déficit público, adicionalmente a esto se acentuaba la gran corrupción (gastos reservados entre otros) y burocracia en diferentes instituciones del Estado. La relocalización de los mineros causó desempleo que afectó notablemente, hasta hoy en día, al sistema tributario ya que la mayor parte de este sector se convirtió en informal, esto supuso un obstáculo para ampliar la base tributaria como se esperaba.
La apertura de las fronteras comerciales se la realizó en virtud a la firma de diferentes acuerdos que Bolivia consiguió de manera bi y multilateral, reduciendo significativamente los aranceles a los productos importados y ampliando mercados para las exportaciones. Sin embargo, esta medida no tuvo éxito porque no se supo aprovechar los mercados abiertos con otros países, debido principalmente a que se abrieron las fronteras sin tener antes una base productiva (y gerencial) que pueda enfrentar los retos de los nuevos mercados en especial por la reducción de la inversión pública en infraestructura.
Asimismo, la privatización de las empresas del Estado se desarrolló de la noche a la mañana, sin considerar los indicios de corrupción que se señalaban en la esfera política. Se privatizaron empresas estratégicas para la economía nacional (YPFB, ENDE, Empresas Mineras, LAB, ENTEL, entre otras), cuyas condiciones de negociación estaban a cargo de gente que no tenía experiencia en estos procesos, cuando lo que se debía haber hecho es crear una institución que al margen de la regulación, promulgue y haga cumplir normas en función al tipo de empresas que se estaban privatizando. Desde luego al parecer existía una fuerte presión para que ese proceso se culmine lo antes posible.
Esto era algo inadecuado en razón a que las naciones de mercado “maduras”, los marcos legales y reguladores tardaron en ser edificados a lo largo de un siglo y medio, en respuesta a los problemas que trae el capitalismo de mercado sin trabas. Antes de poner en marcha un mercado de cualquier índole hay que asegurarse de que operen regulaciones efectivas, según señala el premio nobel J Stiglitz. Por lo sucedido en la última crisis financiera (fiscal y de endeudamiento) de Estados Unidos y Europa, estas palabras no caen saco roto.
Aunque ya existían ejemplos de economías donde estas políticas no habían sido implementadas correctamente, el FMI mantenía en ese entonces el absurdo de aplicar de manera rápida y a rajatabla la receta de Washington cuando en realidad debían aplicar una transición.
Considerando el fracaso de la receta importada, Bolivia debía más bien desarrollar un modelo “criollo”, con los condimentos y métodos que la colectividad boliviana conoce y necesita, poniendo énfasis en las políticas de Estado como generador, articulador y protagonista de la economía. Desde 2006 se implementa un modelo económico plural -Art. 306 de la Constitución Política del Estado-, denominado también modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, este modelo cuya finalidad es la de transición hacia un modelo socialista, tiene como objetivo principal la redistribución de la riqueza buscando el vivir bien con base en dos pilares: a) uno compuesto por los sectores que generan y generarán excedentes (hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales) y b) otro productor de ingresos y empleo (industria manufacturera y artesanía, turismo, desarrollo agropecuario, vivienda, comercio, servicios y otros).
De acuerdo a los principios del modelo, los excedentes generados son transferidos para fortalecer el aparato productivo que no depende de los recursos naturales (manufactura y servicios), al generar empleo y mayores ingresos estos coadyuvan en la redistribución destinada principalmente a políticas sociales como los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad; con esto se busca reducir la pobreza de manea significativa.
Entre 2006 y 2011 (6 años) el promedio de crecimiento de la economía alcanzó 4,7% (mayor al de la economía mundial 3,6%), el PIB per cápita superó los $us1.660, la deuda externa disminuyó a 17% del PIB, el sector fiscal después de cerca de 60 años obtuvo superávits que promediaron el 2%, la IED $us517 MM, las RIN $us7.758 MM y $us1.436 MM en labalanza comercial, además que la inversión pública superó los $us1.391 MM.
Con la evolución favorable de estos indicadores, a finales de 2011 la pobreza se redujo al 48,5% de la población -según UDAPE-, de acuerdo al gobierno esto supone que cerca de 1 millón de personas superaron esa condición, por su parte el PIB per cápita llegó a un nivel record de $us2.283, la economía nacional alcanzó un nivel de producción de $us24.241 MM, RIN de $us12.019 MM, IED de $us859 MM, tasa de desempleo de 5,5%, fortalecimiento de la moneda nacional (64% de los depósitos y 71% de los créditos se realizan en bolivianos), además que la inversión pública ejecutada superó los $us2.153 MM.
Considerando que a la fecha este modelo tiene un poco más de seis años, las cifras muestran que a nivel macro y microeconómico se tiene una economía saludable y sostenible, con tendencia ascendente. Esto significa que las políticas económicas y sociales aplicadas a partir del modelo nacional dieron buenos resultados, sin embargo, no hay que olvidar que es necesario mejorarlos, optimizando la aplicación de tiempos y ejecución de los planes, programas y proyectos sociales y productivos, de manera que sean más eficientes para poder alcanzar la industrialización y el nivel de vida deseados.
En conclusión los datos demuestran que lo que se hace en Bolivia puede llegar a ser mejor que las recetas importadas.
Bajo este enfoque, Bolivia pasó por varias recetas durante el siglo pasado y el primer lustro del siglo XXI. Genéricamente entre 1900 y 1932 prevaleció uno liberal, un segundo intervencionista, desde 1932 a 1985, un tercero que implicó el retorno liberal hasta el 2005. Desde 2006 está en plena implementación un modelo, que a diferencia de los anteriores no es importado, sino más bien una receta criolla.
En esencia ningún modelo económico es malo per se. El éxito o fracaso dependerá de quien los prepare, los insumos con que se cuente, la forma de llevarlos adelante y finalmente la degustación, que significa evaluar la preparación para ver que tan bien salió respecto la receta del libro.
Si los modelos no son malos ¿porqué las recetas importadas no funcionaron en Bolivia?
En primer lugar, debido a que las personas que diseñan un determinado modelo, lo realizan para economías y momentos específicos, con realidades y características particulares. Siendo estos modelos importados, los mismos estaban diseñados para el uso de insumos y métodos de implementación que no son parte de la realidad socio-cultural y política boliviana, además que la forma en que se la encamino no fue la correcta.
¿En qué consistieron las recetas importadas? Concentrándonos en el periodo 1985-2005, denominado también neoliberal, tenía como fundamento un “análisis” de causa-efecto de la crisis latinoamericana de ese momento, a lo cual, economistas de organismos internacionales con sede en Washington y de países de la OCDE llegaron a una especie de consenso, por lo que se denominó también Consenso de Washington (CW).
Según este enfoque, las causas de la crisis eran básicamente dos: i) “excesivo crecimiento del Estado”, traducido en proteccionismo (modelo de sustitución de importaciones), exceso de regulación y empresas estatales ineficientes y numerosas, y ii) “populismo económico”, entendido como incapacidad de controlar el déficit público y mantener bajo control las demandas salariales tanto en el sector privado como en el sector público.
La receta del CW, se podía resumir en: 1) promover la estabilización de la economía a través del ajuste fiscal y de la adopción de políticas ortodoxas en las que el mercado desempeñe el papel fundamental, y 2) afirmar que el Estado debería ser drásticamente reducido. Con esto el CW sugería que era suficiente estabilizar la economía, liberalizarla y privatizarla, para que el país retome la senda del desarrollo.
Luego de aplicar dichas medidas (ajustes fiscales y monetarios, liberalización de mercados, así como la privatización de las empresas y los recursos naturales estratégicos del país) no se obtuvieron los resultados esperados. Los datos son elocuentes.
Al margen de la hiperinflación, entre 1986 y 2005 (20 años) el promedio de crecimiento nacional no superó el 3,2%, por su parte el PIB per cápita llegaba a $us871, la deuda externa promedió en torno al 66% del PIB, principal problema de la crisis, en razón a que presentaba un déficit fiscal crónico -gastos públicos mayores a los ingresos- que superaba en promedio el 4,5% del PIB el cual fue financiado con mayor deuda, la inversión extranjera directa (IED), pese a las privatizaciones, no superó los $us296 MM en promedio, las reservas internacionales netas (RIN) eran menores a $us1.000 MM y se mantenía una balanza comercial (exportaciones menos importaciones) deficitaria cuyo punto mínimo alcanzó en 1998 con $us1.126 MM negativos, es decir importábamos más de lo que exportábamos.
Si nos referimos al último lustro de dicho periodo (2001-2005) el promedio de crecimiento económico alcanzó 3,1% (menor al de la economía mundial 3,7%), la inversión pública promedió $us590 MM, que se financiaba principalmente con recursos externos (más del 60% era financiada con créditos y donaciones externas), además la deuda pública total alcanzaba el 87% del PIB (deuda externa 57% y deuda interna del TGN 30%).
Este comportamiento produjo que a finales del 2005 la pobreza supere el 60% de la población, el PIB nominal alcance $us9.521 MM, las RIN $us1.714 MM, una IED negativa de $us291 MM, tasa de desempleo urbano superior al 12% -según CEDLA- y una economía casi dolarizada (solo 16% de los depósitos y 8% de los créditos se realizaban en moneda nacional).
Se obtuvieron estos resultados porque el modelo no tomaba en cuenta la deuda externa, principal problema para reducir el déficit público, adicionalmente a esto se acentuaba la gran corrupción (gastos reservados entre otros) y burocracia en diferentes instituciones del Estado. La relocalización de los mineros causó desempleo que afectó notablemente, hasta hoy en día, al sistema tributario ya que la mayor parte de este sector se convirtió en informal, esto supuso un obstáculo para ampliar la base tributaria como se esperaba.
La apertura de las fronteras comerciales se la realizó en virtud a la firma de diferentes acuerdos que Bolivia consiguió de manera bi y multilateral, reduciendo significativamente los aranceles a los productos importados y ampliando mercados para las exportaciones. Sin embargo, esta medida no tuvo éxito porque no se supo aprovechar los mercados abiertos con otros países, debido principalmente a que se abrieron las fronteras sin tener antes una base productiva (y gerencial) que pueda enfrentar los retos de los nuevos mercados en especial por la reducción de la inversión pública en infraestructura.
Asimismo, la privatización de las empresas del Estado se desarrolló de la noche a la mañana, sin considerar los indicios de corrupción que se señalaban en la esfera política. Se privatizaron empresas estratégicas para la economía nacional (YPFB, ENDE, Empresas Mineras, LAB, ENTEL, entre otras), cuyas condiciones de negociación estaban a cargo de gente que no tenía experiencia en estos procesos, cuando lo que se debía haber hecho es crear una institución que al margen de la regulación, promulgue y haga cumplir normas en función al tipo de empresas que se estaban privatizando. Desde luego al parecer existía una fuerte presión para que ese proceso se culmine lo antes posible.
Esto era algo inadecuado en razón a que las naciones de mercado “maduras”, los marcos legales y reguladores tardaron en ser edificados a lo largo de un siglo y medio, en respuesta a los problemas que trae el capitalismo de mercado sin trabas. Antes de poner en marcha un mercado de cualquier índole hay que asegurarse de que operen regulaciones efectivas, según señala el premio nobel J Stiglitz. Por lo sucedido en la última crisis financiera (fiscal y de endeudamiento) de Estados Unidos y Europa, estas palabras no caen saco roto.
Aunque ya existían ejemplos de economías donde estas políticas no habían sido implementadas correctamente, el FMI mantenía en ese entonces el absurdo de aplicar de manera rápida y a rajatabla la receta de Washington cuando en realidad debían aplicar una transición.
Considerando el fracaso de la receta importada, Bolivia debía más bien desarrollar un modelo “criollo”, con los condimentos y métodos que la colectividad boliviana conoce y necesita, poniendo énfasis en las políticas de Estado como generador, articulador y protagonista de la economía. Desde 2006 se implementa un modelo económico plural -Art. 306 de la Constitución Política del Estado-, denominado también modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, este modelo cuya finalidad es la de transición hacia un modelo socialista, tiene como objetivo principal la redistribución de la riqueza buscando el vivir bien con base en dos pilares: a) uno compuesto por los sectores que generan y generarán excedentes (hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales) y b) otro productor de ingresos y empleo (industria manufacturera y artesanía, turismo, desarrollo agropecuario, vivienda, comercio, servicios y otros).
De acuerdo a los principios del modelo, los excedentes generados son transferidos para fortalecer el aparato productivo que no depende de los recursos naturales (manufactura y servicios), al generar empleo y mayores ingresos estos coadyuvan en la redistribución destinada principalmente a políticas sociales como los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad; con esto se busca reducir la pobreza de manea significativa.
Entre 2006 y 2011 (6 años) el promedio de crecimiento de la economía alcanzó 4,7% (mayor al de la economía mundial 3,6%), el PIB per cápita superó los $us1.660, la deuda externa disminuyó a 17% del PIB, el sector fiscal después de cerca de 60 años obtuvo superávits que promediaron el 2%, la IED $us517 MM, las RIN $us7.758 MM y $us1.436 MM en labalanza comercial, además que la inversión pública superó los $us1.391 MM.
Con la evolución favorable de estos indicadores, a finales de 2011 la pobreza se redujo al 48,5% de la población -según UDAPE-, de acuerdo al gobierno esto supone que cerca de 1 millón de personas superaron esa condición, por su parte el PIB per cápita llegó a un nivel record de $us2.283, la economía nacional alcanzó un nivel de producción de $us24.241 MM, RIN de $us12.019 MM, IED de $us859 MM, tasa de desempleo de 5,5%, fortalecimiento de la moneda nacional (64% de los depósitos y 71% de los créditos se realizan en bolivianos), además que la inversión pública ejecutada superó los $us2.153 MM.
Considerando que a la fecha este modelo tiene un poco más de seis años, las cifras muestran que a nivel macro y microeconómico se tiene una economía saludable y sostenible, con tendencia ascendente. Esto significa que las políticas económicas y sociales aplicadas a partir del modelo nacional dieron buenos resultados, sin embargo, no hay que olvidar que es necesario mejorarlos, optimizando la aplicación de tiempos y ejecución de los planes, programas y proyectos sociales y productivos, de manera que sean más eficientes para poder alcanzar la industrialización y el nivel de vida deseados.
En conclusión los datos demuestran que lo que se hace en Bolivia puede llegar a ser mejor que las recetas importadas.
(*) Es Economista
Publicado en La Epoca el 06/07/2012
http://www.la-epoca.com.bo/index.php?opt=front&mod=detalle&id=1904
http://www.la-epoca.com.bo/index.php?opt=front&mod=detalle&id=1904
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