Por: Omar Velasco Portillo
En el país existen cerca de 50.000 personas con capacidades diferentes, de acuerdo con fuentes oficiales. Según nuestra legislación, hay diferentes tipos de discapacidad y en muchos casos éstos pueden ser múltiples. La discapacidad es un problema social porque limita la participación plena, efectiva e igual en la sociedad para quienes la padecen. Sin importar su número, lo cierto es que todas ellas enfrentan problemas y necesidades diferentes, y una gran parte de esta población está sumida en la pobreza y la exclusión social. Frente a esta lacerante realidad, la dirigencia de los discapacitados asumió la tarea, por segunda vez desde 2012, de protagonizar una marcha de protesta para exigir un bono perpetuo. En este contexto surgen algunas interrogantes: ¿cuán legítima es su demanda?, ¿es razonable y viable su pedido?, ¿existen otros caminos al diálogo?
Para responder la primera pregunta, bastaría con que otros grupos vulnerables con necesidades similares como niños huérfanos y madres solteras se movilicen exigiendo beneficios parecidos, y veremos que la legitimidad se pierde cuando todos aspiramos a las mismas ayudas estatales.
Actualmente, un tercio de la población entre niños, madres gestantes y ancianos recibe bonos sociales y atenciones del Estado con objetivos específicos en términos de indicadores socioeconómicos como reducir la deserción escolar, la mortalidad infantil y prolongar la esperanza de vida de los bolivianos. En el caso de las personas con discapacidad se debería tener muy delimitado el objetivo que persigue el supuesto bono y si no existen otras alternativas de política más eficientes a las transferencias de dinero, pero es ahí precisamente donde una demanda tan oblicua e intransigente no encuentra asidero en el Gobierno.
Segunda pregunta, ¿son Bs 500 al mes suficientes para llevar una vida digna? Para la dirigencia y algunos análisis políticos aparentemente sí. Sin embargo, este minúsculo presupuesto familiar estaría principalmente destinado a alimentos, al que habría que sumarle gastos en medicamentos, visitas médicas a especialistas y otros gastos intrínsecos a su estado de salud. Por cuanto, Bs 500 no solucionaría satisfactoriamente todas las necesidades de este sector. Si por el contrario se dotara de un empleo público o privado, una persona con capacidades diferentes podría generar una renta anual de Bs 19.872 (sin aguinaldo) ganando el mínimo nacional; en cambio, el bono que aspira el sector solo reporta Bs 6.000 anuales, una tercera parte.
Desde el lado del Gobierno también se ha manifestado la inviabilidad de la medida, ya que la misma implicaría un presupuesto insostenible en el tiempo. Algunas propuestas inventivas de asesores de la oposición sugieren efectuar principalmente recortes a la inversión pública y aumentar las tasas impositivas, tratando de ganar votos entre los afectados. Estas propuestas demagógicas disminuirían las posibilidades de crecimiento de la economía, no garantizan sostenibilidad fiscal y carecen de un análisis de evaluación impacto.
Pero ¿qué alternativas existen? Bolivia realizó, en los últimos años, avances significativos para mejorar los derechos y beneficios sociales para personas con discapacidad, pero solo una pequeña parte de la población que pertenece a este sector hace ejercicio pleno de estos derechos. Así por ejemplo, no todas las entidades públicas acatan la disposición de contratar un mínimo de 4% de personas con discapacidad, medida que además debería ampliarse en rigor al sector privado. Una mayor inserción laboral de este sector daría estabilidad de ingresos y reduciría la pobreza de forma sostenible. La discapacidad no debiera confundirse con incapacidad para trabajar.
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