Durante la conquista de América así como en los años siguientes, en nuestro continente se difundieron leyendas sobre ocultos reinos, ricos y poderosos, plagados de tesoros. En nuestra propia tierra, bajo esa misma lógica, se hablaba de El Dorado o El gran Paitití, una ciudad inca hecha de oro que nadie pudo encontrar. Más allá de aquella vieja leyenda, la idea de encontrar (en sentido figurado) un reino oculto lleno de riqueza que nos permita vivir con opulencia se ha convertido en un rasgo cultural, que se refleja en muchos ámbitos de la cotidianidad. En esa mencionada lógica, con mucha ligereza verbal, algunas organizaciones políticas pretenden convencer a la población que el pacto fiscal va a ser una suerte de Gran Paitití, capaz de asegurar a sus regiones y a sus entidades territoriales la dicha y la prosperidad que nunca les fueron concedidas.
Estas postulaciones quiméricas distorsionan la naturaleza del pacto fiscal, reduciéndolo a un acuerdo rentista y cortoplacista que tiene como único objeto llevar adelante un simple ajuste en la distribución de los recursos. Si queremos hablar seriamente de un pacto fiscal, se debería partir inicialmente de un análisis técnico y conceptual que permita determinar su alcance. Asimismo, deberían analizarse todos los datos sobre las modificaciones en la estructura poblacional y aquellos factores colaterales que provengan de la información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012.
Por otra parte, se deben considerar como factores relevantes el nuevo marco legal normativo y el nuevo modelo económico vigente, analizando sus impactos en el funcionamiento integral del Estado boliviano. En este marco, corresponderá analizar también cuáles son los escenarios y las capacidades reales de cada una de las entidades territoriales autónomas, así como del nivel central, entendiendo que este último participa activamente en el crecimiento de los niveles territoriales a través del desarrollo de los diferentes marcos competenciales que correspondan.
Estas postulaciones quiméricas distorsionan la naturaleza del pacto fiscal, reduciéndolo a un acuerdo rentista y cortoplacista que tiene como único objeto llevar adelante un simple ajuste en la distribución de los recursos. Si queremos hablar seriamente de un pacto fiscal, se debería partir inicialmente de un análisis técnico y conceptual que permita determinar su alcance. Asimismo, deberían analizarse todos los datos sobre las modificaciones en la estructura poblacional y aquellos factores colaterales que provengan de la información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012.
Por otra parte, se deben considerar como factores relevantes el nuevo marco legal normativo y el nuevo modelo económico vigente, analizando sus impactos en el funcionamiento integral del Estado boliviano. En este marco, corresponderá analizar también cuáles son los escenarios y las capacidades reales de cada una de las entidades territoriales autónomas, así como del nivel central, entendiendo que este último participa activamente en el crecimiento de los niveles territoriales a través del desarrollo de los diferentes marcos competenciales que correspondan.
En el contexto precedentemente señalado, se podrá encarar un diálogo sobre el pacto fiscal asumiéndolo como un proceso complejo de etapas definidas y constantes acuerdos, con marcos institucionales, políticos y de administración fiscal claros, donde uno de los componentes que lo conforman sea la nueva distribución de los recursos, dejando de lado definitivamente esa concepción errónea de que el pacto fiscal será nuestro Gran Paitití. De insistir en esta visión, solo se correrá con la suerte de aquellos que van tras el oro de los duendes al final del arcoíris, que desaparece en cuanto uno lo tiene cerca de las manos.
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