Por: Marcelo Laura Guarachi (*)
El marco normativo y regulatorio constituye un importante componente para un mejor desarrollo del sistema financiero; pues, políticas laxas y flexibles muchas veces han afectado principalmente a los usuarios en lugar de los banqueros, donde el Estado termina asumiendo las consecuencias y los países ven postergados sus niveles de crecimiento.
En Bolivia, la Ley de Bancos y Entidades Financieras de 1993 aglutinó todo el arte normativo previo, y hoy por hoy es necesaria una renovación en la regulación a este sistema. En primer lugar porque, a pesar de existir normas e instructivos posteriores, muchos de ellos no han demostrado tener un peso cualitativo y de impacto; y en segundo lugar, es necesario subsanar varios aspectos que llaman la atención al revisar indicadores financieros y que ponen en duda si realmente la regulación financiera cumple cabalmente su deber de eliminar las fallas de este mercado.
La nueva legislación sobre el sistema financiero debe considerar problemas más complejos, ya que el conjunto de instrumentos que deben utilizar es más abundante, a fin de garantizar la seguridad y solidez del sistema. Existen varias opciones para abordar al momento de facilitar la implementación de un marco normativo, pero todas ellas fácilmente pueden desarrollarse en tres importantes argumentos. Primeramente, la justificación de la regulación. Una nueva ley del sistema financiero que solamente recopile todo el arte normativo anterior no garantiza en sí cambios fundamentales; es necesario tocar temáticas como el financiamiento orientado a la producción y la confiabilidad del público en el sistema como una alternativa de financiamiento confiable y accesible.
En segundo lugar, el alcance de la regulación al Sistema Financiero debe buscar principios factibles; es decir, analizar las consecuencias de la aplicación de determinadas normas. Siempre es importante resaltar que los objetivos esperados deben realmente aproximarse y coincidir con los resultados que lleguen a alcanzarse y no disten mucho de lo que realmente se busca.
Finalmente, los instrumentos reguladores, por ejemplo, la tasa de interés, donde llama la atención la brecha existente entre la tasa a la que el sistema financiero otorga créditos (activa) y a la cual capta depósitos (pasiva), que en promedio superan los nueve puntos porcentuales; también está presente el poco desarrollo o divulgación de instrumentos como el leasing (alquiler con opción a compra); adicionalmente habría que promover la diversificación de los créditos otorgados por la banca, y finalmente corregir el descalce entre depósitos y colocaciones en el sistema bancario, que a diciembre de 2012 superaba los Bs 19.197 millones.
Es por ello que hablar de regulación financiera no es una tarea fácil pero sí necesaria, y los retos que tiene una futura ley distan mucho de ser simples y concretos, donde el peso del ente gestor deberá demostrar la capacidad de subsanar las fallas existentes en este mercado, evitando a su vez sentirse dotados de poderes para regular por razones que no tienen nada que ver con la seguridad y solidez del sistema financiero.
El marco normativo y regulatorio constituye un importante componente para un mejor desarrollo del sistema financiero; pues, políticas laxas y flexibles muchas veces han afectado principalmente a los usuarios en lugar de los banqueros, donde el Estado termina asumiendo las consecuencias y los países ven postergados sus niveles de crecimiento.
En Bolivia, la Ley de Bancos y Entidades Financieras de 1993 aglutinó todo el arte normativo previo, y hoy por hoy es necesaria una renovación en la regulación a este sistema. En primer lugar porque, a pesar de existir normas e instructivos posteriores, muchos de ellos no han demostrado tener un peso cualitativo y de impacto; y en segundo lugar, es necesario subsanar varios aspectos que llaman la atención al revisar indicadores financieros y que ponen en duda si realmente la regulación financiera cumple cabalmente su deber de eliminar las fallas de este mercado.
La nueva legislación sobre el sistema financiero debe considerar problemas más complejos, ya que el conjunto de instrumentos que deben utilizar es más abundante, a fin de garantizar la seguridad y solidez del sistema. Existen varias opciones para abordar al momento de facilitar la implementación de un marco normativo, pero todas ellas fácilmente pueden desarrollarse en tres importantes argumentos. Primeramente, la justificación de la regulación. Una nueva ley del sistema financiero que solamente recopile todo el arte normativo anterior no garantiza en sí cambios fundamentales; es necesario tocar temáticas como el financiamiento orientado a la producción y la confiabilidad del público en el sistema como una alternativa de financiamiento confiable y accesible.
En segundo lugar, el alcance de la regulación al Sistema Financiero debe buscar principios factibles; es decir, analizar las consecuencias de la aplicación de determinadas normas. Siempre es importante resaltar que los objetivos esperados deben realmente aproximarse y coincidir con los resultados que lleguen a alcanzarse y no disten mucho de lo que realmente se busca.
Finalmente, los instrumentos reguladores, por ejemplo, la tasa de interés, donde llama la atención la brecha existente entre la tasa a la que el sistema financiero otorga créditos (activa) y a la cual capta depósitos (pasiva), que en promedio superan los nueve puntos porcentuales; también está presente el poco desarrollo o divulgación de instrumentos como el leasing (alquiler con opción a compra); adicionalmente habría que promover la diversificación de los créditos otorgados por la banca, y finalmente corregir el descalce entre depósitos y colocaciones en el sistema bancario, que a diciembre de 2012 superaba los Bs 19.197 millones.
Es por ello que hablar de regulación financiera no es una tarea fácil pero sí necesaria, y los retos que tiene una futura ley distan mucho de ser simples y concretos, donde el peso del ente gestor deberá demostrar la capacidad de subsanar las fallas existentes en este mercado, evitando a su vez sentirse dotados de poderes para regular por razones que no tienen nada que ver con la seguridad y solidez del sistema financiero.
(*) Es Economista
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Por favor, ingrese sus comentarios sobre el artículo aquí: