Por: Katherine Hinojosa
Con la macroeconomía neoclásica en crisis, las respuestas se muestran erradas frente a un mundo al borde de la depresión, muchos economistas han desempolvado las armas teóricas de la economía política. Lo cual es positivo, ya que los remedios más efectivos nacen de análisis rigurosos sobre sólidos cimientos teóricos.
Una pregunta básica en el estudio de la economía política es: ¿A quién beneficia tal o cual medida económica? Mediante este recurso es posible relacionar la acción del Estado con su contenido de clase. Así es que indagando los beneficios resultantes del accionar estatal se puede conocer quiénes son los que manejan los hilos del poder.
Esta poderosa herramienta de análisis (y práctica política) con frecuencia es desvirtuada para acomodar la realidad con el fin de demostrar curiosas hipótesis. Una reciente muestra de ello la proporciona Carlos Toranzo en un artículo titulado “Post-neoliberalismo en Bolivia” (Página Siete 23/05/2012), en el que indica: “El MAS como movimiento político, los sindicatos, los movimientos sociales y las más de las ONG lo que pretenden es destruir totalmente al modelo neoliberal y poseen un discurso de ataque a la economía de mercado. Pero en realidad no quieren el neoliberalismo de otros, sino lo que buscan es un neoliberalismo de ellos, un neoliberalismo propio. Eso es lo que se siente en las demandas de cocaleros, gremiales, comerciantes, contrabandistas, chuteros u otros sectores sociales emergentes”.
En el razonamiento de Toranzo, la acción del Estado se dirige a beneficiar a estos grupos y por ende lo que se vive ahora es una variedad de “neoliberalismo”, sólo que con nuevos grupos en el poder. Para ello niega el análisis histórico y no toma en cuenta la integralidad económica y política que puede permitirnos abordar adecuadamente el problema.
Históricamente, en América Latina la lucha de los pueblos ha sido por la apropiación de los excedentes de recursos naturales. Ciclos económicos y políticos están definidos por este aspecto. En Bolivia la caída del capitalismo de Estado se explica por el descenso de los precios de minerales. Así también la actual bonanza tiene entre sus componentes el crecimiento del precio del gas.
Por tanto, si se desea observar a quién beneficia el actual modelo económico se puede encontrar una variedad de actores. El “excedente” en Bolivia es generado, fundamentalmente, por el sector hidrocarburífero y es capturado por el Estado. Una aproximación de su medición se constituye por los impuestos y regalías por hidrocarburos. En 2011 éstos llegaron a 16.154 millones de bolivianos, de los cuales un 55% estuvo compuesto por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y 29% por regalías.
Seguir la ruta del IDH nos permite observar su destino y una aproximación razonable del uso del excedente. Las gobernaciones se llevan el 14%, los municipios el 47%, las universidades el 7%, el fondo indígena el 5% y el Tesoro General de la Nación el 27%. Éstos son los “grupos” beneficiados por el excedente del sector. Como puede verse, es una amplia variedad que supera de lejos a los “cocaleros, gremiales, comerciantes, contrabandistas, chuteros u otros sectores sociales emergentes”, como pretende mostrar Toranzo.
De hecho, en Bolivia se nota que hay una fuerte apuesta por la formalidad. Una muestra es la Ley N° 100 (04/04/2011), que endurece la lucha contra el contrabando. Asimismo, los continuos operativos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) han generado una “sensación de riesgo” en los comerciantes que los obliga e emitir facturas. De ahí que considerar que únicamente se tomen en cuenta los intereses sectoriales no parecer ser la mejor percepción.
Un análisis serio debe combinar la ruta del excedente y los grupos beneficiados. El otro camino es pintoresco y útil para propósitos de ataque político, pero en manera alguna permite avanzar en el conocimiento de la ciencia. Los resultados en materia económica, en todo caso, apuntan a la existencia de un nuevo modelo económico que muestra que tras el neoliberalismo hay mucho camino por andar.
Una pregunta básica en el estudio de la economía política es: ¿A quién beneficia tal o cual medida económica? Mediante este recurso es posible relacionar la acción del Estado con su contenido de clase. Así es que indagando los beneficios resultantes del accionar estatal se puede conocer quiénes son los que manejan los hilos del poder.
Esta poderosa herramienta de análisis (y práctica política) con frecuencia es desvirtuada para acomodar la realidad con el fin de demostrar curiosas hipótesis. Una reciente muestra de ello la proporciona Carlos Toranzo en un artículo titulado “Post-neoliberalismo en Bolivia” (Página Siete 23/05/2012), en el que indica: “El MAS como movimiento político, los sindicatos, los movimientos sociales y las más de las ONG lo que pretenden es destruir totalmente al modelo neoliberal y poseen un discurso de ataque a la economía de mercado. Pero en realidad no quieren el neoliberalismo de otros, sino lo que buscan es un neoliberalismo de ellos, un neoliberalismo propio. Eso es lo que se siente en las demandas de cocaleros, gremiales, comerciantes, contrabandistas, chuteros u otros sectores sociales emergentes”.
En el razonamiento de Toranzo, la acción del Estado se dirige a beneficiar a estos grupos y por ende lo que se vive ahora es una variedad de “neoliberalismo”, sólo que con nuevos grupos en el poder. Para ello niega el análisis histórico y no toma en cuenta la integralidad económica y política que puede permitirnos abordar adecuadamente el problema.
Históricamente, en América Latina la lucha de los pueblos ha sido por la apropiación de los excedentes de recursos naturales. Ciclos económicos y políticos están definidos por este aspecto. En Bolivia la caída del capitalismo de Estado se explica por el descenso de los precios de minerales. Así también la actual bonanza tiene entre sus componentes el crecimiento del precio del gas.
Por tanto, si se desea observar a quién beneficia el actual modelo económico se puede encontrar una variedad de actores. El “excedente” en Bolivia es generado, fundamentalmente, por el sector hidrocarburífero y es capturado por el Estado. Una aproximación de su medición se constituye por los impuestos y regalías por hidrocarburos. En 2011 éstos llegaron a 16.154 millones de bolivianos, de los cuales un 55% estuvo compuesto por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y 29% por regalías.
Seguir la ruta del IDH nos permite observar su destino y una aproximación razonable del uso del excedente. Las gobernaciones se llevan el 14%, los municipios el 47%, las universidades el 7%, el fondo indígena el 5% y el Tesoro General de la Nación el 27%. Éstos son los “grupos” beneficiados por el excedente del sector. Como puede verse, es una amplia variedad que supera de lejos a los “cocaleros, gremiales, comerciantes, contrabandistas, chuteros u otros sectores sociales emergentes”, como pretende mostrar Toranzo.
De hecho, en Bolivia se nota que hay una fuerte apuesta por la formalidad. Una muestra es la Ley N° 100 (04/04/2011), que endurece la lucha contra el contrabando. Asimismo, los continuos operativos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) han generado una “sensación de riesgo” en los comerciantes que los obliga e emitir facturas. De ahí que considerar que únicamente se tomen en cuenta los intereses sectoriales no parecer ser la mejor percepción.
Un análisis serio debe combinar la ruta del excedente y los grupos beneficiados. El otro camino es pintoresco y útil para propósitos de ataque político, pero en manera alguna permite avanzar en el conocimiento de la ciencia. Los resultados en materia económica, en todo caso, apuntan a la existencia de un nuevo modelo económico que muestra que tras el neoliberalismo hay mucho camino por andar.
Publicado el 08/06/2012 en Página Siete
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