Por: Alejandro Oporto
“Transcurridos 13 años desde la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) corresponde rememorar este hecho, que ha permitido al país contar con una importante fuente de ingresos públicos, y reflexionar sobre el destino que se la ha dado”.
Las manifestaciones sociales ocurridas en octubre de 2003, hecho recordado como la guerra del gas, rechazando la exportación del gas boliviano a los Estados Unidos a través de Chile, así como la venta de mayores volúmenes de este recurso a la Argentina, pensando que sería revendido a los chilenos (proyecto impulsado por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada), llevó a que el entonces presidente Carlos D. Mesa Gisbert convoque al primer referendo constitucional (18 de julio de 2004), para definir la política hidrocarburífera, que incluía la retención del 50% de los dividendos por la venta de gas. “¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que: c. Cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras, llegando al 50% del valor del gas...”, pregunta Nº 5 del referendo.
Dicha propuesta, que nació en el Parlamento con Evo Morales representante del partido político MAS, fue aprobada con el 61% de los votos emitidos. Bajo este mandato, el 17 de mayo de 2005 fue promulgada la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos, por el presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, que establece una retención del 50% del valor de producción de gas y del petróleo, a través de la regalía del 18% existente y crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) con alícuota del 32%, proyecto del tarijeño Clodomiro Aparicio, a aplicarse en todo el territorio nacional, al total del producto de hidrocarburos.
Como resultado de la conquista social, en el periodo 2005-2017, la venta del gas natural boliviano permitió que el erario estatal reciba por concepto de IDH un total de 109.457,2 millones de bolivianos (15.726,6 millones de dólares) representando una participación promedio anual del 5% sobre el PIB. La recaudación osciló en función al comportamiento del precio internacional del petróleo WTI (West Texas Intermediate), variable utilizada para el cálculo del precio de venta de gas a la Argentina y Brasil, alcanzando su punto más alto en 2014 con 15.602 millones de bolivianos.
Estos importantes recursos económicos significaron el sacrificio de muchas vidas y la lucha de todo el pueblo boliviano; además, no se debe olvidar que provienen de la explotación de nuestros recursos naturales no renovables, es decir perecederos en el tiempo. Por esto es que resulta necesario que los beneficiarios del IDH rindan cuentas a la población nacional sobre el uso que le han dado. Conforme la normativa vigente las gobernaciones, municipios y universidades participan en alrededor del 70% de estos ingresos (31,25% departamentos no productores, 12,5% departamentos productores, 9,5% destinado a un fondo compensatorio para los municipios y universidades de los departamentos del eje central y 14,5% para nivelación de los departamentos productores, variable en función a la producción departamental).
Recordemos que la norma de Hidrocarburos establece que los recursos de IDH deberán destinarse en beneficio de los sectores de educación, salud, caminos, desarrollo productivo, y todo lo que contribuya a la generación de empleo. Pero, ¿cuánto ha contribuido el IDH a la mejora de estos sectores en los departamentos y municipios?, ¿las universidades públicas han aprovechado adecuadamente los recursos del IDH?
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