Por: Miguel A. Marañon
La Ley 031 aprobada en julio de 2010, establece y consolida las autonomías, asimismo se asigna los recursos financieros para este fin, es así que los recursos de Coparticipación Tributaria se distribuyen en 75% para el Tesoro General del Nación (TGN), 20% para los municipios y un 5% para el Sistema Universitario, distribución que se realiza de acuerdo a la cantidad de habitantes según el último Censo de Población y Vivienda.
De aplicarse esta normativa, la UMSA y la UPEA deberían prorratear y dividirse los recursos correspondientes al Departamento de La Paz, sin embargo en la gestión 2011 se aprueba la Ley N° 195 que establece que la UMSA queda con lo asignado en la Ley N° 031 y la UPEA se beneficia con el 0,355% de los recursos de Coparticipación Tributaria que le corresponden al TGN, todo esto para no enfrentar a las dos universidades.
El 0,355% pareciera una cifra baja, pero en la gestión 2015 esto significaba Bs152 Millones y en la gestión 2017 Bs144 Millones, todo esto de acuerdo a la recaudación efectiva. ¿Y si modificamos la Ley 195?, la sugerencia de la UPEA es incrementar a 2%, lo cual significaría incrementar su presupuesto a más de Bs800 Millones, esto generaría un desajuste financiero en la economía nacional, por ejemplo mientras las universidades de los 9 departamentos se dividen el 5%, la UPEA gozaría del 2% (injusto desde todo punto de vista), la distribución departamental (de acuerdo al número de habitantes) quedaría fracturada, ya que La Paz obtendría un 2% más que los otros 8 departamentos.
Es muy cómodo exigir un porcentaje de los ingresos nacionales, ya que esto no estaría sujeto a ninguna condición o requisito, lo que no ocurre con una de las cuentas fiscales de la UPEA como la “Cuenta de Reserva del IDH” donde están más de Bs222 Millones que no pueden ser utilizados mientras esta Casa Superior de Estudios no certifique la cantidad de estudiantes inscritos, requisito exigido por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), ni que decir de los saldos de caja y bancos (Bs.173 Millones) los cuales no pueden ser utilizados ya sea por una ineficiencia administrativa o por falta de planificación.
Todo esto se refleja en una “inestabilidad” en la gestión de las autoridades, ya que el tener 22 rectores en 18 años de vida, refleja la falta de continuidad en los planes operativos de cada gestión, la baja ejecución presupuestaria donde la única partida que se cumple estrictamente es la de sueldos, mientras los proyectos de inversión no superan el 15%, la supuesta “dictadura estudiantil” que ejerce la FUL alteña hace que no existan docentes titulares, supuestamente para evitar la formación de camarillas de catedráticos, pero también refleja el bajo nivel académico, excesiva contratación de docentes además de no tener carreras acreditas internacionalmente como las demás universidades.
En este aspecto corresponde a las diversas carreras de la UPEA, elaborar propuestas que no vulneren la normativa vigente, que no rompan el equilibrio financiero departamental y sobre todo que sus planteamientos de mayor presupuesto no genere confrontaciones con los otros beneficiarios, en pocas palabras la teoría que imparten en aulas deberán llevar a la práctica para mejorar la situación financiera y sobre todo académica de la UPEA.
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