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martes, 17 de septiembre de 2013

También con política fiscal se reduce las presiones inflacionarias

Por: Omar Velasco Portillo
Este fin de semana se publicó un artículo, en un matutino de circulación nacional, con el título "No sólo con OMA se frenan las presiones inflacionarias" que me llamó la atención, por cuanto su contenido destacaba la contribución que puede tener la política fiscal para reducir la inflación. Pero el mensaje iba más allá de la inocente relación entre ahorro fiscal y nivel de precios al calificar la política fiscal de ineficiente, burocrática y poco rentable. Al respecto, valdría la pena volver sobre dichos argumentos.Coincido plenamente en el notable papel que el ahorro fiscal podría jugar en contener presiones inflacionarias. Pero esto es justamente lo que ha estado pasando. La coordinación de políticas fiscales y monetarias se ha ido complementando en estos últimos años a tal punto que se observa un sector público más contractivo que el propio Banco Central en la absorción de liquidez y no por ello se han descuidado metas de crecimiento ni solvencia fiscal.
Sin embargo, contrariamente a la opinión del autor, desde la gestión 2006 la política fiscal pasó a tener una posición contractiva y contracíclica incuestionable, dejando de ser una fuente común de presión sobre los precios y anclando las expectativas de gasto en los niveles de ahorro fiscal consecutivos en promedio 2% del PIB nunca antes vistos y donde el componente más dinámico es el gasto en inversión pública que no es inflacionario.

Este redireccionamiento en la orientación fiscal no podría ser fiel reflejo del simple aumento de ingresos o de la ausencia de proyectos de inversión como se testimonia, sino consecuencia de una toma de conciencia sobre los daños permisiones que genera los déficits fiscales en la salud de la macreconomía y resultado de años de manejo responsable de las cuentas del Estado que han logrado consolidar una reputación fiscal en base a una mayor presión tributaria en los sectores extractivos y aquellos más excedentarios del país al tiempo de destinar el gasto a proyectos productivos y de infraestructura vial con un alto impacto social.

Otra línea de acción en el control de la inflación ha sido la participación activa del Estado en el abastecimiento y mantención de los principales precios de la canasta familiar en periodos de alta inflación importada por la crisis alimentaria mundial. Un ejemplo reciente, fue el anuncio hecho por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sobre la liberalización temporal del arancel para el tomate y sus derivados hasta que se normalice la provisión de este alimento.

En respuesta a las críticas sobre el uso de los fondos públicos, el autor desvía su atención de la inflación hacia la rentabilidad que parece preocuparle mucho más. Al respecto, se sugiere la conformación de fondos soberanos a partir del uso de reservas internacionales, depósitos fiscales y fondos de pensiones. Actualmente, el país cuenta con espacio fiscal para hacer frente cualquier shock externo con recursos financieros internos y externos que financien cualquier desequilibrio fiscal. Por otro lado, la nueva Ley de Pensiones prevé la posibilidad que la gestora pública realice inversiones en sectores productivos dentro y fuera del país.

De haberse seguido las viejas recetas del pasado, probablemente no estaríamos discutiendo cuan rentable son los fondos públicos o por que la política fiscal no es más eficiente en el control de la inflación, porque con seguridad tendríamos un Estado deficitario, altamente endeudado, con un sistema de pensiones insostenible.

La actual estabilidad macroeconómica de la cual gozamos los bolivianos está anclada en el manejo responsable de la política fiscal la cual fue rescatada de las viejas prácticas neoliberales.


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