A vísperas de las calendas de mayo, ya se dejan avizorar los cuestionamientos a la política salarial y al incremento del salario mínimo nacional, instrumentos controvertidos de la política fiscal del actual gobierno. Por un parte, algunos sectores sindicales denuncian que las políticas salariales no son suficientes para satisfacer las necesidades de los trabajadores, planteando desde hace ya varios años que el incremento salarial debe considerar para su cálculo el crecimiento del PIB, la pérdida del valor adquisitivo y el valor de la canasta familiar. Por otro lado, representantes de los sectores empresariales, en defensa de sus intereses, manifiestan que políticas salariales como las que se vienen ejecutando desde 2006, podrían afectar la productividad, la sostenibilidad de las empresas y la generación de nuevos empleos.
En esencia y fondo ambas posturas resultan radicales. Por una parte la postura sindicalista que implica un incremento desmesurado del Salario Mínimo Nacional generaría efectos directos a la estabilidad financiera del sector empresarial, comprometería la generación de nuevos empleos, incrementaría el desempleo y fomentaría a la economía informal. Por otra parte, las posturas del sector empresarial, que plantean no incrementar el salario, tuvieron su máxima expresión entre el 2002 al 2005, años en los cuales el salario mínimo prácticamente fue congelado, no obstante, la inflación promedio de este periodo osciló entre el 3,5% a 4%. Dicha postura establece que el salario dentro de su actividad económica significa un costo más, que no debería incrementarse si se quiere obtener una productividad y una buena rentabilidad; sin embargo no considera que a nivel macro el salario se constituye en el motor de la economía en general.
No obstante los planteamientos recurrentes de cada gestión y pese a este escenario de conflictividad entre ambos sectores, la política salarial ejecutada hasta ahora por el gobierno ha resultado prudente y sostenible en el tiempo, misma que ha generado un incremento sostenido del salario superior a la tasa de inflación de cada año, ha beneficiado a los sectores que perciben más bajos salarios con incrementos inversamente proporcionales y ha permitido el crecimiento de la economía a través del fomento de la demanda interna. La aplicación de esta política hasta la fecha ha permitido el incremento del poder adquisitivo de los trabajadores, sin perjudicar el desarrollo de la actividad empresarial en el país.
Los resultados en el contexto internacional también han sido positivos, ya que en 2005 Bolivia ocupaba el último lugar dentro de los diez países a nivel Sudamérica con $us54(Cincuenta y Cuatro Dólares Americanos) en relación al Salario Mínimo Nacional; sin embargo, en las últimas gestiones nuestro país abandonó el último lugar para posesionarnos en 2015, en el puesto siete por encima de Brasil y en 2016 sobre Venezuela y Perú, con un Salario Mínimo Nacional que asciende actualmente a $us262(Doscientos Sesenta y Dos Dólares Americanos).
En conclusión, se advierte que uno de los aspectos mejor trabajados por la actual gestión de gobierno ha sido la política salarial que para las gestiones posteriores debe mantener su prudencia y mejorar su efectividad con la complementación de otras políticas públicas como por ejemplo la generación de empleo a través de la aplicación de políticas verticales y horizontales de apoyo al sector empresarial.
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