Por: Steve Mendoza Fernandez
El fenómeno de la corrupción es una cuestión que abarca a todos los sectores sociales y se ha presentado siempre en diferentes contextos y épocas, ya que dicha problemática es el reflejo vivo de todos los estantes y habitantes de este país a lo largo de su historia. Resulta curioso que en sociedades como la nuestra, todo mundo pegue el grito al cielo cuando se presentan denuncias sobre supuestos casos de corrupción, siendo que en los hechos nadie se salva de este cáncer social, ya que desde el niño que hace chanchullo para pasar la materia, hasta el conductor que paga unos pesitos para que no le extiendan una boleta de infracción, evidencian que el legitimo reclamo y censura social ante los hechos grandes de corrupción presentados en el país, no es más que una descarada y dolorosa doble moral, la cual ha sido alimentada por el sensacionalismo de los medios de comunicación que buscan captar la atención de las masas inconscientes ante las ultimas y escandalosas noticias acaecidas en nuestro contexto.
Esta doble moral se hace más evidente aun cuando, desde un afán netamente político, se trata de encontrar culpables concretos al fenómeno de la corrupción, cuando el problema va por otro lado. Es una constante, el bombardeo mediático que se hace buscando al culpable, pero nunca se va al fondo del asunto, ya que el afán es simple y llanamente el desprestigio omitiendo afrontar el problema desde la raíz.
Un ejemplo claro de esto son las diferentes causas que actualmente se barajan como causas para la generación de actos de corrupción. Se apunta con el dedo acusador a la normativa y su forma de ejecución; esto se sostiene ya que en el último tiempo la contratación directa se ha visto demasiado desprestigiada; sin embargo, cabría la pregunta ¿con los procesos de contratación a través de licitación pública se puede garantizarla transparencia?
Existe un estudio muy interesante escrito por Ramiro Rivas Montealegre, respecto al fenómeno de la corrupción en Bolivia, y en lo concerniente a las licitaciones públicas sostiene lo siguiente: “Cuando el gobierno compra bienes o contrata servicios, se presentan varias razones para sobornar a los funcionarios, por una parte para ser incluidos en la lista de concursantes; por otra que los funcionarios públicos definan especificaciones que favorezcan al proponente concursante; o finalmente, para ser seleccionadas como el proponente ganador y adjudicado el contrato.”, estudio que denota al final de todo que no son las normas, ni sus formas de ejecución (licitación pública o contratación directa) lo que genera corrupción, sino la ética de los servidores que vulnera los limites normativos y viola la confianza depositada por los mandantes para el ejercicio de la función pública.
Ejemplos claros de este aspecto son los hechos de corrupción que se presentaron en la contratación en diferentes periodos de gobierno y a través de diferentes modalidades de contratación. La carretera Oruro, Paria – Caihuasi (un supuesto sobreprecio de 600 mil dólares), la compra del Avión Beechcraft(un supuesto sobreprecio de 1,5 millones de dólares), la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxosejecutada por la Queiroz-Galvao (un supuesto sobreprecio de 800 mil dólares por kilómetro lineal) denota que al margen de las gestiones de gobierno y formas de contratar (Licitación Pública – Contratación Directa), la corrupción siempre ha estado latente en nuestro país.
En base a estas consideraciones se puede concluir enfáticamente que no es la norma, ni su forma de ejecución lo que genera la corrupción, siendo evidente una doble moral de las personas que atacan a la corrupción desde un perspectiva netamente formal sin ir al fondo del asunto, ya que el mismo radica en la ética de cada funcionario público que administra los recursos públicos, misma que es reflejo directo de una sociedad corrompida.
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