Esta temporada es una etapa en la que los 339 Gobiernos Autónomos Municipales y el resto de las entidades públicas de Bolivia están elaborando los Planes Operativos Anuales (POA), para luego remitir a los ministerios de Planificación del Desarrollo, y Economía y Finanzas Públicas, y sean éstos los que agreguen y consoliden el proyecto de Ley del Presupuesto (expresión financiera del POA) para la siguiente gestión fiscal.
Es preciso mencionar que la elaboración del POA comprende el análisis de situación, es decir el hecho de responder preguntas tales como: ¿Cómo está? ¿Dónde se quiere ir? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué se quiere mejorar?, entre otras interrogantes que surgen del análisis de la realidad, a partir de los cuales se definen los objetivos de gestión, la determinación de las operaciones de funcionamiento e inversión correspondientes, los indicadores de gestión y de los recursos requeridos para la ejecución de las operaciones previstas en el POA
Si bien los municipios presentaron algunos problemas, lo que sobresale ahora es una visión de desarrollo; entonces el tema relevante en estas épocas, es la relación de desarrollo económico (concebido como un proceso de cambio social, emergente de un proceso deliberado que persigue como finalidad última la igualdad de las oportunidades sociales, políticas y económicas) versus necesidad (aquella carencia que se tiene y que la misma es posible ser satisfecha).
La justificación a la problemática del subdesarrollo, ese conjunto complejo de fenómenos (sociales, económicos, políticos, culturales, etc.) que se traducen y se expresan en desigualdades, que pese a los esfuerzos aún persisten
Tal vez para algunos es por el retraso en la ejecución, cambios constantes de personal, recursos adicionales que se les otorga casi al cierre de gestión, por la desconfianza de la instancia de control social, por las potencialidades productivas desaprovechadas, por la dependencia económica, cultural, política, tecnológica, entre otros factores, la cual no quiero poner en tela de juicio. Lo cierto es que la problemática del subdesarrollo destaca un aspecto particular, la pobreza entre todos sus aspectos, conduce paralelamente a una política de desarrollo que coloca un acento particular sobre la redistribución del ingreso.
Un claro ejemplo, es que las alcaldías al contar con los techos presupuestarios, producto de las estimaciones de recaudación de ingresos, procedentes de las ganancias de la nacionalización donde el Estado percibe el 87 por ciento , van priorizando las necesidades de la población, de tal modo que las máximas autoridades de cada municipio ajustan sus gastos acorde a la capacidad financiera de las mismas.
No olvidemos que hay gastos recurrentes obligatorios por ley (como ser el apoyo al deporte, renta dignidad, fondo de fomento a la educación cívico patriótica, seguridad ciudadana, equidad de género, servicios legales integrales, prestaciones de servicios de salud integral), y por competencias (referentes a temas de salud, vivienda, agua potable y alcantarillado, educación, telefonía fija, móvil y telecomunicaciones, patrimonio cultural, recursos naturales, medio ambiente, recursos hídricos y riego, desarrollo rural integral y productivo, turismo, transportes, energía, seguridad ciudadana, desastres naturales y otras)
Es así que la política de redistribución de ingreso sí es positiva, la sociedad exige sus demandas, y los municipios tienen las competencias definidas, de ahí que del subdesarrollo se convierte en políticas de desarrollo que se vuelcan hacia las mejoras de las condiciones de vida, modificando las formas tradicionales de vivencia. Así el desarrollo municipal se va consolidando gradualmente, lo cual es muy significativo para la población de cada jurisdicción.
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