La política económica de un determinado Gobierno consiste en la aplicación de determinadas “acciones” para conducir la economía y generar crecimiento, promoviendo el aumento de la producción, buscando una redistribución de la renta generada por dicha producción, y procurar la estabilidad y sostenibilidad de las actividades económicas.
Para conseguir esos objetivos dispone de ciertos instrumentos para intervenir en el sistema económico, los cuales pueden ser monetarios (capacidad de establecer la cantidad de dinero en circulación y las tasas de interés) o fiscales (ingresos y gastos públicos).
En el ámbito fiscal el Presupuesto General del Estado (PGE), resulta ser la principal herramienta que determina la asignación de recursos para llevar adelante los planes, programas, proyectos y actividades de un determinado gobierno a través de las entidades que componen el presupuesto a nivel nacional, departamental y municipal.
La historia del Presupuesto en Bolivia data desde los inicios de la misma República. El primer presupuesto fue elaborado en 1826 y en 1827 el Congreso lo aprobó por primera vez. A partir de esa gestión los presupuestos tuvieron diferentes características que estuvieron marcadas conforme a los objetivos y políticas de los gobiernos de turno.
En los últimos años los presupuestos que se aprueban anualmente han tomado especial relevancia debido a la aplicación de un modelo económico que responde a un protagonismo del Estado en la actividad económica y cuya principal característica es la recuperación de los recursos naturales a partir del cual se establece una apropiación del excedente y redistribución los mismos a toda la población, justamente a través del PGE.
Con el modelo aplicado desde 1985 hasta 2005 los presupuestos nacionales respondían a una política que estaba dirigida a la reducción del Estado a partir de la venta de las empresas públicas estratégicas del ámbito de hidrocarburos, minería, telecomunicación y de electricidad entre otras.
En 2005 el presupuesto alcanzaba Bs40.543,4 millones de los cuales las empresas públicas, en ese entonces residuales, representaban Bs1.685,1 millones (4% de los ingresos que generaba el país). La principal empresa de los bolivianos, YPFB residual, tenia consignado un presupuesto de Bs1.073,3 millones, 2,6% del total.
Según el presupuesto consolidado para el 2014, aprobado mediante Ley 455, asciende a Bs195.409,6 millones que al margen de ser mayor en más de cuatro veces es financiado en un 50% (Bs97.612,2 millones) por las empresas públicas, las cuales fueron recuperadas y fortalecidas con el proceso de nacionalización de los recursos naturales que se inició el 2006. El presupuesto consolidado de YPFB que ahora interviene en toda la cadena de hidrocarburos asciende a Bs72.277,9 millones, 39,5% del PGE.
Otra fuente de financiamiento del presupuesto es la recaudación tributaria que se genera desde la Administración Central, principalmente por los impuestos que recaudan tanto el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana Nacional (AN). En la época donde el presupuesto de la nación era bastante reducido este rubro representaba el 80% del total en tanto que para el 2014 tiene una participación del 35%.
El resto de los ingresos son generados por los niveles institucionales de la Administración Municipal, Departamental, Entidades Descentralizadas, Instituciones de Seguridad Social y Financieras, a través de la venta de bienes y prestación de servicios, entre otros.
Considerando el equilibrio presupuestario que se refiere a que todo ingreso debe estar correspondido a un objeto y tipo de gasto, uno de los principios que se maneja en el sistema presupuestario boliviano, cabe preguntarse ¿cómo se distribuyen y a qué se gastan nuestros recursos?
Para ejemplificar lo anterior es prudente revisar cuales son los niveles institucionales que generan los ingresos y en qué proporciones los utilizan.
La Administración Central, donde están los Ministerios y el Tesoro General de la Nación, genera cerca del 35% de los recursos de todo el presupuesto pero solo gasta el 23%. De la misma manera las empresas públicas generan el 50% del presupuesto pero su gasto de operaciones y administrativos representan solamente el 44%.
La diferencia superavitaria de estos dos niveles son transferidos a otras instituciones que son deficitarias como los Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales, las Universidades Publicas y Entidades Descentralizadas. Las Gobernaciones generan el 3% de los ingresos pero gastan el 6%, los Municipios forman el 4% y erogan un 10%, y las universidades contribuyen con un 1% pero dispensan el 3%.
Por el contrario las instituciones de seguridad social y financieras se encuentran en equilibrio; es decir los ingresos con los que cuentan pueden cubrir sus gastos de funcionamiento y de inversión. (Ver cuadro).
Para conseguir esos objetivos dispone de ciertos instrumentos para intervenir en el sistema económico, los cuales pueden ser monetarios (capacidad de establecer la cantidad de dinero en circulación y las tasas de interés) o fiscales (ingresos y gastos públicos).
En el ámbito fiscal el Presupuesto General del Estado (PGE), resulta ser la principal herramienta que determina la asignación de recursos para llevar adelante los planes, programas, proyectos y actividades de un determinado gobierno a través de las entidades que componen el presupuesto a nivel nacional, departamental y municipal.
La historia del Presupuesto en Bolivia data desde los inicios de la misma República. El primer presupuesto fue elaborado en 1826 y en 1827 el Congreso lo aprobó por primera vez. A partir de esa gestión los presupuestos tuvieron diferentes características que estuvieron marcadas conforme a los objetivos y políticas de los gobiernos de turno.
En los últimos años los presupuestos que se aprueban anualmente han tomado especial relevancia debido a la aplicación de un modelo económico que responde a un protagonismo del Estado en la actividad económica y cuya principal característica es la recuperación de los recursos naturales a partir del cual se establece una apropiación del excedente y redistribución los mismos a toda la población, justamente a través del PGE.
Con el modelo aplicado desde 1985 hasta 2005 los presupuestos nacionales respondían a una política que estaba dirigida a la reducción del Estado a partir de la venta de las empresas públicas estratégicas del ámbito de hidrocarburos, minería, telecomunicación y de electricidad entre otras.
En 2005 el presupuesto alcanzaba Bs40.543,4 millones de los cuales las empresas públicas, en ese entonces residuales, representaban Bs1.685,1 millones (4% de los ingresos que generaba el país). La principal empresa de los bolivianos, YPFB residual, tenia consignado un presupuesto de Bs1.073,3 millones, 2,6% del total.
Según el presupuesto consolidado para el 2014, aprobado mediante Ley 455, asciende a Bs195.409,6 millones que al margen de ser mayor en más de cuatro veces es financiado en un 50% (Bs97.612,2 millones) por las empresas públicas, las cuales fueron recuperadas y fortalecidas con el proceso de nacionalización de los recursos naturales que se inició el 2006. El presupuesto consolidado de YPFB que ahora interviene en toda la cadena de hidrocarburos asciende a Bs72.277,9 millones, 39,5% del PGE.
Otra fuente de financiamiento del presupuesto es la recaudación tributaria que se genera desde la Administración Central, principalmente por los impuestos que recaudan tanto el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana Nacional (AN). En la época donde el presupuesto de la nación era bastante reducido este rubro representaba el 80% del total en tanto que para el 2014 tiene una participación del 35%.
El resto de los ingresos son generados por los niveles institucionales de la Administración Municipal, Departamental, Entidades Descentralizadas, Instituciones de Seguridad Social y Financieras, a través de la venta de bienes y prestación de servicios, entre otros.
Considerando el equilibrio presupuestario que se refiere a que todo ingreso debe estar correspondido a un objeto y tipo de gasto, uno de los principios que se maneja en el sistema presupuestario boliviano, cabe preguntarse ¿cómo se distribuyen y a qué se gastan nuestros recursos?
Para ejemplificar lo anterior es prudente revisar cuales son los niveles institucionales que generan los ingresos y en qué proporciones los utilizan.
La Administración Central, donde están los Ministerios y el Tesoro General de la Nación, genera cerca del 35% de los recursos de todo el presupuesto pero solo gasta el 23%. De la misma manera las empresas públicas generan el 50% del presupuesto pero su gasto de operaciones y administrativos representan solamente el 44%.
La diferencia superavitaria de estos dos niveles son transferidos a otras instituciones que son deficitarias como los Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales, las Universidades Publicas y Entidades Descentralizadas. Las Gobernaciones generan el 3% de los ingresos pero gastan el 6%, los Municipios forman el 4% y erogan un 10%, y las universidades contribuyen con un 1% pero dispensan el 3%.
Por el contrario las instituciones de seguridad social y financieras se encuentran en equilibrio; es decir los ingresos con los que cuentan pueden cubrir sus gastos de funcionamiento y de inversión. (Ver cuadro).
En cuanto a la composición de los gastos dentro del presupuesto, el gasto de capital (principalmente inversión) programado para el 2014 tiene un crecimiento del 38% respecto al 2013, en tanto que el gasto corriente 13%.
Un 14% del presupuesto es destinado a sueldos y salarios, principalmente por el pago de salarios al magisterio, médicos, policías y militares. Otro 30% es destinado a la compra de bienes y contratación de servicios, este gasto que es el más representativo de todo el presupuesto se debe principalmente a las operaciones que realizan las empresas públicas estratégicas, las cuales componen el 75% de este objeto de gasto.
En cuanto al gasto de capital se destina un 22%, de los cuales Bs31.000 millones (USD4.519 millones) son destinados a inversión pública en proyectos de infraestructura, productivo y social, 21% se destina a los gastos devengados y no pagados en la gestión anterior, conocida comúnmente como “deuda flotante”, por ejemplo aquellos servicios como sueldos, servicios básicos (luz, agua, teléfono), cuyas facturas del mes de diciembre se pagan recién en el mes de enero de la siguiente gestión y por tanto con el siguiente presupuesto.
El restante 12% se distribuye entre aportes a la seguridad social (2%), prestaciones a la seguridad social principalmente por el sistema de pensiones (3%), transferencias al sector privado (3%) como la Renta Dignidad y otras políticas de redistribución del ingreso, intereses de deuda interna (1%) y externa (1%), entre otros.
En relación a la asignación por sectores, educación y salud tienen asignados Bs28.842 millones, es decir se destina 13,5% del PIB, en tanto que Defensa y Gobierno Bs7.255 millones que representan el 3,4 del PIB.
En síntesis, el presupuesto boliviano creció en los últimos años, los ingresos son generados principalmente por las empresas públicas y la recaudación tributaria, una tercera parte son destinados a la compra de bienes y contratación de servicios debido a las operaciones de las empresas, una décima parte a sueldos y salarios, la inversión creció significativamente a más de USD4.519 millones y la asignación a los sectores de educación y salud supera en 4 veces al consignado para Defensa y Gobierno, cifras que muestran desde otro punto de vista el crecimiento de la economía.
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