Por: Marcelo Ticona Gonzales (*)
Históricamente
la Central Obrera Boliviana (COB) y sus representantes han sido actores
principales en etapas de transformación de nuestro país. No se podría explicar
la revolución nacional de mediados del siglo XX sin la participación
vanguardista de mineros y fabriles. El aporte del proletariado fue ideológico,
con una nueva concepción de Estado y derechos laborales.
En
nuestro siglo la visión de estos actores ha evolucionado. Intereses pragmáticos
y de corto plazo priman en la agenda laboral. Muestra de ello es el primer
punto del pliego petitorio de la COB para 2012 que refiere un incremento
salarial y un salario mínimo nacional de 8.309,50 bolivianos. Puesto que el
promedio salarial es inferior al mínimo solicitado, se plantea un incremento de
hasta 918%.
Resultaría
comprensible entonces la insistente necesidad en negociar incrementos
salariales exclusivamente con el Gobierno, dado que el mayor empleador del país
es este último y a la vez asume la representación de los intereses del Estado
(que por cierto no son únicamente el pago de salarios).
Las
remuneraciones de estos sectores públicos representados sindicalmente no se
financian sino de las contribuciones impositivas de bolivianos y bolivianas que
en su mayoría no tienen un vínculo laboral con el Estado y, con mayor
probabilidad, no tendrán un incremento directo en sus ingresos informales.
Si
se agregan los sectores con vínculo estatal que aglutina la COB, fácilmente
suman 200 mil trabajadores de los 600 mil que regularmente gozan de empleo
estable, beneficios laborales y sociales y, en consecuencia, tienen la
posibilidad de un incremento salarial. Pero en Bolivia la Población
Económicamente Activa supera los cuatro millones de habitantes/contribuyentes.
Entonces, 15 de cada 100 trabajadores tienen la expectativa de recibir un
incremento salarial en virtud de un empleo formal. Cinco de ellos dependen del
Estado, tienen representación sindical -por tanto voz en la negociación
salarial- y ven asegurado un incremento salarial anual (superior a la tasa de
inflación en los últimos años).
En
contraste, la carga de financiar estos incrementos salariales públicos recae
sobre todos los agentes económicos: contribuyentes que son personas jurídicas y
naturales, como los 85 de cada 100 trabajadores que no tienen un empleo formal.
Con
una crisis de discusión ideológica, visión de país y desarrollo integral, que
otrora asumía y lideraba la COB, la posta en la vanguardia de cambios
estructurales la han tomado otros sectores, entre ellos el campesino e
indígena, que a propósito no se beneficia directamente de incrementos
salariales, pero si contribuye, en mayor o menor grado a financiarlos. Es hora
de establecer una agenda nacional para discutir estas políticas, no solamente
incrementar salario a quien tiene empleo formal, sino incrementar el empleo
formal a quien no tiene salario.
(*) Es Ingeniero Comercial
Publicado en Pagina Siete el 20/04/2012
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Por favor, ingrese sus comentarios sobre el artículo aquí: